La guerra de Irán puede costar a la industria española 8.500 millones de dólares adicionales en energía y materias primas. Es la cifra que manejan las patronales del sector y que recogen varios medios especializados, con una horquilla que arranca en los 7.400 millones si el conflicto se contiene. Para el azulejo, la química o el vidrio, el golpe no es una previsión a doce meses: es una factura que ya llega cada mes y que nadie sabe cuánto va a durar.
El gas se triplica y la factura energética se desborda
El primer vector es el gas. El conflicto de Oriente Medio ha triplicado el precio del gas para la industria cerámica, según recoge Valencia Plaza, un movimiento que castiga de lleno a Castellón, donde se concentra buena parte de la producción española de azulejo. La cerámica es intensiva en energía: el gas no es un gasto accesorio, es la materia con la que se cuece cada pieza y la que decide si una planta abre el horno o lo apaga. En un sector con márgenes ajustados, doblar o triplicar ese coste equivale a trabajar a pérdida.
A eso se suma la logística. Los costes de transporte se han agravado y las materias primas que llegan por vía marítima acumulan demoras y sobrecostes que rompen las planificaciones. La industria no habla ya de eficiencia: habla de desabastecimiento. Economía Digital recoge que las patronales alertan de parones productivos si la escalada de precios se mantiene durante los próximos trimestres. El resultado es una tormenta incómoda para el tejido industrial: más caro producir, más caro mover y más difícil cumplir los plazos.
Repetir la excepción ibérica: la petición sobre la mesa
La respuesta que reclama el sector tiene nombre propio. Vozpópuli recoge que la industria plantea recuperar la excepción ibérica, el mecanismo que topó el precio del gas para la generación eléctrica en España y Portugal y que ya no está en vigor. La memoria de aquel instrumento sigue viva en las fábricas, y no por nostalgia: durante su vigencia moderó la factura eléctrica en un contexto igual de tenso.
Junto a esa petición, las patronales exigen bonificaciones permanentes, no ayudas de emergencia que llegan tarde y caducan pronto. Los 8.500 millones de dólares resumen el problema, pero también son el argumento: sin medidas estructurales, el sobrecoste se paga en competitividad frente a rivales con energía más barata.
El riesgo de fondo es de cadena de suministro. Si el azulejo, la cerámica o el vidrio reducen turnos, arrastran a proveedores de esmaltes, maquinaria y envases que dependen de ellos. La crisis de Ormuz no se queda en el estrecho de Ormuz: viaja en cada contenedor que llega con retraso. La dependencia es mutua: si la fábrica para, el proveedor también, y una cadena que se rompe tarda más en recomponerse que en romperse.
La industria no pide un rescate, pide volver a competir con una energía que no la penalice frente a sus rivales europeos.
De la excepción ibérica a un problema estructural
España lleva años vendiendo como ventaja comparativa su mix eléctrico, con una cuota renovable que ronda la mitad de la generación. El problema es que esa ventaja no siempre llega al recibo industrial con la misma intensidad, porque el precio final sigue atado al gas en las horas en que la renovable no cubre la demanda. Cuando el gas se triplica, el relato de la energía barata se agrieta justo en el segmento que más la necesita. La paradoja es que España exporta electricidad barata en horas valle y la industria sigue pagando cara la de las horas punta.
La excepción ibérica funcionó como un parche temporal, no como una solución. Sirvió para que la industria respirara durante unos meses, pero dejó intacta la pregunta de fondo: cómo se protege a una fábrica intensiva en energía de un shock geopolítico que no controla. Lo he visto en el sector cerámico antes. Cada vez que el gas se dispara, la respuesta es la misma mezcla de ajuste de turnos, reducción de plantilla y pérdida de pedidos internacionales que después cuesta años recuperar.
Hay una contradicción que conviene señalar. Mientras Bruselas empuja una agenda de electrificación y descarbonización, la industria española pide volver a un mecanismo nacido para un mundo de gas caro y sin horizonte de estabilidad. Las dos cosas no encajan del todo, y ese desajuste es el que quedará al descubierto cuando la próxima crisis energética llame otra vez a la puerta. Ese choque de calendarios, descarbonizar a una década y sobrevivir a este mes, es el verdadero nudo del problema.
Queda un hito que seguir. Si el conflicto se prolonga más allá del invierno, los 8.500 millones de dólares se quedarán cortos y el debate dejará de ser sobre bonificaciones para pasar a ser sobre qué plantas de Castellón, Tarragona o el País Vasco aguantan un cierre temporal. Si el gas vuelve a tocar techo, la excepción ibérica encontrará de nuevo su hueco en el BOE.
