El Gobierno ha frenado en seco la reforma que miles de autónomos esperaban: mediante el veto presupuestario del artículo 134.6 de la Constitución, deja sin efecto la proposición de ley que iba a facilitar el acceso al paro de los autónomos, a implantar el IVA franquiciado para pequeños negocios y a reservar un 10% de la contratación pública. La iniciativa, registrada por Junts, no llegará ni siquiera a debate en el Congreso.
La decisión se conoció este lunes y supone un jarro de agua fría para buena parte del colectivo, que llevaba meses esperando avances en protección social y simplificación fiscal. La reforma, que tocaba varios ámbitos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), ha quedado congelada antes de empezar.
El veto del artículo 134.6: así puede el Gobierno parar una ley sin discusión
El Ejecutivo ha recurrido al artículo 134.6 de la Constitución, una herramienta que le permite oponerse a proposiciones parlamentarias que supongan un incremento del gasto público o una reducción de los ingresos del Estado. Cuando se aplica este veto, la tramitación se detiene y la propuesta no llega al Pleno.
En este caso, el Gobierno considera que medidas como la exención del IVA hasta 85.000 euros y la ampliación del gasto en prestaciones por cese de actividad tendrían un impacto presupuestario incompatible con los objetivos de déficit. La consecuencia inmediata es que los diputados ni siquiera votarán el texto.
El veto se ampara en que la medida afectaba directamente a las cuentas públicas. Según fuentes cercanas, el Ministerio de Hacienda había advertido del coste de las medidas, especialmente del IVA franquiciado, que en otros países europeos funciona con límites similares pero que aquí habría supuesto una pérdida de recaudación difícil de asumir en el actual contexto fiscal.
La reforma se paraliza por su impacto en las cuentas públicas, mientras miles de autónomos siguen esperando una protección social más justa.
Las medidas que se quedan en el cajón
La proposición de Junts no era una modificación puntual. Incluía cambios profundos en el RETA, la fiscalidad de los pequeños negocios y la contratación pública. Estos son los cuatro pilares que se desactivan:
1. Cese de actividad automático, como el paro de los asalariados. Actualmente, acceder al paro del autónomo exige demostrar pérdidas económicas mediante documentación exhaustiva. Las cifras son elocuentes: en algunos ejercicios, más de la mitad de las solicitudes son denegadas. La reforma pretendía que bastara con acreditar el cierre de la actividad y la baja para cobrar la prestación, eliminando trabas burocráticas.
2. IVA franquiciado para autónomos con ingresos de hasta 85.000 euros. El sistema, habitual en otros países de la UE, exime de repercutir y liquidar el IVA a los negocios que no superen ese umbral. De haber prosperado, habría eliminado la obligación de presentar el modelo 303 y reducido la carga administrativa de miles de pequeños empresarios.
3. Ajustes en las cotizaciones por ingresos reales. La propuesta buscaba mejorar la regularización de las cuotas, acortar los plazos de ajuste y evitar que los autónomos coticen durante meses por encima de sus rendimientos reales. También pretendía dar mayor seguridad jurídica cuando los datos fiscales se modifican a posteriori.
4. Cuota del 10% de contratación pública para autónomos y microempresas. La reforma establecía que al menos el 10% del importe anual de los contratos públicos se reservara a pequeños negocios, mediante lotes más pequeños y procedimientos simplificados. Una vía para competir con grandes empresas.
¿Hay vuelta atrás? El precedente de otras reformas vetadas
El bloqueo no es necesariamente definitivo. En otras ocasiones, el Gobierno ha utilizado el veto presupuestario para frenar iniciativas que luego, tras negociación, han resucitado con cambios. Sin embargo, el escenario político actual, con un calendario legislativo cargado, hace poco probable que el Ejecutivo presente una alternativa a corto plazo.
Mientras tanto, los autónomos seguirán enfrentándose a un sistema de cese de actividad que organizaciones como ATA o UPTA califican de «inasumible». El IVA franquiciado, que ya se aplica con éxito en Francia, Italia o Portugal, tendrá que esperar. Y la contratación pública seguirá siendo territorio de grandes corporaciones en la mayoría de las licitaciones.
La historia reciente muestra que la discusión sobre la protección del autónomo no desaparece: el sistema de cotización por ingresos reales, que entró en vigor en 2023, fue fruto de años de debate y de sucesivos vetos y enmiendas. La presión del colectivo puede reabrir el melón, pero de momento, la reforma se quedará en una oportunidad perdida.
Guía rápida: la reforma que no verá la luz
- 📅 Plazos: La tramitación queda suspendida sin fecha prevista. La propuesta no llegará al Congreso.
- ✅ Requisitos clave: Los autónomos que esperaban beneficiarse de estas medidas deberán seguir con las normas actuales. No se abre ningún nuevo periodo de solicitud.
- 🌐 Dónde informarse: El texto de la proposición se puede consultar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Para el cese de actividad actual, la sede electrónica de la Seguridad Social.
- 💰 Importe o coste: Se desvanece el ahorro del IVA para facturaciones de hasta 85.000 euros y el acceso automático al paro, que habría evitado la pérdida de ingresos en cierres de negocio.
- ⚠️ Error a evitar: Dar por hecho que el IVA franquiciado está descartado para siempre. En la próxima legislatura podría retomarse si cambia la coyuntura fiscal.
