La España rural planta cara a los centros de datos que prometen inversiones millonarias en territorios con menos de un millar de habitantes. El caso de Monfarracinos, en Zamora, concentra la tensión: un megaproyecto de 1.366 hectáreas ha estallado en pleno agosto y las alegaciones caducan hoy.
Claves de la operación
- El megaproyecto zamorano suma 1.366 hectáreas entre centro de datos y fotovoltaica. FRV-X Renewable, del grupo saudí Abdul Latif Jameel, y Edison Next, filial de la francesa EDF, planean 200 megavatios informáticos, una planta de 1.625 MWp y una central de gas para autoconsumo.
- La inversión extranjera se concentra en la España vaciada con 37 proyectos en tramitación. Amazon compromete 33.700 millones en Aragón, Blackstone 11.805 millones en Calatorao y Merlin Properties prepara 20.000 millones en Extremadura.
- El malestar vecinal es también de procedimiento. El expediente salió en pleno agosto y el plazo de alegaciones termina este 16 de septiembre, con alcaldes y regantes pidiendo más información.
El megaproyecto de Zamora y la letra pequeña territorial
El centro de datos Hiperescalar IA Zamora contempla cinco edificios de dos plantas sobre 33 hectáreas del polígono industrial Zamora Norte, con 200 megavatios de potencia informática. A su lado, una central de generación propia con 24 motores duales de gas y grupos diésel de emergencia. A 15 kilómetros, en Villalube y Aspariegos, la planta fotovoltaica de 1.625 megavatios pico ocuparía 977 hectáreas valladas. El megaproyecto ocupa 33 hectáreas de techo industrial y arrastra una huella energética de 1.366 hectáreas.
Monfarracinos tiene un presupuesto municipal de 600.000 euros. Fuentes conocedoras del proyecto citadas por Crónica, el suplemento de El Mundo, calculan que solo entre impuestos y tasas medioambientales y urbanísticas la iniciativa podría multiplicar por cuatro esa cifra. Solo en impuestos y tasas, el proyecto multiplicaría por cuatro el presupuesto de Monfarracinos. El problema es que el informe no detalla qué contrapartida económica quedaría en las arcas del Consistorio.
La contestación no se ha organizado contra la tecnología, sino contra los plazos. El expediente se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el 5 de agosto, en pleno periodo estival. El expediente salió publicado el 5 de agosto, en plena ola de calor y vacaciones. Los vecinos aseguran que no tuvieron tiempo de informar al pueblo. El alcalde de Monfarracinos está recabando datos con abogados e ingenieros, pero el plazo para alegaciones termina hoy.
Los terrenos donde se levantará el proyecto pertenecían a agricultores de la comarca. Hace dos años, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León, a través de la sociedad pública Somacyl, mantuvo reuniones con los propietarios. Un agricultor anónimo citado por Crónica asegura que al principio notó presiones. La Junta admite que la utilidad pública permite la expropiación forzosa de los terrenos. Al final se cerró un precio de 3,5 euros por metro cuadrado de secano y 5 euros por el de regadío, pero solo después de la mediación del alcalde.
El impacto también viaja soterrado. La línea de evacuación de 220 kilovoltios tendrá 15.257 metros y cruzará varios términos municipales para conectar el centro de datos con la fotovoltaica. En Molacillos, el pueblo vecino, afecta a 57 parcelas. La línea de 220 kilovoltios cruza varios términos municipales y afecta a 57 parcelas solo en Molacillos. La comunidad de regantes del canal Toro-Zamora ha presentado alegaciones: sin información precisa sobre el trazado, dicen, los propietarios no pueden valorar las consecuencias agrícolas y patrimoniales.
La España vaciada no rechaza la inversión, rechaza ser tratada como un solar donde las decisiones llegan en agosto y las alegaciones caducan en septiembre.
De Zamora a Extremadura: la España vaciada se llena de centros de datos y de recelos
Monfarracinos no es una excepción. Son 37 los centros de datos en tramitación repartidos por la España vaciada. Aragón sigue liderando, pero las iniciativas se extienden por Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Amazon ha comprometido 33.700 millones en Aragón, con doce edificios y cinco subestaciones en 328 hectáreas entre La Puebla de Híjar y Azaila. En Calatorao, la España vaciada atrae al fondo Blackstone, que promueve el Proyecto Rhodes con 11.805 millones a través de QTS.
Merlin Properties, la mayor socimi del Ibex 35, y la estadounidense Edged Energy aspiran a levantar diez edificios y un gigavatio de capacidad sobre los terrenos de una central nuclear que nunca llegó a funcionar en Valdecaballeros, Extremadura. La compañía maneja una previsión de inversión de unos 20.000 millones a diez años entre ese campus y el de Navalmoral de la Mata. Merlin Properties y Edged Energy prevén 20.000 millones en Extremadura.
Las razones de esta ola son estructurales: abundancia de suelo y de renovables, nudos de alta tensión y cables submarinos. España concentra cables submarinos entre Norteamérica, África y Europa, y una banda ancha fija que supera el 90% del territorio. Eso convierte a la península en puerta de entrada natural para el tráfico de datos hacia la UE.
El 26 de agosto, el Gobierno publicó el real decreto ley que endurece la eficiencia de los centros de datos. Exige que al menos el 80% de la electricidad proceda de nuevas renovables en correspondencia hora a hora y fija un PUE máximo de 1,15, cuando muchas plantas actuales superan el 1,5. El decreto exige un PUE de 1,15 y que el 80% de la luz sea renovable hora a hora. Los promotores advierten de que la norma puede paralizar proyectos en marcha y otros ya operativos.
Cosas de 2026: el mismo Gobierno que impulsa la digitalización endurece las condiciones de la infraestructura que la sostiene. El sector habla de inseguridad jurídica. Y los pueblos, mientras tanto, piden información.
El pulso entre la soberanía digital y la licencia social
La España vaciada no puede elegir entre modernidad y abandono: lleva décadas perdiendo población y cada proyecto industrial es un milagro. Zamora encabeza los rankings de provincias que más habitantes pierden. Un centro de datos promete ecosistemas de más de 250 empresas, electricistas, fontaneros, soldadores e ingenieros. El rechazo no es a la tecnología, es a la ausencia de contrapartidas territoriales.
Pero la licencia social no se obtiene con impuestos futuros; se construye con información previa. El caso de Monfarracinos es arquetípico: una tramitación en agosto, un alcalde mediando con una sociedad pública y una comunidad de regantes que descubre la zanja por el boletín. La licencia social no se obtiene con impuestos futuros; se construye con información previa. Así no se fija población: se divide al pueblo.
La comparativa con el Ibex 35 es pertinente. Merlin Properties ha sabido vender su apuesta extremeña como reindustrialización, pero en Valdecaballeros también hay vecinos que preguntan cuántos empleos estables quedarán después de la obra. La diferencia entre el discurso y la realidad determinará si estas infraestructuras arraigan o se convierten en un nuevo frente de conflicto territorial.
El hito a vigilar es la resolución de las alegaciones y la concesión de la licencia ambiental. Si la Junta ratifica la utilidad pública, el siguiente capítulo se escribirá en los tribunales o en la calle.
