Guterres avisa: la carrera de armas de inteligencia artificial entre EE UU y China tendrá ‘consecuencias devastadoras’

Guterres advierte de que la concentración de capacidades en Washington y Pekín puede derivar en un arsenal algorítmico sin canales de comunicación entre estados mayores. El AI Act deja fuera los usos militares, justo donde el dinero se mueve más rápido.

El secretario general de la ONU sitúa las armas de inteligencia artificial como el riesgo que ningún regulador cubre. António Guterres avisa de que la competición entre Estados Unidos y China por desarrollar arsenal algorítmico puede tener ‘consecuencias absolutamente devastadoras’ si las potencias no abren canales de comunicación permanentes.

La advertencia llega a dos meses de que expire su mandato, el próximo 31 de diciembre, y con la sucesión bloqueada por el desacuerdo entre las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Guterres trasladó el mensaje en una entrevista con EL PAÍS en su despacho de la planta 38 de la sede neoyorquina, en plena despedida y con un argumento que desplaza el eje del debate: la IA militar es una cuestión de equilibrio de poder, no de código.

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Claves de la operación

  • El gasto militar algorítmico crece fuera de la ley. El reglamento europeo de inteligencia artificial excluye de su ámbito los fines militares, de defensa y de seguridad nacional, de modo que el segmento con más dinero queda sin las obligaciones de transparencia y auditoría que sí pesan sobre el uso civil.
  • Dos países concentran la capacidad de entrenar modelos. Guterres identifica el peligro en la acumulación de cómputo, datos y talento en Washington y Pekín, no en la difusión del software entre ejércitos medianos.
  • Europa legisla lo civil y compra lo crítico. Los grupos continentales de defensa pelean por la capa de integración mientras la infraestructura de cálculo sigue dependiendo de proveedores externos, una brecha que los presupuestos públicos no cierran a corto plazo.

El agujero legal que deja la IA militar fuera del AI Act

El reglamento europeo de inteligencia artificial excluye expresamente los sistemas destinados a fines militares, de defensa y de seguridad nacional. El marco que obliga a documentar los datos de entrenamiento, evaluar riesgos y someter los modelos a auditorías no alcanza, por tanto, al uso que más preocupa al secretario general de Naciones Unidas. La norma más ambiciosa del mundo deja fuera el supuesto más letal.

Guterres no pide una moratoria. Reclama algo más modesto y bastante más urgente: que las empresas publiquen los riesgos medioambientales de sus productos y que existan mecanismos multilaterales de diálogo y supervisión. El modelo que tiene en la cabeza es el de la Guerra Fría, cuando Washington y Moscú mantuvieron canales abiertos precisamente para evitar lo que ambos temían.

El razonamiento es de manual de disuasión. Si dos ejércitos despliegan sistemas que deciden en milisegundos, el margen de error se mide en la calidad de la línea que ambos mantengan abierta. El riesgo no es el algoritmo, es la ausencia de un teléfono rojo entre estados mayores.

Una carrera de armamento algorítmico no se mide en unidades desplegadas, sino en la velocidad a la que se estrecha el tiempo disponible para corregir un error.

El diagnóstico tiene recorrido económico. Los grandes contratistas de defensa han reorganizado sus divisiones para vender software, análisis de datos y mantenimiento predictivo junto al hardware tradicional, porque ahí están los márgenes que el equipamiento físico ya no ofrece. La IA no es un producto nuevo del sector: es la capa que revaloriza todo lo anterior.

Y ahí aparece la segunda advertencia, la que afecta directamente al mercado: ‘El mayor peligro sería la concentración de capacidades en Estados Unidos y China’. Traducido a términos de competencia, el oligopolio de cálculo, datos y talento decide quién puede entrenar un modelo de uso militar y quién solo puede comprarlo.

Europa paga la defensa con presupuesto y compra el cerebro fuera

El Viejo Continente afronta la paradoja de legislar con detalle el uso civil de la IA mientras depende de proveedores externos en la parte crítica de sus sistemas de mando y control. Bruselas escribe las reglas del coche autónomo y compra la nube del Estado Mayor.

El negocio se reparte en dos capas. La primera, la del cómputo y los modelos fundacionales, está vetada para Europa a corto plazo: exige inversión que ningún presupuesto nacional asume en solitario. La segunda, la integración en plataformas, sensores y doctrina, es donde los grupos continentales intentan capturar margen con contratos plurianuales que llegan antes a la cuenta de resultados que cualquier directiva.

Ese reparto explica por qué el debate regulatorio y el industrial avanzan a velocidades distintas. La norma tarda años en cerrarse; el contrato se firma en un trimestre. Y en ese desfase, la supervisión que reclama Guterres compite en desventaja frente a la urgencia operativa de los ministerios de Defensa.

Indra y el hueco español en la defensa algorítmica

Indra ha sido durante dos décadas la referencia española en sistemas de mando y control, con presencia en programas aliados y en la digitalización de las Fuerzas Armadas. Su salto a la defensa algorítmica se apoya en la pata tecnológica del grupo, Minsait, y en una cartera de contratos públicos que le da visibilidad, pero también dependencia.

El punto débil es el mismo que atenaza al resto del sector en el IBEX 35: exposición a un ciclo presupuestario que se decide fuera de España, escala inferior a la de Thales o Leonardo y una cuenta de resultados donde la defensa convive con negocios de menor margen. Indra compite por lotes industriales, no por definir el modelo fundacional que los gobierna.

En esta redacción entendemos que el debate sobre las armas de inteligencia artificial se ha colado en la política industrial por la puerta de atrás: primero se decide el presupuesto, después el principio. Nadie quiere reconocerlo así, pero el orden real de los factores es ese, y explica la incomodidad europea con la transparencia que exige la ONU.

El primer hito verificable no está en Bruselas, sino en Nueva York. El 31 de diciembre expira el mandato de Guterres y, si los cinco vetos no se ponen de acuerdo, la organización arrancará 2027 con una crisis institucional abierta. El otro calendario es el de Ginebra, donde el grupo de expertos gubernamentales sobre sistemas de armas autónomas letales sigue sin mandato vinculante. Hasta entonces, la única línea roja la sostiene un hombre que se va.


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