Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por un recorte salarial que reduce sus emolumentos un 83%, de 269.000 euros a 45.000 euros anuales. El juicio, previsto para el pasado 28 de mayo, quedó suspendido por enfermedad de la jueza, según confirmó ABC.
El conflicto viene de lejos. La presentadora de La Hora de la 1 facturaba a través de su empresa Sukun Comunicación S.L. cuando el programa era una producción propia de RTVE, una fórmula que le permitió ingresar hasta 269.000 euros en un ejercicio. En 2023, una Inspección de Trabajo detectó irregularidades en ese contrato mercantil.
La Inspección investigó si existía una relación laboral encubierta, un asunto que afecta a decenas de colaboradores en el sector audiovisual. La conclusión fue clara: Intxaurrondo debía figurar como empleada de la Corporación.
De externalizar talento a trabajadora sujeta a convenio
Tras el requerimiento, RTVE le ofreció un contrato como ‘personal no fijo’, adaptando su retribución al convenio colectivo. Esto suponía un salario aproximado de 45.000 euros brutos al año, más complementos, frente a los 269.000 que percibía antes.
La diferencia de 224.000 euros supone una pérdida de poder adquisitivo muy significativa, pero no es el único frente del pleito. La presentadora también ha visto limitada su autonomía sobre el contenido y los desplazamientos, y ahora debe ajustarse al Código Ético y al Manual de Estilo de RTVE. Antes, decidía libremente el contenido de sus intervenciones, un margen de maniobra que la convertía en una figura clave del matinal.
La radio-televisión pública defendió que la periodista debía quedar sujeta al convenio colectivo, en un contexto en el que la Corporación intenta cerrar las brechas retributivas y reducir el gasto externo.
La suspensión del juicio y el malestar sindical
La vista en un juzgado madrileño estaba señalada para el jueves 28 de mayo, pero la enfermedad de la jueza obligó a aplazarla sin que se haya fijado todavía una nueva fecha. Fuentes del entorno del proceso indican que no será inmediata. El tribunal no ha concretado un nuevo señalamiento, lo que deja el caso en un limbo procesal que podría prolongarse hasta después del verano.
Mientras, las reivindicaciones de Intxaurrondo no han sentado bien entre el resto de la plantilla. El sindicato USO criticó que en RTVE ‘no debe haber trabajadores con privilegios especiales derivados de su relevancia pública, notoriedad mediática o capacidad de presión individual’.
Esa tensión interna añade una capa de complejidad al litigio: no se trata solo de una cuestión de dinero, sino del equilibrio entre atraer talento de alto perfil y mantener la equidad entre los empleados. Intxaurrondo es una de las caras más reconocibles de la mañana televisiva, y su demanda reabre el debate sobre cuánto vale un presentador en la oferta pública.
Una crisis con eco en la credibilidad de RTVE
El caso Intxaurrondo trasciende a la propia presentadora. Pone de relieve las costuras del modelo de captación de talento en la televisión pública y el riesgo de normalizar contratos externos por encima de los topes que fija el convenio. La inspección laboral ya encendió una luz roja en 2023, pero el conflicto ahora se judicializa.
Para RTVE, el desenlace puede condicionar futuros fichajes. Si Intxaurrondo logra mantener sus ingresos previos por la vía extrajudicial o judicial, se abriría la puerta a que otros presentadores estrella exijan el mismo trato. Si gana la Corporación, sentará un precedente sobre la capacidad de la dirección de la casa para homogeneizar condiciones.
La demanda, en todo caso, refleja la tensión entre la libertad creativa que la audiencia valora y la gestión económica de un ente público siempre bajo escrutinio. Un equilibrio que, a la espera de nueva fecha para el juicio, sigue en el aire.
La clave no está en cuánto ganaba Intxaurrondo, sino en si la estructura de contratación externa era legal y si el cambio a fijo debe arrastrar un recorte tan drástico. La solución judicial definirá el límite para estrellas y para gestores.
