El absentismo laboral en España ha roto todas las marcas. Según los últimos datos publicados por diversos medios nacionales, en 2025 se registró una tasa del 7,68% de horas no trabajadas por bajas y permisos, lo que supone que cada día laborable faltaron a su puesto una media de 1,7 millones de empleados. Es el nivel más alto desde que existen registros oficiales y una señal de que el problema ya no es coyuntural, sino estructural.
El dato que lo cambia todo: 1,7 millones de ausencias diarias
La cifra no ha pasado desapercibida. Radio Intereconomía recogía esta semana el dato con una lectura empresarial clara: un lastre para la productividad y un coste que asumen tanto empresas como la Seguridad Social. A ello se suman los titulares de cabeceras como El Mundo, La Voz de Galicia, EL PAÍS o El Confidencial, que han coincidido en calificar la situación de “récord histórico”.
Se trata de ausencias que incluyen desde bajas por enfermedad común y accidentes no laborales hasta permisos retribuidos y absentismo no justificado, aunque la parte más preocupante para las empresas es la incapacidad temporal por contingencias comunes. El envejecimiento de la plantilla y la mayor atención a la salud mental están detrás del incremento, según los analistas.
El dato de 2025 supera al anterior máximo histórico registrado en 2024 según las series disponibles y consolida una tendencia al alza que comenzó tras la pandemia. Si en 2019 la tasa de absentismo rondaba el 5,5%, el salto en apenas seis años es de más de dos puntos porcentuales.
Para las empresas, el coste directo es enorme. Las compañías asumen el pago de los primeros quince días de baja por enfermedad común, lo que, multiplicado por 1,7 millones de ausencias diarias, supone un desembolso que la patronal CEOE cifra en varios miles de millones de euros al año. A ese gasto se suma la pérdida de productividad, la reorganización de turnos y la contratación de suplentes.
Con 1,7 millones de bajas diarias, el absentismo ha dejado de ser un problema puntual para convertirse en un coste estructural que lastra la competitividad.
Ante esta situación, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reiterado su oposición a que sean las empresas quienes asuman el coste de las bajas, y aboga por una reforma del sistema que desplace parte de la carga a la Seguridad Social. La patronal considera que el actual modelo desincentiva a las empresas a contratar en sectores con alta rotación y baja cualificación.
El Gobierno, por su parte, defiende que la protección social es un derecho y apunta a que el aumento del absentismo se debe en parte a causas estructurales como el envejecimiento de la fuerza laboral y la mayor concienciación sobre la salud mental. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja en un plan para reducir la incapacidad temporal por contingencias comunes sin recortar derechos.
¿Quién paga la factura? El coste empresarial y el debate sobre las bajas
El debate está servido y no es nuevo. La patronal CEOE lleva años reclamando que el coste de las bajas por enfermedad común no recaiga exclusivamente en las empresas tras los primeros quince días, sino que haya un mayor apoyo del sistema público. En paralelo, los sindicatos advierten de que trasladar el coste al trabajador o reducir las coberturas sociales sería un retroceso en derechos.
Lo cierto es que el absentismo genera un agujero en las cuentas de la Seguridad Social de más de 15.000 millones de euros anuales, entre prestaciones económicas y cotizaciones perdidas. Una cifra que explica por qué el Gobierno está interesado en atajar el problema sin recurrir a medidas impopulares.
En este contexto, algunas comunidades autónomas han empezado a pilotar programas de retorno progresivo al trabajo tras una baja, y empresas como Mercadona o Iberdrola han reforzado sus planes de salud laboral con resultados positivos. La clave, coinciden los expertos, no está en penalizar, sino en prevenir.
Un problema estructural que exige repensar la organización del trabajo
Más allá de las cifras récord, el absentismo récord de 2025 pone de manifiesto una disfunción más profunda. El modelo de trabajo lineal —ocho horas diarias, presencialidad estricta— no está respondiendo bien a una plantilla cada vez más diversa y con nuevas exigencias de conciliación y salud. La pandemia del COVID-19 aceleró un cambio cultural que ahora se traduce en una mayor tolerancia a la baja por enfermedad y en un estigma menor al ausentismo justificado.
He cubierto este tema en varias ocasiones y, en mi opinión, el debate se está enfocando mal. Plantear la cuestión como una pugna entre empresarios y trabajadores solo sirve para encubrir la ausencia de soluciones. Lo que necesitamos es una reforma del sistema de seguridad social que reparta mejor los costes, sí, pero también una transformación del entorno laboral: más flexibilidad, más teletrabajo y una cultura de la prevención real, no cosmética.
El récord de 2025 debería ser un punto de inflexión. No basta con mirar la estadística: hay que preguntarse por qué 1,7 millones de personas cada día no van a trabajar y qué se puede hacer para que no sea así. La respuesta no es fácil, pero ignorar el problema porque no gusta a una u otra parte solo conseguirá que en 2026 volvamos a hablar de otro récord.
