Telefónica aprieta el acelerador para monetizar su infraestructura más estratégica: los conductos subterráneos. La operadora ha presentado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un plan de compromiso voluntario que, de aprobarse, elevaría un 116,4% el precio de alquiler de sus ductos en cinco años. Se trata de la vía por la que sus rivales han tendido más de 50 millones de accesos de fibra hasta el hogar, y el golpe en los costes de acceso amenaza con reconfigurar el mapa competitivo del sector.
La propuesta, adelantada por Expansión el 22 de junio, sustituye la actual regulación de precios orientados a costes (MARCO) por un esquema de ‘precios razonables’ que Telefónica define unilateralmente. De salir adelante, los precios recurrentes que pagan sus competidores mes a mes se dispararán un 30% de golpe, para luego escalar un 16,96% durante tres ejercicios y cerrar el último bienio con alzas del 2% anual.
Claves de la operación
- Incremento progresivo pero severo. La subida inicial del 30% más tres años al 16,96% y dos al 2% arrojan un encarecimiento acumulado del 116,4% al final del quinquenio.
- Sometimiento al escrutinio de la CNMC y Bruselas. El regulador acaba de iniciar consulta pública y test de mercado; la decisión final, ya con un consejo renovado, no llegará antes de finales de 2026 o 2027.
- Competidores en pie de guerra. Masorange, Digi, las fibercos PremiumFiber, Lyntia, Onivia y otros operadores han pedido a la Comisión Europea que frene lo que califican de ‘monopolio de facto’.
Un plan de negocio que aprovecha el monopolio de las canalizaciones
Telefónica argumenta que sus precios han sido sistemáticamente deflacionistas. En 2011 los ductos costaban un 39% más; hoy, incluso con la subida del 11% autorizada por la CNMC en 2025, los rivales pagan solo el 61% de lo que abonaban entonces. Además, la operadora compara con Francia, donde Orange cobra tarifas hasta cuatro veces superiores por unos conductos mucho más extensos. Sostiene que, aun aplicando su hoja de ruta, los precios en España seguirían por debajo de los galos al final del periodo.
Sin embargo, la visión de la competencia es radicalmente distinta. Los ductos de Telefónica son, en la práctica, la única infraestructura sobre la que la mayoría de las telecos ha podido desplegar fibra. Existen otras canalizaciones municipales o de eléctricas, pero la realidad del despliegue ha generado una dependencia masiva. Por ello, una subida de este calibre ‘remonopolizaría’ el acceso, según advirtieron en las cartas remitidas a Bruselas el pasado abril.
Los más perjudicados serían los operadores con redes alternativas ya tendidas: Masorange, Vodafone, Digi y, sobre todo, las empresas mayoristas de fibra (fibercos). Estas últimas, que solo venden a terceros, destinan una proporción mucho mayor de sus costes al pago de los ductos. Compañías como PremiumFiber —participada por GIC de Singapur— o Elanta y Lyntia verían directamente erosionada su rentabilidad.
De hecho, el plan de Telefónica se ha convertido en en un frente abierto que ya moviliza a inversores internacionales. La entrada de fondos como GIC o AXA-BNP en el capital de las fibercos españolas se basó en unas hipótesis de costes que esta subida pondría en entredicho.
La subida de los ductos es la llave con la que Telefónica quiere reescribir las reglas de competencia en fibra, y sus rivales no están dispuestos a cederla sin una batalla regulatoria y judicial.
¿Una vuelta al monopolio? La amenaza para la inversión extranjera en fibra
La CNMC acaba de abrir un largo proceso administrativo en el que el nuevo consejo, con presidente y vocales renovados en los próximos meses, tendrá la última palabra. El regulador lanzará un test de mercado con consulta pública y recabará opinión de la Comisión Europea, de los otros 26 reguladores de la UE y de las comunidades autónomas. Por tanto, la propuesta inicial podría sufrir matices profundos antes de su aprobación definitiva, que se espera para finales de 2026 o ya entrado 2027.
Para Telefónica, el aliciente económico es innegable. Actualmente ingresa unos 130 millones de euros al año por el alquiler de ductos; al cabo del quinquenio esa facturación alcanzaría los 273 millones, una inyección directa al ebitda y a la generación de caja sin que la operadora tenga que invertir un euro adicional. Ese flujo extra reforzaría la posición financiera del grupo en un momento en que el despliegue de fibra propia sigue siendo un pilar de su negocio doméstico.
La batalla, sin embargo, tiene una dimensión industrial y política que supera el cálculo de ingresos. Si Bruselas o la propia CNMC apreciaran riesgo de remonopolización, el compromiso voluntario podría ser rechazado o modificado sustancialmente. El recuerdo de la privatización de Telefónica, que conservó en su día los ductos como activo cautivo, pesa en la memoria regulatoria del sector.
En el IBEX 35, Telefónica se ha beneficiado en los últimos trimestres de la consolidación del negocio español y de la demanda de fibra de sus rivales. Una decisión favorable a su propuesta daría un empujón a sus márgenes, pero también elevaría la conflictividad con compañías como Masorange, que ya ha llevado sus quejas a los más altos foros europeos. Por el contrario, si el dictamen final de la CNMC mantiene el control de precios, el operador incumbente vería frustrada una oportunidad de oro para reforzar su cuenta de resultados.
Desde esta redacción, seguiremos de cerca el test de mercado que la CNMC está a punto de lanzar y cómo las fibercos defienden ante los inversores una rentabilidad que ahora pende de un hilo regulatorio. En el tablero español de las telecos, lo que se dirime no es solo un puñado de millones en ductos, sino quién pone las condiciones del juego competitivo de la fibra durante la próxima década.
