Patrick Witt, el asesor principal de cripto de la Casa Blanca, iniciará una baja militar de varios meses a partir del 27 de julio. Su ausencia llega a apenas tres semanas de que el Senado de Estados Unidos intente aprobar la Clarity Act, el proyecto de ley que repartiría la supervisión de los activos digitales entre la SEC y la CFTC. Justo cuando el calendario aprieta, el hombre que llevaba meses negociando con legisladores e industria se marcha a un entrenamiento con la Guardia Nacional.
La Clarity Act, a un paso de la votación definitiva
La Clarity Act es el intento más ambicioso en años de dar un marco regulatorio claro al sector cripto en Estados Unidos. Salió de la Cámara de Representantes en julio de 2025 con un respaldo cómodo de 294 votos a favor y 134 en contra, y logró avanzar en el Comité Bancario del Senado en mayo de este año por 15 votos a 9. Los líderes del Senado pretenden abrir el debate en el pleno antes del 7 de agosto, fecha en que arranca el receso estival. Si no se vota antes, el texto podría quedar en el limbo hasta el próximo Congreso.
La ley delimitaría qué activos caen bajo la lupa de la SEC y cuáles bajo la de la CFTC, además de incluir un compromiso sobre los rendimientos de las stablecoins y un capítulo ético que sigue generando fricción. Los flecos éticos son el mayor escollo: los legisladores aún negocian salvaguardas ante los intereses cripto del presidente Trump, quien declaró haber ganado más de 1.000 millones de dólares con sus proyectos de criptoactivos el año pasado.
El negociador incansable que ahora falta
Witt no era un mero portavoz. Como director ejecutivo del consejo cripto de la Casa Blanca —un puesto que asumió en agosto de 2025, tras la salida de Bo Hines a Tether—, ha sido el negociador jefe de la administración en cada detalle de la ley. Según fuentes cercanas a las conversaciones, él lideró las discusiones sobre los puntos más espinosos: el acuerdo de los rendimientos de las stablecoins, las disputas por el lenguaje ético y las objeciones de los cuerpos de seguridad sobre las protecciones a desarrolladores.
El mercado de predicciones Polymarket ya descuenta la dificultad: la probabilidad de que la Clarity Act se apruebe en 2026 ha caído al 48%, frente al 74% de hace un mes. La marcha de Witt no ha hecho sino enfriar todavía más esas expectativas. Su adjunto, Harry Jung, asumirá las riendas, y aunque ha acompañado a Witt en las negociaciones durante el último año, carece del músculo político del zar saliente. La formación militar en el programa JAG (el cuerpo jurídico de la Guardia Nacional) obligaba a Witt a incorporarse ahora o perder la plaza, y no era posible un segundo aplazamiento.
La marcha de Witt deja a la Clarity Act sin su principal interlocutor justo cuando el reloj del Senado se agota.
Más allá del calendario, Witt ha sido una pieza central en la agenda cripto de la administración. Supervisó el despliegue de la Reserva Estratégica de Bitcoin y trabajó en la ley GENIUS, la normativa de stablecoins que entró en vigor en julio de 2025. Su falta en la recta final puede frenar decisiones que requieren de un conocimiento técnico y político muy afinado.
¿Puede el Senado aprobar la ley sin su arquitecto?
La historia de la regulación financiera en Estados Unidos enseña que los textos complejos rara vez se aprueban cuando el principal motor político desaparece en en la fase final. La ley Dodd-Frank, por ejemplo, necesitó un impulso continuo de la Casa Blanca y el Tesoro para salir adelante en 2010. Sin Witt, el proyecto pierde a su principal defensor ejecutivo y a alguien capaz de tender puentes entre facciones enfrentadas.
Los precedentes no son alentadores. Cada vez que una gran ley de mercado se ha quedado sin su negociador principal, las diferencias entre demócratas y republicanos han tendido a enquistarse. Ahora, además, la sombra del trumpismo añade un factor extra: si los demócratas intentan ligar la aprobación a restricciones más duras sobre los negocios del presidente, el bloqueo está servido. Con Europa avanzando con MiCA, la parálisis legislativa puede costar a Estados Unidos el liderazgo regulatorio que la industria lleva años reclamando.
Lo que está en juego va más allá de una sigla. La ausencia de un marco federal claro ha llevado a que empresas como Coinbase operen con una maraña de normas estatales y acciones judiciales de la SEC. La Clarity Act prometía poner orden y dar a los inversores institucionales la seguridad jurídica que necesitan para entrar con fuerza. Sin ella, el sector seguirá navegando en la incertidumbre, y el movimiento de Witt, por muy justificado que esté, se convierte en el tropiezo que nadie esperaba.
