Rystad Energy cifra en 644.000 millones de litros el agua que consumirán los centros de datos en 2030, casi tres veces los 222.000 millones de litros estimados para 2025. La expansión de la IA es el principal motor de esa escalada. El dato abre un debate incómodo: la infraestructura digital, presentada como limpia, esconde una huella hídrica creciente que golpea con más fuerza en zonas áridas. España, que aspira a convertirse en hub europeo de datos, se asoma a esa contradicción.
La refrigeración, en el centro del problema
Los centros de datos utilizan agua principalmente para evacuar el calor generado por los equipos de computación. Cuantificar su impacto hídrico no es sencillo: depende de la tecnología de refrigeración, de las condiciones climáticas locales y de si se mide el agua extraída o la efectivamente consumida. El despliegue de servidores especializados en IA incrementa la generación de calor, pero eso no implica necesariamente un aumento proporcional del consumo. La refrigeración líquida a nivel de rack puede reducir la carga térmica que llega a los sistemas generales de la instalación y facilitar una mayor utilización de sistemas de refrigeración seca.
Esa eficiencia, sin embargo, arrastra uno de los compromisos técnicos más delicados del sector. La refrigeración seca puede ahorrar alrededor de 2,15 litros de agua por cada kWh de carga informática, pero requiere entre 0,30 y 0,74 kWh adicionales de electricidad. Por tanto, reducir el consumo directo de agua puede incrementar la demanda energética y, con ella, la huella hídrica indirecta asociada a la generación eléctrica.
En Estados Unidos, Rystad Energy estima que el componente indirecto del consumo de agua de un centro de datos puede llegar a ser más del doble de su consumo directo. La huella total depende tanto del sistema de refrigeración como de la intensidad hídrica del mix eléctrico. La consultora plantea tres escenarios para 2030. Sin medidas significativas de ahorro, el consumo directo alcanzaría 644.000 millones de litros. Con una mejora moderada de la eficiencia, bajaría a 543.000 millones. Si se aplican medidas agresivas de ahorro, la cifra quedaría en 388.000 millones.
Agua y electricidad compiten por la misma infraestructura.
La eficiencia hídrica suele medirse mediante el indicador WUE (water-use effectiveness), que relaciona el uso de agua con la energía consumida por los sistemas informáticos. Sin embargo, la falta de estándares homogéneos dificulta las comparaciones. AWS comunicó un WUE directo medio de 0,12 litros/kWh en 2025; Meta, 0,19 litros/kWh en 2024; y Microsoft, 0,27 litros/kWh en su ejercicio fiscal de 2025.
La refrigeración seca ahorra agua, pero dispara la demanda eléctrica: el centro de datos se enfrenta a un dilema energético sin soluciones fáciles.
Digital Realty alcanzó 0,59 litros/kWh y Equinix, 0,91 litros/kWh. Estas cifras no constituyen una clasificación directa, ya que las metodologías y los perímetros de cálculo difieren entre compañías. La importancia de la ubicación resulta especialmente evidente en AWS: sus valores regionales oscilaron entre 0,02 litros/kWh en Estocolmo y 2,85 litros/kWh en Yakarta, una diferencia superior a cien veces dentro del mismo marco de reporte.
El mismo gigante tecnológico, cien veces más sediento según dónde opere.
Regulación y el caso español
Los principales hyperscalers (AWS, Google, Microsoft y Meta) han establecido objetivos para ser water positive en 2030, con la intención de reponer más agua de la que consumen mediante proyectos de restauración y eficiencia. Al mismo tiempo, la regulación empieza a evolucionar, aunque todavía se centra en la transparencia y la información. La Comisión Europea prepara un paquete de eficiencia energética para centros de datos que incluiría etiquetado y estándares de rendimiento. Singapur aspira a limitar el uso de agua por debajo de 2 m³/MWh, equivalentes a 2 litros/kWh.
Esta misma semana se ha conocido que España exigirá a los centros de datos un 80% de renovables adicionales y datos bajo control europeo. El Gobierno somete a información pública un real decreto que también obligará a los centros de datos a gastar menos agua. La coincidencia no es casual: el país compite por atraer centros de datos e inversiones en IA, pero soporta uno de los mayores grados de estrés hídrico del continente. La futura norma será una prueba de si el despliegue digital puede conciliarse con la seguridad hídrica.
El dilema de España: atraer IA sin comprometer el agua
El auge de los centros de datos ya no es una cuestión meramente energética. Rystad Energy sitúa en 2030 el punto crítico: 644.000 millones de litros anuales, o 388.000 millones si se impone la eficiencia hídrica más ambiciosa. España se encuentra en una posición paradójica. Por un lado, aspira a consolidarse como hub de inteligencia artificial del sur de Europa; por otro, su estrés hídrico estructural desaconseja precisamente el tipo de refrigeración evaporativa que abarata el despliegue. El real decreto en información pública apunta en la dirección correcta al obligar a gastar menos agua, pero la letra pequeña decidirá si la exigencia es suficientemente estricta.
La dificultad técnica es evidente. Reducir el consumo directo de agua puede elevar la demanda eléctrica, y esa electricidad, si no es 100% renovable, arrastra su propia huella hídrica indirecta. Un estudio de Rystad Energy recogido por pv magazine estima que en Estados Unidos el consumo indirecto puede superar en más del doble al directo. Esa interacción entre agua y energía no suele aparecer en los comunicados de sostenibilidad de los hyperscalers. Tampoco ayuda la falta de estándares homogéneos en el indicador WUE, que convierte las comparaciones en un ejercicio casi especulativo.
La reducción del consumo directo de agua puede incrementar la demanda eléctrica y, con ella, la huella hídrica indirecta del sistema.
El sector tiene ante sí una ventana estrecha. Si en 2027 la normativa europea de etiquetado y rendimiento no fija métricas armonizadas, la transparencia seguirá siendo voluntaria. El hito a vigilar es la publicación del real decreto español tras el proceso de información pública, prevista para los próximos meses. La pregunta no es si España podrá albergar más centros de datos, sino a qué coste hídrico estará dispuesta.
