Luis de Guindos, el vicepresidente del BCE que esta semana cede el testigo a Boris Vujcic, ha hablado con la claridad de quien ya no se presenta a reelección. En su entrevista con EXPANSIÓN, la pregunta fue directa: «¿Saldrá el Estado algún día de CaixaBank?». Su respuesta, un escueto «Debería», seguida de la coletilla de que «en mi época como ministro se hicieron varias desinversiones y creo que es como debe ser». Las palabras del que fuera ministro de Economía entre 2011 y 2018 reabren un debate que el propio Ejecutivo de Sánchez parecía tener aparcado.
El Estado, a través del FROB, conserva una participación significativa en el banco —una herencia de la crisis financiera— tras la fusión con Bankia. Las desinversiones parciales que menciona Guindos dejaron al sector público como accionista minoritario, pero con presencia en el consejo.
Guindos, el arquitecto de la consolidación, pide ahora el paso final
Durante su mandato al frente de Economía, los famosos decretos Guindos forzaron la reestructuración del sector financiero español. Fusiones, cierre de oficinas y saneamiento de balances cambiaron el mapa bancario. Y en ese proceso, el Estado entró en el capital de varias entidades. Ahora, desde Fráncfort, Guindos sostiene que la presencia pública es un obstáculo para la Unión Bancaria.
En la misma entrevista, el vicepresidente saliente insistió en que «la zona euro debe ser un área de libre flujo de capitales y liquidez, y los gobiernos no deberían interferir». Una afirmación que choca con la realidad: el FROB sigue sentado en el consejo de CaixaBank.
No es la primera vez que Guindos se pronuncia a favor de la salida. Ya en 2023, en un foro financiero, había sugerido que el sector público debía retirarse cuando las condiciones de mercado lo permitieran. La novedad es el tono: ahora habla como un alto cargo del BCE a punto de dejar el cargo, sin ataduras políticas.
La presencia del Estado en CaixaBank contradice la lógica de la Unión Bancaria y lastra la imagen de un sector que aspira a ser competitivo sin interferencias.
¿Un horizonte de privatización con calendario concreto?
La pregunta incómoda es si el Gobierno de coalición está dispuesto a dar ese paso. El PSOE y Sumar han defendido históricamente la participación pública en la banca. Pero la rentabilidad de CaixaBank y el entorno de tipos altos ofrecen una ventana de oportunidad. Los analistas de mercado llevan meses valorando el potencial de una colocación acelerada del paquete del FROB.
Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, evitan comprometerse. La vicepresidenta Calviño ya señaló en 2024 que la desinversión se haría «cuando las condiciones de mercado sean adecuadas», una fórmula que permite prórrogas indefinidas. La acción de CaixaBank cotiza en torno a los 5 euros. Una desinversión del FROB, que podría rondar los 2.000 millones de euros a precios de mercado, supondría un sobrehang significativo. Pero si se ejecuta mediante un placement acelerado con descuento limitado, podría absorberlo el mercado sin sobresaltos.
La contradicción de la Unión Bancaria que Bruselas no resuelve
Guindos puso el dedo en la llaga al denunciar la inconsistencia de algunos países que reclaman una Unión Bancaria más profunda mientras bloquean operaciones de consolidación transfronteriza. «Existe una contradicción y esa postura afecta negativamente a la credibilidad del mensaje sobre la necesidad de avanzar en la Unión Bancaria y en la unión del mercado de capitales», dijo. España está entre esos estados que, al tiempo que exigen integración, mantienen un banco bajo control público.
Esta dualidad es un lastre para la competitividad del sector financiero europeo. Mientras los supervisores insisten en la libre circulación de capitales, los gobiernos conservan participaciones que actúan como freno político. La salida del Estado de CaixaBank no solo sería un mensaje de coherencia, sino que liberaría la gobernanza del banco de posibles injerencias.
Los inversores institucionales han observado con interés. Un CaixaBank totalmente privado podría ser más atractivo en términos de fusión o de recompra de acciones. Pero cualquier movimiento requerirá un Ejecutivo con voluntad política… y quizás sin las ataduras de una coalición.
