La inflación en España en julio repunta al 3,5% por la luz y los carburantes

El fin de las ayudas a los carburantes podría sumar otro punto en otoño y situar la tasa cerca del 4,5%. La energía y los servicios presionan al alza una cesta de la compra que no da tregua.

La inflación vuelve a subir en España. El dato de julio, publicado este jueves, sitúa el IPC en el 3,5%, tres décimas más que en junio. La electricidad y los combustibles son, una vez más, los culpables.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los precios de la energía encadenan su tercer mes al alza y arrastran a la inflación general muy por encima del objetivo del 2% del BCE. El repunte estuvo exclusivamente vinculado a los componentes más volátiles: la luz y los carburantes. Las tarifas eléctricas se dispararon en el mercado mayorista durante julio, y el barril de Brent coqueteó con los 90 dólares, su nivel más alto en el año.

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Los datos de julio: la energía empuja al alza

Aunque el INE no ha detallado aún los subíndices, fuentes del sector energético confirman que el pool eléctrico marcó medias superiores a los 100 €/MWh durante buena parte del mes, un 18% más caras que en junio. El gas natural, referencia para las centrales de ciclo combinado, también se encareció por la mayor demanda de refrigeración en Asia y el Mediterráneo. En paralelo, el precio de los carburantes —gasolina y diésel— subió por tercer mes consecutivo, tensionado por la reducción de inventarios en Estados Unidos y los ajustes de producción de la OPEP.

El dato de julio confirma que la inflación energética no es un fenómeno pasajero. Mientras la subyacente se mantuvo estable en torno al 2,8%, según estimaciones preliminares de varios analistas consultados, el diferencial entre la inflación general y aquella que excluye la energía se ha ensanchado peligrosamente. “Llevamos meses advirtiendo de que la descarbonización no va a ser gratis para los bolsillos”, resume un gestor del sector eléctrico que prefiere no ser citado.

El efecto en cadena sobre las empresas y los hogares

El encarecimiento de la energía golpea con fuerza a las pymes y al comercio minorista. Las empresas de transporte y logística —donde el combustible representa hasta el 30% de los costes operativos— han empezado a trasladar las subidas a sus tarifas. ALSA, Seur y otras grandes operadoras revisan al alza sus precios, y los fabricantes de bienes duraderos anticipan recargos por portes en las próximas semanas.

Para los hogares, el impacto es directo: llenar un depósito de gasolina cuesta este julio ocho euros más que hace un año, según cálculos de la OCU, y la factura de la luz del consumidor medio se ha incrementado un 12% interanual. La combinación de estos dos vectores presiona la cesta de la compra y reduce la capacidad de ahorro de las familias, justo cuando la temporada turística debería inyectar oxígeno al consumo.

La energía ha dejado de ser un factor coyuntural y se ha convertido en el principal lastre estructural para la renta disponible de los españoles.

Desde el comercio textil hasta la restauración, los empresarios ven cómo la subida de los costes operativos les obliga a elegir entre ajustar márgenes o subir tarifas. Y en un entorno de consumo frágil, ninguna de las dos opciones resulta cómoda.

Otoño incierto: el fin de las ayudas a los carburantes

Pero la verdadera amenaza está en el horizonte de septiembre. El Gobierno mantiene congeladas desde hace meses las ayudas a los carburantes instauradas en 2022, y según un informe de El País —basado en estimaciones de la Agencia Tributaria y de consultoras del sector—, la retirada total de esas subvenciones podría sumar hasta un punto porcentual más a la inflación en el último trimestre del año. Es decir, que el IPC podría rozar el 4,5% en octubre o noviembre.

Creo que el Ejecutivo se enfrenta a un dilema complicado: prorrogar las ayudas con un coste fiscal cercano a los 2.500 millones de euros, o asumir una tasa de inflación que minaría la confianza del consumidor justo en el arranque de la campaña navideña. En cualquier caso, el otoño se presenta como un examen de resistencia para la economía real y para la política económica.

De momento, los mercados laborales aguantan y el consumo no se desploma, pero la combinación de una inflación energética persistente y el fin de los estímulos podría ser el detonante que muchos analistas llevan meses señalando en sus informes. La pregunta no es si se notará en las calles, sino cuánto tardará en llegar a los datos de crecimiento.


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