El juicio que enfrenta a la presentadora Silvia Intxaurrondo con RTVE por sus condiciones laborales ha quedado suspendido por la baja por enfermedad de la juez que debía presidir la vista este jueves en Madrid. La demanda, que permanece pendiente de señalamiento, pone sobre la mesa una brecha retributiva radical: desde los 269.000 euros anuales que la periodista percibía como externa hasta los 45.000 euros que la corporación le ofrece ahora como personal no fijo.
La paralización judicial aplaza un conflicto que llevaba camino de convertirse en un espejo incómodo para la radiotelevisión pública. De un lado, una presentadora estrella que reclama derechos económicos propios del talento mediático. Del otro, una empresa que defiende la aplicación estricta del convenio colectivo.
Un juicio suspendido y un expediente laboral que arrancó en 2023
El origen de la disputa se remonta, al menos, a tres años atrás. Cuando ‘La Hora de La 1’ se convirtió en una producción propia de RTVE, Silvia Intxaurrondo siguió vinculada al programa mediante la sociedad Sukun Comunicación S.L., una fórmula que le permitió facturar hasta 269.000 euros anuales según los datos del Portal de Transparencia.
En 2023 una inspección de Trabajo detectó posibles irregularidades en ese contrato mercantil y concluyó que la presentadora debía figurar como trabajadora de la corporación. RTVE, forzada por el dictamen, le ofreció entonces un vínculo como personal no fijo, con una retribución cercana a los 45.000 euros más complementos – una cifra alineada con el convenio pero muy inferior a la que venía cobrando.
De 269.000 euros a 45.000: la brecha que ha dividido a la plantilla
La diferencia económica es el detonante más visible del pleito, aunque no el único. El sindicato USO ya ha advertido de que las exigencias de la comunicadora no han sentado bien entre los trabajadores de la casa. La organización reclama coherencia y sostiene que en la corporación «no debe haber trabajadores con privilegios especiales derivados de su relevancia pública, notoriedad mediática o capacidad de presión individual».
A esa fractura salarial se suma la pérdida de ventajas que Intxaurrondo disfrutaba como externa: desde los desplazamientos hasta la plena autonomía sobre el contenido del programa. Bajo el nuevo marco, la presentadora está obligada a ajustarse al Código Ético y al Manual de Estilo de RTVE, una limitación que antes no existía.
La suspensión del juicio, que ha trascendido tras la confirmación de ABC, deja en el aire la resolución del caso mientras la plantilla de RTVE observa con expectación. Lo que se dirima en los tribunales afectará a la estructura laboral de uno de los principales grupos audiovisuales del país.
El conflicto de Silvia Intxaurrondo no es solo una disputa salarial: pone a prueba la capacidad de RTVE para absorber talento externo sin fracturar el convenio que protege a sus trabajadores.
Lecciones para la Corporación: externalización y convenio colectivo
La batalla judicial entre Silvia Intxaurrondo y RTVE es el síntoma de un modelo de contratación que ha mostrado sus grietas. Durante años, las televisiones públicas han recurrido a productoras y sociedades unipersonales para incorporar a rostros muy visibles sin engordar la plantilla fija. Esa arquitectura permitía una flexibilidad que, en la práctica, esquivaba el convenio y el control sindical.
El dictamen de la Inspección de Trabajo que forzó la regularización de Silvia Intxaurrondo es el mismo tipo de pronunciamiento que, en otros sectores, ha llevado a la integración de falsos autónomos. La diferencia aquí es que la afectada no es un repartidor, sino una presentadora con una capacidad de negociación y una exposición que ningún otro trabajador de la casa tiene.
Esa asimetría es la que está provocando el malestar interno. RTVE se enfrenta a la paradoja de tener que defender un puesto de trabajo con una remuneración mínima que, a ojos de la plantilla, es la que corresponde a cualquier redactor de base, mientras la demandante aspira a un estatus económico reservado al talento externo.
La solución no es sencilla. Si la justicia da la razón a la presentadora, la Corporación se vería obligada a revisar todos los contratos de personal no fijo con perfiles similares, lo que dispararía los costes. Si vence RTVE, el mensaje hacia los colaboradores estrella será claro: quienes quieran mantener su nivel retributivo tendrán que buscarlo fuera de la estructura directa de la empresa.
En esta redacción creemos que el verdadero problema no es el salario de Silvia Intxaurrondo, sino la ausencia de una regulación específica que distinga a aquellos profesionales con un valor de mercado que multiplica varias veces el de un trabajador medio del sector. El caso está, ahora, en manos de una juez que, antes de caer enferma, ya tenía una decisión compleja sobre la mesa.
