Rusia da un paso más en su estrategia cripto. La Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, vota esta misma semana un proyecto de ley diseñado para combatir el fraude con criptomonedas dentro del país y, al mismo tiempo, ofrecer un marco legal para el uso de estos activos en transacciones internacionales. La norma, impulsada por el presidente de la comisión de mercados financieros, Anatoly Aksakov, refleja una postura pragmática: por un lado, aprieta las tuercas a los usos ilícitos y, por otro, abre una puerta que lleva meses entreabierta para que las empresas puedan usar criptoactivos sin esconderse.
Un giro forzado por las sanciones
Desde 2022, las criptomonedas están prohibidas como método de pago dentro de Rusia. Sin embargo, el propio Kremlin lleva tiempo coqueteando con su uso para pagos transfronterizos, sobre todo a raíz de las sanciones occidentales que dejaron a sus bancos fuera del sistema SWIFT. En 2023, la Duma aprobó una ley que ya permitía el uso de divisas digitales para liquidaciones internacionales, un movimiento que, según los analistas, tenía como objetivo burlar las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea tras la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022.
El proyecto de ley, , que se votará en segunda y tercera lectura, contempla ahora una diferenciación clara: persigue “el uso ilegal de las criptomonedas dentro de nuestro país”, en palabras de Aksakov, pero al mismo tiempo da cobertura legal a quienes las utilicen para comercio internacional legítimo. Es decir, se trata menos de un abrazo a la innovación y más de un pragmatismo impuesto por la geopolítica.
El contexto minero también pesa. El año pasado, en 2025, el presidente Vladimir Putin firmó una ley que legalizaba la minería de criptomonedas, permitiendo que entidades jurídicas con la aprobación del ministerio digital minen activos. Hace años que Putin reconoce las “ventajas competitivas” de Rusia en este campo: excedente energético y un clima frío que reduce los costes de refrigeración, un combo ideal para los centros de datos que sostienen redes como Bitcoin.
Los grandes bancos rusos también se preparan para cuando la regulación esté plenamente en vigor. Varias entidades financieras tienen ya planes de lanzar servicios de compraventa de criptoactivos para sus clientes, aunque con controles estrictos. El propio Parlamento ha adelantado que los inversores deberán pasar un test de conocimientos y tendrán un límite en la cantidad que podrán adquirir, un guiño a la protección del inversor que, en el fondo, revela la desconfianza del Estado hacia la volatilidad de estos activos.
Rusia no abraza las criptomonedas por convicción, sino por necesidad: la tecnología le permite seguir comerciando mientras sus bancos están vetados.
La postura del presidente Putin, tan ambivalente como calculada, quedó clara en diciembre de 2024. En un foro en Moscú, al hablar del dominio del dólar, soltó: “Por ejemplo, Bitcoin, ¿quién puede prohibirlo? Nadie”. La frase, sin ser un respaldo entusiasta, muestra el interés por no quedarse fuera de un sistema que escapa al control de Washington.
Análisis: Criptomonedas como herramienta geopolítica
La nueva ley rusa no convierte el país en un paraíso cripto. Al contrario, endurece la persecución del fraude doméstico y mantiene las criptomonedas bajo un control estatal férreo. El verdadero cambio está en el guiño a los pagos internacionales, un movimiento que responde a una realidad incómoda: desde la exclusión parcial del sistema financiero global, Rusia necesita canales alternativos para mover dinero. Las criptomonedas, por su carácter transfronterizo y difícil de censurar, encajan como un guante en esa necesidad.
Sin embargo, el modelo que perfila Moscú es profundamente selectivo. La legalización de la minería en 2025 y la futura oferta de servicios de trading por parte de los grandes bancos apuntan a un ecosistema centralizado, con barreras de entrada para el pequeño inversor y exámenes de conocimientos obligatorios. Se busca un uso corporativo controlado, no un mercado libre al estilo occidental. Para el inversor español, la lección es clara: las criptomonedas se están volviendo un arma geopolítica, y un uso más intensivo por parte de países sancionados podría atraer un mayor escrutinio regulatorio desde Bruselas o Washington.
El precedente de otros estados sancionados que han recurrido a criptoactivos, como Irán o Corea del Norte, muestra que la tecnología funciona para esquivar restricciones, aunque a costa de un aumento de la presión internacional. La gran duda es si este nuevo marco ruso acelerará una respuesta coordinada de los reguladores occidentales, algo que todavía está por definirse. De momento, lo que se vota esta semana es solo el primer paso de un camino que llevará meses concretar.
