La regulación de las criptomonedas en Estados Unidos lleva años estancada, pero la frase de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, ha puesto la puntilla: la CLARITY Act está ‘muerta al llegar’. Con esas palabras, el banquero más influyente del país ha dejado claro que el sector financiero tradicional no quiere una ley integral que dé seguridad jurídica al universo cripto. Y si el mayor lobby bancario se opone a la CLARITY Act, sus posibilidades de prosperar en el Senado son prácticamente nulas.
La CLARITY Act (Clarity for Digital Tokens Act, en sus siglas en inglés) era el proyecto de ley más ambicioso hasta la fecha para ordenar el mercado estadounidense. Buscaba establecer una frontera nítida entre los activos que debe vigilar la Comisión de Bolsa y Valores —la SEC— y los que caen bajo el paraguas de la Comisión de Comercio de Futuros —la CFTC—. Algo que en teoría es sensato, pero que choca de de frente con el statu quo bancario.
Porque, más allá de los detalles técnicos, lo que revela la intervención de Dimon es una verdad incómoda: la gran banca no necesita una regulación cripto completa. Prefiere un escenario con lagunas legales donde los productos financieros tradicionales mantengan su ventaja competitiva. Un marco legal diáfano abriría la puerta a que los exchanges, los protocolos DeFi y los emisores de stablecoins compitieran en igualdad de condiciones con los bancos. Y eso, para entidades como JPMorgan, no es rentable.
Dimon nunca ha escondido su animadversión hacia bitcoin —llegó a decir que era un ‘fraude’—, aunque luego su propio banco ha ido explorando el espacio de activos digitales. Esta vez no habla como un detractor ideológico, sino como el presidente de la institución que más puede perder si las reglas del juego favorecen a nuevos actores. Su anuncio de que la CLARITY Act no tiene recorrido es un mensaje a los legisladores: ni lo intenten.
El proyecto había cosechado apoyos bipartidistas, impulsado por el ala más liberal demócrata y por republicanos partidarios de la innovación. Pero sin el respaldo del ‘Wall Street’ tradicional, los patrocinadores se quedan sin la cobertura política necesaria en un año electoral. La legislatura se agota y el calendario no perdona. La CLARITY Act, que iba a ser el marco regulatorio de referencia, se desvanece antes de nacer.
Cuando Jamie Dimon dice que algo está muerto, no es una opinión: es el pronóstico del mayor banco del mundo.
Una regulación que prometía claridad, bloqueada por la banca
El punto central de la CLARITY Act era la clasificación de los tokens digitales. Actualmente, en EE.UU., la SEC ha ido construyendo una maraña de criterios a base de litigios, mientras que la CFTC reclamaba competencia sobre bitcoin y ether. La inseguridad jurídica ha ralentizado la llegada de grandes inversores institucionales más allá de los ETFs al contado, que sí han contado con luz verde. La propuesta pretendía unificar criterios y dar un plazo de adaptación de 18 meses.
El texto contemplaba también la creación de un registro nacional de exchanges cripto y obligaba a las plataformas a segregar los fondos de los clientes, algo muy similar a lo que ya se exige en la Unión Europea con la regulación MiCA, que entró en vigor este mismo año. Si la CLARITY Act hubiese avanzado, habría equiparado a Estados Unidos con el bloque comunitario y evitado una fuga de talento y capital hacia otras jurisdicciones.
Sin embargo, la banca ha entendido que ese ‘orden’ implicaba un reconocimiento oficial de un ecosistema paralelo que podría competir con la banca de inversión en la captación de depósitos, préstamos y gestión de activos. De ahí que la divisa de JPMorgan sea, literalmente, matar la ley de cuna.
Por qué Jamie Dimon se opone y qué busca el sector bancario
La declaración de Dimon no ocurre en el vacío. En los últimos meses, varias asociaciones bancarias han presionado a los congresistas para que retiren cualquier norma que obligue a los bancos a integrar servicios cripto o a competir con empresas que no están sujetas a las mismas exigencias de capital. La CLARITY Act, al poner las reglas claras, precisamente eliminaba la ambigüedad que ahora permite a los bancos mantenerse al margen mientras acaparan servicios de custodia de cripto para grandes patrimonios.
Es una apuesta arriesgada: JPMorgan gestiona activos por valor superior a los 3 billones de dólares y ha invertido en su propia plataforma de blockchain, Onyx. Quiere tener las manos libres para avanzar en la tokenización de activos tradicionales sin someterse a una legislación que igualaría su estatus al de Coinbase o Binance. Para el inversor minorista, esta postura supone seguir sin una protección clara en caso de quiebra de un exchange, algo que ya sufrió con el colapso de FTX.
La paradoja es evidente: el sistema financiero más sofisticado del mundo sigue sin un marco legal para las criptomonedas, mientras que regiones como la Unión Europea, Japón o incluso los Emiratos Árabes Unidos ya han aprobado los suyos. La muerte de la CLARITY Act no solo frena la regulación, sino que podría acelerar la diáspora cripto hacia Europa.
Lo que la muerte de la CLARITY Act significa para el inversor en cripto
Suelo decir que el inversor medio no entiende de leyes, sino de cuándo le afectan. Y esta noticia le afecta en varios niveles. Primero, porque la incertidumbre regulatoria en EE.UU. seguirá pesando sobre el precio de bitcoin y el resto del mercado. Los grandes fondos de pensiones y aseguradoras necesitan certidumbre jurídica para destinar un porcentaje de sus carteras a cripto. Sin la CLARITY Act, muchos continuarán al margen, limitando la demanda institucional más allá de los productos cotizados.
Segundo, porque los exchanges que operan en el país —aunque sean entidades extranjeras— se mantendrán en un limbo legal que encarece los costes de cumplimiento y, al final, se traslada al usuario final en forma de comisiones más altas o limitaciones de productos. Y tercero, porque si el mercado estadounidense sigue fragmentado bajo la lupa de la SEC, los proyectos de finanzas descentralizadas buscarán radicarse en países con normativas más predecibles. El talento emigrará y la innovación financiera se desarrollará lejos de Wall Street.
En mi opinión, el movimiento de Dimon es cortoplacista y refleja un temor mal gestionado. La llegada de una regulación clara no es una amenaza para los bancos; es la puerta de entrada a un mercado que, solo en capitalización, ya supera los 5 billones de dólares a nivel global. Lo que la banca no quiere es perder el control de la narrativa.
Con la CLARITY Act descarrilada, la pelota vuelve al tejado del Congreso, donde habrá que esperar a la próxima legislatura para retomar el debate. Mientras tanto, la criptoeconomía seguirá creciendo en Europa, donde MiCA ya marca el camino. Estados Unidos, por su parte, seguirá hablando de proteger los mercados, aunque en realidad proteja a sus propios banqueros.
