El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha asignado 165 millones de euros en ayudas a siete proyectos de almacenamiento por bombeo reversible, una tecnología que permite almacenar electricidad bombeando agua entre dos embalses a distinta altura. La asignación, gestionada a través del IDAE, supera en 75 millones el presupuesto inicial de 90 millones, ampliado en abril ante la avalancha de solicitudes.
Estos siete proyectos sumarán 2.071 MW de potencia y 21.091 MWh de capacidad de almacenamiento, repartidos en seis comunidades autónomas. La financiación procede del programa BORALMAC 2, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiado con fondos europeos Next Generation EU.
Un impulso inesperado para el bombeo reversible
La convocatoria BORALMAC 2 fue uno de los programas más sobre-demandados del PRTR energético español. El pasado abril, el MITECO tuvo que añadir 75 millones de euros a los 90 iniciales para atender al volumen de proyectos viables, una señal inequívoca del interés del sector por una tecnología que, hasta hace poco, parecía estancada por los largos plazos de tramitación y los elevados costes de construcción.
El bombeo reversible representa hoy la forma más madura y eficiente de almacenamiento a gran escala en sistemas eléctricos con alta penetración de renovables. Los 2.071 MW adjudicados equivalen aproximadamente a la potencia de dos centrales nucleares de primera generación, pero con la ventaja de poder entrar en operación en cuestión de minutos cuando el sistema lo requiera.
Los proyectos adjudicatarios deberán superar aún los trámites ambientales y administrativos, pero la inyección de fondos europeos reduce el riesgo financiero y acelera los calendarios. El IDAE estima que la inversión total movilizada podría superar los 500 millones de euros, un apalancamiento de más de 1 a 3 sobre la ayuda pública.
Los 2.071 MW adjudicados son la mayor inyección pública al bombeo en una década, pero la magnitud de las necesidades de almacenamiento convierte esta cifra en un primer paso, no en una solución.
NextGenEU y el calendario límite de 2026
El programa BORALMAC 2 se financia con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que impone un horizonte de ejecución ajustado: los proyectos deben estar finalizados y justificados antes del 31 de agosto de 2026 para no perder la financiación comunitaria. Esto obliga a una tramitación acelerada y a una ejecución de obra casi inmediata, un desafío logístico y administrativo considerable.
La administración española confía en que los siete proyectos seleccionados ya contaban con un grado de madurez suficiente para absorber las ayudas sin dilación. De hecho, varias de las empresas promotoras llevaban años moviendo los expedientes en el Ministerio y en las comunidades autónomas, a la espera de una ventana de financiación.
La apuesta por el almacenamiento es coherente con los objetivos del PNIEC 2023-2030, que prevé alcanzar 20 GW de almacenamiento en el sistema eléctrico. Sin embargo, los 2 GW adjudicados apenas cubren un 10% de ese objetivo, dejando patente que se necesitarán nuevas convocatorias y, sobre todo, la participación de otras tecnologías como las baterías electroquímicas y el almacenamiento térmico.
La letra pequeña que BORALMAC 2 no resuelve
La adjudicación de 165 millones a siete proyectos es una buena noticia para la transición energética, pero conviene leerla sin triunfalismos. La potencia de almacenamiento concedida equivale a menos de dos horas de operación del sistema eléctrico peninsular en un día punta. El reto de fondo — convertir a España en un exportador neto de electricidad renovable y absorver los vertidos solares del mediodía — exige decenas de gigavatios adicionales de almacenamiento.
Además, el bombeo reversible compite por recursos hídricos y espacio territorial con otros usos, y cada proyecto arrastra un proceso de permisos que puede prolongarse en en tres o cuatro años más allá de la fecha de adjudicación. La experiencia de los embalses hidroeléctricos tradicionales muestra que los plazos reales suelen doblar las previsiones oficiales más optimistas.
Otro factor a vigilar es la concentración geográfica y empresarial de las adjudicaciones. Con seis comunidades implicadas y siete proyectos, la dispersión territorial es razonable, pero la falta de transparencia sobre los adjudicatarios concretos — que el MITECO no ha detallado — deja espacio para la especulación sobre si el programa beneficia a los grandes grupos energéticos o abre hueco a nuevos actores.
Por último, el modelo de negocio del almacenamiento por bombeo sigue dependiendo del arbitraje de precios en el mercado mayorista, un esquema que en los últimos años ha sido volátil. La rentabilidad de estos proyectos a largo plazo requerirá, probablemente, contratos por capacidad o mecanismos de remuneración regulada que complementen los ingresos de mercado. El regulador aún no ha definido ese marco, y sin él, los inversores privados que completen la financiación pueden encontrarse con una ecuación incierta.
