El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a tensar la cuerda del mercado petrolero. Esta semana, a través de su red Truth Social, ordenó al Departamento de Justicia que investigue a las grandes compañías petroleras por lo que considera ‘precios abusivos’ de la gasolina. La decisión llega en un momento en que el barril de Brent se abarata, pero los surtidores apenas lo reflejan. Y el mandatario, que libra una batalla de popularidad en pleno año electoral, no está dispuesto a que el coste del combustible le reste votos.
"He ordenado al Departamento de Justicia que investigue esto de inmediato. ¡Más vale que los precios de la gasolina empiecen a bajar mucho más rápido de lo que estoy viendo!", escribió Trump, sin mencionar ninguna empresa concreta. El mensaje, que en cuestión de minutos se convirtió en tendencia, provocó la respuesta inmediata del Instituto Americano del Petróleo (API), el principal lobby del sector. Su portavoz afirmó que la industria "comparte el objetivo de aliviar la presión sobre los precios de la gasolina".
La escena no es nueva. Trump ya utilizó al Departamento de Justicia durante su primer mandato para presionar a los gigantes tecnológicos y a los fabricantes de automóviles. Ahora, con la vista puesta en las elecciones de noviembre, el argumento es que las petroleras se están aprovechando de la caída del crudo para mantener artificialmente altos los márgenes de refino. Una tesis que, si bien simplifica la compleja cadena de valor del combustible, cala con fuerza entre los conductores estadounidenses.
El crudo baja, la gasolina no: una anomalía que dura meses
Los números, aunque no todos oficiales, dan pistas. Durante las últimas semanas, los precios del petróleo han retrocedido alrededor de un 20% desde los máximos de primavera. Sin embargo, el galón de gasolina en EE.UU. apenas se ha abaratado un 5%, situándose en una media que ronda los 3,40 dólares. La brecha entre el coste de la materia prima y el precio al consumidor no se explica solo por los impuestos o los costes de distribución: los analistas apuntan a un mercado de refino excepcionalmente ajustado.
La demanda de gasolina sigue siendo robusta y las refinerías operan al límite de su capacidad. Sumemos a eso las interrupciones logísticas por mantenimientos estacionales, y el resultado es que incluso con un barril de Brent por debajo de los 70 dólares, el margen de crack —la diferencia entre el crudo y sus derivados— se ha disparado. Eso es lo que Trump tacha de especulación.
Trump sabe que los votantes olvidan la complejidad del refino pero recuerdan el precio que pagan en la gasolinera cada semana. Y ahora mismo, ese precio duele.
El argumento del presidente tiene un punto débil: culpa exclusivamente a las grandes petroleras, cuando el poder sobre los precios de los combustibles también depende de factores globales como las decisiones de la OPEP+, los inventarios norteamericanos o la fortaleza del dólar. De hecho, Arabia Saudí y Rusia mantienen desde abril un recorte adicional de producción que ha compensado parte de la caída del crudo. Si la OPEP afloja el grifo, el petróleo podría desplomarse aún más y, entonces sí, los surtidores terminarían reflejándolo de forma más contundente.
¿Qué implicaciones puede tener para España y los precios en los surtidores?
La repercusión de una posible sanción o investigación formal en Estados Unidos va más allá de las fronteras norteamericanas. El mercado del petróleo es global, y cualquier medida que introduzca incertidumbre regulatoria sobre las operaciones de las grandes petroleras —ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips— modifica las primas de riesgo. Un endurecimiento de las reglas de juego en el principal consumidor mundial de crudo podría empujar a estas compañías a ralentizar inversiones en exploración y producción, ajustando la oferta futura.
Para España, que importa prácticamente todo el petróleo que consume, el efecto se traduciría en dos vías. La primera, más inmediata, es el precio internacional del barril: si la presión de Trump acelera un acuerdo entre la OPEP y otros productores para liberar más crudo al mercado, es posible que el Brent testee niveles cercanos a los 65 dólares. Una caída adicional de cinco o seis dólares se trasladaría, con un decalaje de diez a quince días, a los mercados mayoristas de gasolina y gasóleo en el Mediterráneo. La segunda, a medio plazo, tiene que ver con la incertidumbre regulatoria que pueda frenar proyectos de inversión de las grandes multinacionales, encareciendo la financiación y, por tanto, el coste final del combustible.
No obstante, conviene ser prudentes. Las investigaciones del Departamento de Justicia no se solventan en semanas, y mucho menos en plena precampaña. El propio historial de la administración Trump demuestra que este tipo de anuncios suelen tener más carga retórica que consecuencias prácticas inmediatas. El precedente más cercano, la investigación a las tecnológicas en 2019, quedó en poco más que una multa simbólica y varias comparecencias públicas.
Análisis: una medida populista con un fondo de verdad incómoda
Desde esta redacción, creemos que la intervención de Trump sobre las petroleras tiene un claro componente electoral. Pero también toca una fibra sensible que no conviene ignorar. Los datos agregados de los últimos informes trimestrales muestran que los márgenes de beneficio del refino alcanzaron en el segundo trimestre niveles históricamente altos para las grandes empresas. No es descabellado pensar que parte de esa rentabilidad extraordinaria proceda de una traslación imperfecta de la caída del crudo al consumidor final.
El verdadero problema no es solo la dinámica de precios, sino la dependencia estructural del transporte por carretera de un commodity volátil. Mientras Europa avanza —con dificultades— hacia la electrificación, Estados Unidos sigue atrapado en una espiral de subsidios a los combustibles fósiles y poca inversión en alternativas de movilidad. De manera que cada movimiento brusco del petróleo se convierte en una patata caliente política que ningún presidente quiere gestionar.
El riesgo, como tantas veces en política energética, es que la solución fácil ahogue la necesaria. Una intervención agresiva del gobierno sobre los precios puede desincentivar la inversión en capacidad de refino justo cuando el mundo necesita más flexibilidad para afrontar transiciones y crisis geopolíticas. Y si la investigación se queda en un gesto de cara a la galería, el mercado lo descontará en horas y la gasolina volverá a subir en cuanto la OPEP lo decida.
Al final, el episodio refleja una paradoja que llevamos años viendo: los políticos piden precios bajos a corto plazo mientras necesitan inversiones masivas a largo plazo que solo se producen cuando el margen es atractivo. Y las petroleras, acostumbradas a navegar entre presiones regulatorias y vaivenes del mercado, esperan a que pase la tormenta. Como casi siempre.
