La reparcelación urbanística de Talavera da vía libre al centro de datos de Meta, una inversión de 1.000 millones de euros.
Claves de la operación
- La inversión asciende a 1.000 millones y no tendrá financiación pública. Meta aporta fondos propios para levantar el centro en 191 hectáreas de Torrehierro, con 250 empleos directos estables.
- El consumo de agua se reduce a 200 millones de litros anuales. La refrigeración por aire seco deja la demanda directa en 0,2 hectómetros cúbicos, lejos de los 4.800 millones de litros del primer cálculo.
- El desbloqueo urbanístico activa licencias y obras por fases. Meta debe depositar una fianza de 1,09 millones de euros y ya puede presentar proyectos ante el Ayuntamiento; la ejecución se plantea hasta 2036.
La batalla del agua: de 4.800 millones de litros a 200 millones anuales
El proyecto que hoy encara su recta final nació en los Países Bajos. Meta trasladó a España la denominada Operación Zarza después de que autoridades y vecinos de Zeewolde frenaran la Operación Tulipán por su consumo de agua y energía. En 2022, Castilla-La Mancha publicó la Declaración de Interés Regional y, un año después, SEPES vendió a la compañía 190 hectáreas del polígono de Torrehierro por 20,6 millones de euros.
La presión hídrica ha acompañado cada modificación del diseño. El consumo directo de agua ha caído seis veces respecto a la primera estimación de 2023, que apuntaba a 4.800 millones de litros anuales. La Confederación Hidrográfica del Tajo puso el proyecto en prealerta por escasez. Tras el informe ambiental, la cifra bajó a 665,4 millones de litros; en 2025 se recortó a algo más de 500 millones de litros y ahora se sitúa en 200 millones anuales.
El sistema de refrigeración por aire seco reduce la huella hídrica, pero no la elimina por completo. Ecologistas en Acción calcula que el río Alberche necesita 6,3 hectómetros cúbicos anuales para el consumo humano de la comarca. La organización describe un cauce deficitario y muy estresado. Meta incluye la recuperación de los arroyos Zarzueleja y Cervines y un parque fluvial de hasta 60 hectáreas junto a Gamonal.
Los episodios de Georgia pesan sobre el debate. Medios estadounidenses documentaron que un centro de datos de Meta dejó sin agua potable a hogares cercanos durante meses; la congresista Alexandria Ocasio-Cortez exhibió ante la EPA un bote de agua con aspecto de lodo.
España ha ganado infraestructura digital, pero el agua sigue siendo el factor que separa el permiso urbanístico de la aceptación social.
El calendario de obras y la presión regulatoria sobre los centros de datos
El desbloqueo administrativo llega tras el cierre de la reparcelación, que reparte 53 fincas y reconoce dos hectáreas a la pedanía de Gamonal. Meta debe depositar una fianza de 1,09 millones de euros para acreditar el aprovechamiento del suelo y ya puede solicitar las licencias de obra al Ayuntamiento. La inversión generará 250 empleos directos estables, y hasta 780 anuales sumando la cadena de suministro.
El calendario de la compañía no opera en el vacío regulatorio. El Gobierno prepara un decreto que exigirá a los centros de datos operar desde la Unión Europea y cubrir al menos el 80% de su consumo energético con renovables cada hora. Según recoge Xataka, cualquier proyecto aún no conectado a la red, como el de Talavera, dispondrá de seis meses para cumplir esas condiciones o perderá el derecho de conexión.
Lo que Talavera se juega: empleo, credibilidad ambiental y posicionamiento en el sur de Europa
Talavera se sitúa en el mapa de la infraestructura digital del sur de Europa. La ciudad aspira a convertirse en un nodo estratégico de la economía digital del sur de Europa, en palabras del delegado de la Junta recogidas por Xataka. El proyecto de Meta se suma a un ecosistema español que ya disputa a Francia e Italia la llegada de grandes inversiones tecnológicas.
Observamos una lectura incómoda. El beneficio económico de la inversión es tangible: 250 empleos directos estables y una cadena de suministro de hasta 780 trabajadores anuales. La credibilidad ambiental, sin embargo, sigue bajo la lupa. La reducción del consumo de agua de 4.800 a 200 millones de litros anuales es una victoria técnica, pero el precedente de Georgia demuestra que la gestión hídrica de los centros de datos exige controles más allá del permiso urbanístico.
El punto débil del proyecto es la conexión eléctrica y el encaje con el nuevo decreto. Que Meta deba acreditar el 80% de consumo renovable hora a hora introduce una exigencia nueva, ajena a los planes originales. La compañía aún debe presentar sus proyectos constructivos y las licencias de obra ante el Ayuntamiento, y ahí se medirá si el calendario de cuatro fases hasta 2036 es realista. La clave no será la reparcelación, sino el primer informe ambiental con el centro funcionando a plena carga.
