La factura eléctrica de los hogares y las empresas europeas podría ahorrar 71.000 millones de euros al año. Esa es la cifra que maneja la Comisión Europea en la hoja de ruta de digitalización e inteligencia artificial para el sector energético que la vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, ha presentado este lunes en Bruselas. El plan, detallado en el portal de digitalización energética de la UE, aspira a convertir los datos y los algoritmos en la principal palanca para abaratar la operación de las redes, integrar más renovables y evitar que el auge de los centros de datos dispare la congestión.
Claves de la operación
- El ahorro de 71.000 millones anuales se apoya en la flexibilidad de la demanda. Los algoritmos de IA permiten desplazar el consumo a las horas de generación renovable, reduciendo los costes de red y la energía no suministrada.
- La Comisión pondrá coto a los centros de datos con acuerdos tripartitos. El consumo eléctrico de estos centros podría triplicarse hasta los 35 GW en 2030. Bruselas impondrá un sistema de calificación de eficiencia y promoverá pactos con administraciones y operadores para planificar su localización y conexión a la red.
- Europa movilizará más de 200 millones de euros en I+D+i en dos años. Horizon Europe financiará modelos fundacionales de IA para redes, renovables y nuclear, con el objetivo de que la UE no dependa de tecnología estadounidense o china.
El doble filo de los centros de datos
Los centros de datos consumen hoy alrededor del 2% de la electricidad de la UE, pero su demanda podría más que triplicarse hasta alcanzar los 35 GW en 2030. Este crecimiento, concentrado en un número limitado de regiones, ya está generando tensiones en las redes de transporte y distribución. La Comisión Europea advierte de que algunas solicitudes de conexión tienen una dimensión comparable a la de grandes plantas industriales, lo que eleva el riesgo de congestión local y de precios más altos para todos los consumidores.
Para ordenar esta expansión, Bruselas propone acuerdos tripartitos entre administraciones, operadores de centros de datos y gestores de redes. Estos pactos coordinarían la planificación eléctrica, la conexión a redes limpias, la reutilización del calor residual y la prestación de servicios de flexibilidad al sistema. Además, la Comisión creará un sistema europeo de calificación de centros de datos que medirá la eficiencia energética, el uso del agua y el consumo de renovables. Los primeros estándares mínimos de rendimiento entrarán en vigor en 2030 para las nuevas instalaciones, mientras que las etiquetas llegarán en 2027.
Redes inteligentes: más allá del cobre
La Comisión estima que Europa necesitará más de 1,2 billones de euros en inversión en redes entre 2024 y 2040, de los que 730.000 millones corresponderán a distribución y 430.000 millones a transporte. Pero el documento subraya que no basta con tender más cable: las inversiones deben incorporar soluciones digitales capaces de optimizar los activos existentes, acelerar la respuesta ante incidencias y facilitar la flexibilidad de la demanda.
Para ello, Bruselas impulsará gemelos digitales de las redes europeas con los operadores continentales ENTSO-E y la entidad de distribuidores, y creará un espacio común de datos energéticos. Este Energy Data Space servirá para entrenar modelos europeos de IA que permitan prever congestiones, detectar fallos y planificar inversiones con datos meteorológicos y de mercado. La primera prioridad será la recarga inteligente del vehículo eléctrico, un ámbito en el que la penetración de la movilidad eléctrica en España y otros países del sur puede multiplicar los beneficios.
Digitalizar la red es la única vía para que la electrificación no dispare los precios ni las inversiones en infraestructura física.
La dimensión de ciberseguridad también está presente. Las empresas de gas y electricidad sufrieron una media de 1.500 ataques semanales en 2024, tres veces más que cuatro años antes, según datos recogidos en el documento. Bruselas quiere desarrollar herramientas de IA y monitorización soberanas para detectar anomalías y automatizar la respuesta ante incidentes, un requisito crítico para un sistema cada vez más conectado.
Una oportunidad para el IBEX 35 y la industria española
En esta redacción entendemos que el plan Ribera abre una ventana de oportunidad para las grandes eléctricas del IBEX 35 —Iberdrola, Endesa, Redeia— y para la industria tecnológica española. Iberdrola ya ha desplegado más de 12,5 millones de contadores inteligentes y su experiencia con gemelos digitales en Reino Unido puede replicarse en Europa. Endesa acelera Open Power Grid para implantar analítica avanzada. Con los precios mayoristas peninsulares aún por encima de la media de la UE, la digitalización de la red puede devolver competitividad a la industria local y amortiguar las subidas de la luz.
Sin embargo, el gran riesgo está en la dependencia de los modelos de IA estadounidenses. El borrador de la hoja de ruta recuerda que en 2024 Estados Unidos produjo 40 grandes modelos fundacionales, China 15 y la UE solo tres. Bruselas quiere romper esa inercia creando modelos soberanos entrenados con datos energéticos europeos, financiados con los 200 millones de euros que Horizon Europe destinará en los próximos dos años a soluciones digitales y de IA para la energía. Si las empresas españolas no participan en los consorcios que desarrollen esos algoritmos, la oportunidad de generar propiedad intelectual y servicios exportables podría quedar en manos de actores externos. En un país como España, que año tras año bate récords de generación renovable, la flexibilidad inteligente de la demanda puede reducir los vertidos y aumentar el valor de los megavatios verdes.
La Comisión lanzará también una DSO Academy dotada con 10 millones de euros para formar a los operadores de redes de distribución en competencias digitales y un foro anual de digitalización energética a partir de este mismo año. El calendario es ambicioso: el sistema de calificación de centros de datos se adoptará en 2026, el espacio de datos energéticos estará operativo en el primer trimestre de 2027 y los primeros estándares de rendimiento empezarán a aplicarse en 2030. Queda por ver si los Estados miembros y los reguladores nacionales comparten la urgencia de Bruselas o si, como ha ocurrido con otras directivas, la trasposición se dilata y los ahorros prometidos tardan en llegar a la factura.
