El Supremo obliga a la Inspección de Trabajo a motivar por qué archiva las denuncias de autónomos por competencia desleal. Y a dejar que el denunciante consulte lo que se hizo antes de cerrar el expediente.
La sentencia 1033/2026 deja claro que la Administración no puede escudarse en un deber genérico de confidencialidad para ocultar qué comprobó. El autónomo que denuncia a un competidor puede pedir las actuaciones aunque no haya sido parte: el archivo deja de ser un callejón sin salida.
Qué cambia para el autónomo que denuncia a un competidor
El supuesto es el de siempre. Un restaurante sospecha que el de al lado tiene gente trabajando sin contrato. Un comercio detecta jornadas que no cuadran con lo declarado en la Seguridad Social. Hasta ahora, el denunciante podía recibir un archivo sin una sola línea sobre lo que había hecho el inspector.
Ahora eso cambia. El derecho de acceso a la información pública de la Ley 19/2013 ampara al denunciante para pedir desde las visitas inspectoras hasta los requerimientos, los informes y las comprobaciones. Eso sí, siempre que esos documentos existan y dentro de los límites legales.
Y hay un detalle que rompe la lógica anterior: no hace falta explicar por qué quieres la documentación. La ley de transparencia no obliga a motivar la solicitud ni exige ser interesado formal en el expediente. La Inspección mantiene el deber de reserva profesional de la Ley 23/2015, que ordena el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero ya no le sirve para negarlo todo en bloque.
Si hay datos personales de por medio, la Administración puede limitar el acceso, pero tiene que justificar la restricción. Y cuando sea posible, entregar la documentación anonimizada en lugar de rechazarla entera.
Un archivo sin explicación ya no es una respuesta válida: la Inspección tendrá que enseñar qué miró y qué no llegó a mirar.
Cómo se pide el expediente y cuánto tarda Trabajo en contestar
El trámite no es una denuncia nueva ni un recurso. Es una petición de acceso a información pública dirigida al órgano que conserve el expediente. Si tramita la Administración General del Estado, se puede presentar por el Portal de la Transparencia.
Hay que hacer dos cosas bien: identificar la denuncia y concretar qué documentos pides. ‘Todo el expediente’ es una petición pobre; ‘los informes de la visita de inspección de tal fecha’ se resuelve mucho mejor. No hace falta abogado y la solicitud es gratuita, aunque la reproducción de documentos puede generar gastos.
El plazo ordinario es de un mes desde que la petición llega al órgano competente, ampliable otro mes por volumen o complejidad y siempre con aviso previo. También hay suspensiones: cuando hace falta aclarar la solicitud o consultar a terceros afectados. Si pasa el plazo sin respuesta, se entiende denegado.
Si te lo niegan, queda la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuando la competencia sea estatal. El plazo para reclamar es de un mes desde la notificación y también cabe si lo que hubo fue silencio. Sin abogado, sin procurador y sin tasas. El Consejo resuelve en tres meses.
Qué no te da la sentencia: ni reabre el archivo ni te deja recurrirlo
Aquí está la letra pequeña. Conocer las actuaciones no anula el archivo y no convierte al denunciante en interesado con capacidad de recurrir el cierre. La Ley 39/2015 sigue marcando las reglas del procedimiento y de los recursos, y el Supremo no las ha movido.
Lo que sí da es material. El expediente revela si la Inspección dejó cabos sueltos o si directamente no llegó a personarse en el local. Con eso se puede plantear una denuncia nueva y mejor armada. Aviso: eso no garantiza otra investigación ni toca los plazos de prescripción de las infracciones.
Puestos a valorar, la sentencia arregla un problema de fondo que llevaba años enquistado. El archivo sin explicación dejaba al autónomo sin saber si su denuncia había caído por falta de pruebas o porque nadie había picado a la puerta. Aun así, el remedio es parcial: es transparencia, no tutela. Ganas visibilidad sobre lo que hizo la Administración, pero no ganas la condición de parte.
La línea jurisprudencial que exige a la Administración motivar sus decisiones con algo más que fórmulas de plantilla viene de lejos. Aquí se aplica a la Inspección de Trabajo, y ahí está el valor práctico: quien denuncia competencia desleal entre autónomos deja de estar a ciegas.
Guía rápida del trámite
- 📅 Plazos: la Administración resuelve en un mes, ampliable a otro mes; para reclamar hay un mes desde la denegación o el silencio.
- ✅ Requisitos clave: haber denunciado ante la Inspección, identificar el expediente y concretar los documentos; no hace falta ser parte ni explicar el motivo.
- 🌐 Dónde solicitarlo: petición de acceso ante el órgano que guarda el expediente; si es la Administración General del Estado, por el Portal de la Transparencia.
- 💰 Importe o coste: gratuito y sin abogado; solo pueden cobrarse las reproducciones documentales que solicites.
- ⚠️ Error a evitar: pedir ‘todo el expediente’ sin concretar y dejar pasar el mes para reclamar: el silencio equivale a denegación.
