El Banco de España ha lanzado una advertencia que sacude al sector: el fraude bancario se ha convertido en el ‘principal foco de riesgo’ para los clientes. Por primera vez, las reclamaciones por uso fraudulento de tarjetas y transferencias han superado a las hipotecas como la mayor fuente de conflicto entre entidades y usuarios, un vuelco que los datos de 2025 muestran con claridad.
En Murcia, el supervisor tramitó 284 reclamaciones el año pasado, un 18,4% menos que en 2024, pero la naturaleza de esas quejas cambió radicalmente. Las tarjetas y las transferencias fraudulentas pasaron a liderar el listado de motivos, desplazando a las hipotecas, que hasta 2024 concentraban la mayor parte de las disputas.
La tendencia no fue un fenómeno regional. En Valladolid, los ciudadanos llevaron ante el Banco de España 457 quejas contra entidades financieras, con el fraude con tarjetas y las comisiones inesperadas a la cabeza. Y en Galicia, el sector devolvió más de medio millón de euros a afectados por operaciones no autorizadas, una cifra que da pistas sobre el alcance económico del problema.
Un perfil de fraude más sofisticado
Los datos agregados por el Banco de España, recogidos de las memorias de reclamaciones de 2025, dibujan un escenario donde el phishing, la suplantación de identidad y las compras no consentidas en canales digitales han escalado con rapidez. Las entidades, en muchos casos, todavía no han ajustado sus sistemas de prevención a la velocidad que exige esta oleada de fraudes.
El supervisor no lo dice explícitamente, pero las cifras sugieren un déficit de protección en los canales online. Y cuando un cliente cae en una trampa de ‘smishing’ —un SMS falso que redirige a una web clonada—, la respuesta de la banca suele ser lenta y desigual, algo que las reclamaciones confirman: cada vez más usuarios denuncian que el banco no asume su responsabilidad en la devolución.
El fraude bancario ya no es un goteo de casos aislados: es un riesgo sistémico que desplaza al producto estrella del pasivo bancario.
El traslado del conflicto desde las hipotecas al fraude no es casual. Las hipotecas llevaban años generando litigios masivos por cláusulas suelo, gastos de formalización e IRPH, pero la jurisprudencia europea y los acuerdos extrajudiciales han ido cerrando ese capítulo. El nuevo campo de batalla está en la seguridad de las transacciones cotidianas, donde el margen de error —y de desconfianza— es enorme.
El factor humano y la responsabilidad compartida
En mi opinión, la banca española ha sido demasiado reactiva. Mientras que los ciberdelincuentes emplean inteligencia artificial para personalizar ataques y automatizar el vaciado de cuentas, las medidas de seguridad en muchas apps bancarias siguen siendo las de hace cinco años. La doble autenticación por SMS, por ejemplo, es vulnerable a ataques de ‘SIM swapping’, y aún así se usa de forma generalizada.
El Banco de España insiste en que la prevención debe ser compartida: las entidades tienen que invertir en sistemas más robustos, pero los clientes también deben extremar el cuidado con sus claves y datos personales. Sin embargo, esta llamada a la corresponsabilidad choca con la realidad de que un ciudadano medio no puede distinguir un SMS legítimo de uno fraudulento cuando este último se inserta en el mismo hilo de conversación que el banco.
Los 457 casos de Valladolid o los 284 de Murcia podrían parecer cifras modestas, pero representan solo la punta del iceberg: muchos afectados ni siquiera acuden al Banco de España, sino que se resignan a la pérdida o aceptan un acuerdo parcial con su entidad. El fraude real podría ser tres o cuatro veces superior, si extrapolamos la experiencia de otros países como Reino Unido, donde los casos de ‘authorised push payment fraud’ se cuentan por cientos de miles al año.
Lo que está en juego no es solo el dinero sustraído, sino la confianza en el sistema. Si los clientes empiezan a percibir que su dinero no está seguro en el banco, las consecuencias para el negocio de captación de depósitos podrían ser profundas. Y eso, para una banca que todavía depende en más de un 70% de los ingresos por intereses, sería un terremoto silencioso.
