Cotizar cuatro décadas por la base máxima de la Seguridad Social y recibir una pensión que no devuelve ni la mitad de lo aportado. Esa es la realidad que dibuja la Orden PJC/297/2026, que fija la base máxima de cotización en 5.101,20 euros al mes, mientras la pensión máxima se queda en 3.359,60 euros. Un análisis del funcionario Alfonso Muñoz Cuenca especializado en pensiones expone con cifras el agujero de proporcionalidad que arrastra el sistema.
El desfase entre base máxima y pensión máxima
La brecha en 2026 roza los 1.742 euros mensuales. Ese es el importe que el sistema descuenta de facto a los perceptores de salarios más altos al calcular la prestación. El principio de contributividad que recoge la ley —a mayor aportación, mayor retorno— queda desvirtuado por un tope de pensión que no se ha actualizado al mismo ritmo que la base máxima.
El propio especialista lo explica sin rodeos en su análisis difundido en vídeo: un trabajador con 40 años cotizados en la base máxima y que accede a la jubilación a la edad ordinaria obtiene apenas 3.359 euros pese a haber generado una base reguladora cercana a los 5.000 euros. En términos efectivos, el sistema retiene por encima del 30% de la capacidad de compra que el cotizante creía consolidar.
Tres escenarios que explican la brecha
Muñoz Cuenca dibuja tres perfiles para poner luz en el desequilibrio. El primero ya lo hemos descrito: 40 años en la base máxima, jubilación a los 65 años, pensión de 3.359 euros. “Ya se observa un importante desequilibrio”, apunta el funcionario. La diferencia entre lo que se ha aportado y lo que se cobra supera los 1.700 euros cada mes.
El segundo escenario matiza el daño: cuando la vida laboral acumula lagunas —periodos de paro, contratos a tiempo parcial o sueldos bajos—, cotizar por el máximo en los tramos altos eleva la base reguladora y amortigua los años débiles. Aquí la aparente pérdida es menor, pero solo porque el sistema usa las aportaciones ricas para tapar los agujeros de los ejercicios malos.
El tercer caso es el más sangrante. Un trabajador que adelanta su jubilación dos años, a los 63, con 40 años cotizados al máximo, sufre un coeficiente reductor del 19 %. La Seguridad Social calcula una pensión teórica de 4.132 euros, pero como supera el tope, la penalización se computa sobre los 3.359 euros de la pensión máxima, dejando una nómina líquida —después de la retención del IRPF del 20,42 %— de apenas 2.165,59 euros netos al mes.
Frente a este perfil, el análisis muestra el caso opuesto: un empleado que solo acumula 15 años de cotización a tiempo parcial, con una base de 1.100 euros y con un cónyuge a su cargo. Su base reguladora apenas alcanza los 550 euros, pero como no llega al mínimo, recibe complementos hasta los 1.127 euros mensuales netos, sin retención de IRPF.
El sistema penaliza a quien más aporta mientras protege el mínimo de las carreras más frágiles.
El dilema entre solidaridad y esfuerzo contributivo
La tensión entre equidad redistributiva e incentivo al esfuerzo contributivo no es nueva, pero la norma de 2026 la amplifica hasta extremos difícilmente justificables. La moción aprobada en el Congreso a finales de 2025 —conocida como “objetivo 40”— reclama precisamente que los trabajadores que sumen cuatro décadas de cotización efectiva puedan jubilarse anticipadamente sin penalización. La plataforma ASJUBI40 ha llevado esa bandera al debate público con insistencia.
Muñoz Cuenca lo resume con claridad: “No es lógico ni razonable penalizar gravemente a los trabajadores que más aportan a la sostenibilidad y a la viabilidad económica del sistema público de pensiones”. Sin embargo, la arquitectura actual antepone la protección de las carreras más cortas y precarias a la reciprocidad contributiva de los salarios altos. El resultado es un sistema que, en los márgenes, castiga fiscalmente a quien más lo financia.
La cuestión de fondo es qué modelo de previsión social quiere España para las próximas décadas. Si la brecha entre la base de cotización y la pensión máxima sigue agrandándose, la confianza de los grandes cotizantes se erosionará. Y sin esa confianza, el pilar contributivo pierde su principal argumento de legitimidad. La pelota está en el tejado del Gobierno, pero el calendario aprieta.
