La Ley CLARITY, el mayor intento legislativo de Estados Unidos por regular el mercado de criptoactivos, se encuentra en el punto de mira de fiscales, policías y líderes católicos. Cuatro grandes organizaciones policiales y casi un centenar de entidades católicas han enviado cartas al Gobierno advirtiendo de que una sección clave del proyecto crearía vacíos legales que facilitarían el blanqueo de capitales y la trata de personas, según ha informado Bitcoin Magazine este martes.
La alarma llega cuando la norma avanza en el Senado tras ser aprobada por la Cámara de Representantes en julio de 2025 y superar el trámite en la Comisión Bancaria del Senado en mayo de 2026. El objetivo de la Digital Asset Market Clarity Act es repartir la supervisión de los activos digitales entre la SEC y la CFTC, y dar certidumbre a plataformas de intercambio, emisores de stablecoins y participantes de las finanzas descentralizadas (DeFi). Pero el punto caliente es la Sección 604, que incorpora la Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA).
Qué dice la controvertida Sección 604
Esta sección establece que un desarrollador de software o un proveedor de infraestructura que no pueda mover ni controlar los activos digitales de un usuario no será considerado un transmisor de dinero bajo la ley federal. Dicho de otro modo: quienes escriban código o mantengan una red no tendrían que cumplir las mismas obligaciones que un banco o una casa de cambio.
Los defensores de esta disposición, entre ellos buena parte de la industria cripto, sostienen que es esencial para proteger a los desarrolladores de procesos penales y para no asfixiar la innovación. Sin embargo, los cuerpos de seguridad —que representan a más de 70.000 fiscales, sheriffs, jefes de policía e investigadores— creen que la redacción actual es demasiado amplia y podría amparar a actores que facilitan el movimiento de fondos ilícitos mientras obstruyen las pesquisas.
Quién ha alzado la voz y por qué
La carta de las fuerzas de seguridad fue enviada al fiscal general en funciones, Todd Blanche, y al director ejecutivo del Consejo Presidencial de Asesores para Activos Digitales. La firman la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito, la Asociación Nacional de Fiscales Auxiliares de EE.UU., la Asociación Internacional de Jefes de Policía y la Asociación Nacional de Sheriffs. En conjunto, temen que la exención propuesta pueda dejar fuera de control a mezcladores (mixers), tumblers y ciertos negocios DeFi, que quedarían exentos de los obligatorios requisitos de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del blanqueo.
La otra misiva, dirigida a los líderes demócrata y republicano del Senado, John Thune y Charles Schumer, lleva la firma de unas ochenta organizaciones y líderes católicos, entre ellas la Alianza para Acabar con la Trata de Personas y la Oficina de Justicia y Ecología de la Conferencia Jesuita. Su argumento es directo: “Los traficantes de personas se aprovechan con rapidez de las nuevas tecnologías cuando la supervisión no sigue el ritmo”. Y advierten de que los vacíos regulatorios podrían dificultar el rastreo de flujos financieros vinculados a la explotación infantil y al crimen organizado.
La tecnología no delinque; lo hacen las personas. Pero un marco legal que exime sin matices es una invitación a que otros ocupen ese vacío.
El pulso es político y ajustado. Para salir adelante en el Senado, el proyecto necesita 60 votos, lo que otorga una capacidad de bloqueo significativa a los demócratas moderados. Los senadores Mark Warner (Virginia) y Catherine Cortez Masto (Nevada) ya han condicionado su apoyo a que las fuerzas del orden den el visto bueno a la Sección 604. Las cartas suponen, por tanto, un torpedo directo a la línea de flotación de la ley.
Claves para entender lo que está en juego
Si la Ley CLARITY sale adelante sin cambios en la Sección 604, Estados Unidos podría encontrarse con un ecosistema cripto regulado en la superficie —intercambios y custodios bajo la SEC y la CFTC—, pero con una capa descentralizada donde las obligaciones antilavado queden diluidas. Esa dualidad es lo que preocupa a investigadores que, en la práctica, ven cómo se mueven millones en protocolos sin intermediarios claros a los que pedir cuentas.
La experiencia europea con MiCA puede servir de espejo. El reglamento comunitario, que entró en vigor en 2024, también tuvo que lidiar con la línea entre el código y la responsabilidad. Bruselas optó por definir como proveedores de servicios a quienes operan plataformas de intercambio o custodia, pero dejó fuera a los desarrolladores de software sin control sobre los fondos. Sin embargo, la norma europea incluye obligaciones de registro e información para ciertos protocolos DeFi cuando alcanzan una escala relevante. La ley estadounidense, en su forma actual, podría ir más lejos en la desregulación.
Yo creo que el debate es legítimo. Nadie sensato quiere meter en la cárcel a un joven que programó un contrato inteligente para una aplicación de préstamos. Pero tampoco podemos ignorar que los vacíos legales se explotan. La cuestión no es si los desarrolladores deben estar exentos, sino dónde se traza la línea entre crear código y operar un negocio financiero encubierto. Y en esa definición, los legisladores tendrán que escuchar tanto a Silicon Valley como a los fiscales que persiguen redes de trata.
El calendario aprieta. El 17 de julio está prevista una audiencia en Nueva York sobre la Ley CLARITY, un paso más hacia una posible votación final antes de que acabe el año. Para entonces, los senadores tendrán que decidir si ceden a las presiones de la industria o endurecen las salvaguardias que reclama la policía. Mientras tanto, el resto del mundo mira: lo que haga la mayor economía del planeta con sus normas cripto marcará el tono de muchas legislaciones nacionales en los próximos años.
