EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Huelga indefinida del personal de tierra de Globalia Groundforce en 12 aeropuertos de Aena, con paros los lunes, miércoles y viernes en tres franjas horarias.
- ¿Quién está detrás? El conflicto laboral enfrenta a los sindicatos de Globalia Groundforce, empresa que presta servicios de handling —facturación, equipajes, asistencia— a las aerolíneas en esos aeropuertos.
- ¿Qué impacto tiene? Retrasos y cancelaciones, con episodios de equipajes desatendidos. La OCU recuerda que los pasajeros pueden exigir asistencia inmediata y compensaciones de hasta 600 euros por vuelo cancelado.
La huelga indefinida del personal de tierra de Globalia Groundforce, que comenzó el pasado lunes 1 de junio, mantiene en vilo a los viajeros de 12 aeropuertos de la red de Aena. Los paros, que se repiten lunes, miércoles y viernes, ya han provocado retrasos y equipajes sin atender en varios destinos.
Qué aeropuertos están en huelga y cómo saber si tu vuelo sufre retrasos
La convocatoria afecta a los aeropuertos de Barcelona-El Prat, Madrid-Barajas, Alacant-Elx, València, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura y Bilbao. En total, 5.578 trabajadores están llamados a secundar la huelga en turnos de mañana (05:00-07:00), tarde (11:00-17:00) y noche (22:00-24:00) cada uno de esos tres días de la semana.
Groundforce, presta servicios en tierra para numerosas aerolíneas: desde la facturación y la entrega de equipajes hasta la asistencia a pasajeros en tránsito. Por eso, los paros se traducen rápidamente en mostradores cerrados, colas y maletas que no llegan a la cinta. En Barcelona ya se han registrado acumulaciones de equipaje sin atender, y en Canarias los retrasos se han agravado durante los picos de operación.
Para comprobar si un vuelo está afectado, la recomendación es doble: seguir las comunicaciones de la aerolínea —por web, app o teléfono— y consultar la web de Aena, donde se actualiza el estado de los aeropuertos. La OCU insiste en que, aunque el vuelo aparezca como programado, conviene acudir con más antelación de la habitual para sortear los controles adicionales que puedan ralentizar el embarque.
Los derechos del pasajero: comida, alojamiento y hasta 600 euros por cancelación
En caso de retraso superior a dos horas, la aerolínea está obligada a proporcionar comida y bebida suficiente, dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuera necesario, alojamiento con traslado entre el aeropuerto y el hotel. Cuando la demora alcanza las cinco horas, el viajero puede solicitar el reembolso del billete en un plazo máximo de siete días. Si la compañía ofrece un transporte alternativo y el pasajero lo acepta, renuncia al reembolso y a la posible compensación.
La normativa europea respalda al viajero: hasta 600 euros por cancelación sin aviso de dos semanas, siempre que se reclame por escrito.
Si el vuelo se cancela, la aerolínea debe devolver el importe íntegro en siete días o recolocar al pasajero en otro vuelo. Si no le informó con al menos catorce días de antelación, además del reembolso tiene derecho a una compensación automática que depende de la distancia: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros (125 euros si el retraso no supera las dos horas), 400 euros para trayectos de entre 1.500 y 3.500 kilómetros (200 euros con un retraso máximo de tres horas) y 600 euros para vuelos de más de 3.500 kilómetros fuera de la UE (300 euros si la demora no excede las cuatro horas).
Cualquier reclamación debe formularse por escrito directamente a la aerolínea —a través de su web, en el mostrador del aeropuerto o mediante la agencia de viajes que vendió el billete— y conviene dejar constancia de la fecha y las circunstancias del incidente. La OCU recuerda que también se puede reclamar una indemnización adicional si se demuestran perjuicios concretos, como la pérdida de un vuelo de conexión que ya estuviese contratado.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El conflicto pone a prueba la capacidad de reacción del sistema aeroportuario español en un momento de alta actividad. 12 aeropuertos, incluidos los principales hubs de Madrid y Barcelona, dependen de los servicios de handling de una única empresa privada. Cuando esos servicios se interrumpen, el pasajero es quien paga la factura: esperas, maletas que no aparecen y cancelaciones que arruinan viajes de negocio o vacaciones.
La zona cero se concentra en Barcelona y Madrid, por volumen de tráfico, pero también en los aeropuertos insulares de Canarias y Baleares, donde la conectividad es más frágil y las alternativas escasean. La cifra clave es el plazo de catorce días de antelación: si la huelga se prolonga y las aerolíneas cancelan vuelos sin aviso suficiente, los pasajeros afectados podrán exigir las compensaciones máximas. Hasta ahora, muchas compañías están recolocando o reprogramando vuelos, lo que diluye la compensación.
El pulso laboral de Groundforce no es nuevo. En 2022, otro conflicto con el personal de tierra de Iberia ya provocó cancelaciones en cadena durante el verano. Entonces, como ahora, la clave estuvo en la rapidez con la que los viajeros ejercieron sus derechos. La diferencia es que en 2026 la información llega más rápido gracias a la OCU y a la propia Aena, que desde la pandemia ha invertido en comunicación digital con el pasajero.
La posición de Aena es la de un gestor de infraestructuras que observa un conflicto laboral ajeno: el handling está subcontratado. Eso sí, la imagen de los aeropuertos se resiente y la presión sobre las aerolíneas para que reaccionen crece. Mientras no haya servicios mínimos más amplios —algo que depende de la autoridad laboral— o un acuerdo de empresa, los usuarios seguirán expuestos a la incertidumbre cada lunes, miércoles y viernes.
Lo que observamos es que estamos ante un paro indefinido con un calendario semanal conocido, lo que permite a los viajeros anticiparse: evitar, si es posible, volar esos días o contratar billetes que incluyan cambio flexible. La próxima ventana crítica se abre el próximo lunes 8 de junio. Para entonces, el número de reclamaciones podría dar una medida real del impacto económico de la huelga.
