EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Diputación Permanente convalida este jueves el decreto de vivienda por 35 votos a favor y 34 en contra, y rechaza por un solo voto el real decreto-ley que convertía los arrendamientos en indefinidos.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de coalición PSOE-Sumar, con el PNV como bisagra: votó a favor del primer texto y en contra del segundo. PP, Vox y Junts rechazaron ambos.
- ¿Qué impacto tiene? El decreto que sigue vigente blinda la moratoria antidesahucios hasta 2030, limita la compra de vivienda por fondos buitre y activa los préstamos Tu Casa del ICO de hasta 50.000 euros.
El decreto de vivienda que blinda la moratoria antidesahucios hasta 2030 y activa los préstamos del ICO sigue vigente. La Diputación Permanente lo ha convalidado este jueves por 35 votos a favor y 34 en contra, mientras tumbaba por un solo voto el real decreto-ley que convertía los arrendamientos en indefinidos.
Qué medidas sobreviven y cuáles caen con el texto de Sumar
El texto que sale adelante mantiene la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030. Incluye también un mecanismo de compensación para los propietarios que sufran la paralización de un desahucio, con un tope de tres años y excluyendo a los grandes tenedores y fondos buitre. Y activa el programa Tu Casa, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y dotado con 10.000 millones de euros en préstamos de hasta 50.000 euros para la primera vivienda.
En materia de rentas, el decreto limita la actualización anual de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2027: sin subida si la renta ya supera el índice de referencia y con un máximo del 2% en el resto de casos. Permite al inquilino desistir del contrato tras seis meses con 30 días de preaviso y sin indemnización, prorroga hasta dos años los contratos de vivienda habitual que venzan antes de final de 2028 y regula los alquileres de temporada y por habitaciones.
El PNV decide y el sector avisa de la caída de la oferta
El decreto que decae era otro. Convertía en indefinidos los arrendamientos y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si rompía el contrato, una medida que iban a entrar en vigor el 15 de noviembre. Su rechazo se decidió por 34 ‘síes’ frente a 35 ‘noes’.
El PNV fue la bisagra. Su ‘sí’ salvó el decreto general; su ‘no’ hundió el de Sumar. ‘No aceptamos que para proteger a unos haya que quitar los derechos a otros’, defendió su portavoz, Maribel Vaquero. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había reivindicado el texto aprobado como una forma de ‘proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios’. El PP habló de ‘fraude a la democracia’ y Junts acusó al ministro Pablo Bustinduy de ‘mentir’.
El sector inmobiliario no ha tardado en reaccionar. Francisco Iñareta, portavoz de idealista, sostiene que solo con el planteamiento de estas medidas ‘ha desaparecido el 19% de la oferta disponible en un mes’. ‘El daño ya está hecho’, añade, y advierte de que la oferta de alquiler seguirá cayendo tras la convalidación.
El decreto protege a quien ya tiene contrato y estrecha la puerta a quien busca uno: la oferta cae mientras la norma se blinda.
La votación llega en el peor momento político. El Gobierno agotó el plazo de 30 días para convalidar la normativa y eligió la fecha a un día de la huelga general y en la víspera del arranque de la campaña electoral, que comienza el viernes. La vivienda se confirma como uno de los ejes del 29N, con Moncloa defendiendo el escudo social y la oposición acusando al Ejecutivo de legislar por la puerta de atrás.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume la operación es la caída del 19% de la oferta de alquiler en un mes que cifra idealista, unida al tope del 2% a las rentas hasta 2027 y al umbral del 70% del valor de tasación que frena las compras de los fondos buitre. A seis meses, la incertidumbre manda: el decreto depende del resultado del 29N y de si el próximo Congreso mantiene o deroga el texto. Mientras tanto, el pequeño propietario es el eslabón más expuesto (tope de rentas, desistimiento sin indemnización y prórroga forzosa), y muchos optarán por retirar su vivienda del mercado.
El inversor institucional de Build to Rent queda parcialmente blindado: se le excluye de las compensaciones, pero se le limita la compra por debajo del 70% de tasación. El comprador de primera vivienda, en cambio, gana con los préstamos del ICO. La contradicción de fondo es la de siempre: la norma protege al inquilino que ya tiene contrato y estrecha la puerta al que busca uno. La próxima cita es el 29N; si cambia el signo del Congreso, la derogación podría revertir el texto.
