Un documento oficial de Patrimonio Nacional ha puesto cifras a un gasto recurrente y opaco: 40.368 euros en efectivo destinados a la finca de La Mareta, la residencia vacacional del presidente Pedro Sánchez en Lanzarote. La cantidad representa el 44,4% del total de los desembolsos en metálico que el organismo público realizó entre 2018 y 2025 para atenciones protocolarias, suministros y mantenimiento.
El importe global de esos pagos ascendió a 90.873 euros, según la resolución firmada por Ana de la Cueva Fernández, presidenta del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, a la que ha tenido acceso Libre Mercado. La finca canaria concentró esa parte desproporcionada del gasto: en 2023, más de dos tercios del efectivo anual se esfumaron en la propiedad.
La caja fija de Patrimonio Nacional: 90.873 euros sin rostro
Los números, ejercicio a ejercicio, dibujan una tendencia clara. En 2018, La Mareta solo se llevó el 17,4% del efectivo; en 2019 saltó al 38%, y tras dos años de escasa actividad —marcados por la pandemia— la proporción se disparó: 42,5% en 2022, 66,8% en 2023, 63,6% en 2024 y 58,4% en 2025. En total, 40.368 euros, el 44,4% del efectivo de la institución, fluyeron hacia el enclave costero.
Los conceptos incluidos bajo el paraguas de “La Mareta” son variados: desde mantenimiento y reparaciones hasta suministros y atenciones protocolarias. En 2023, el desembolso más elevado se correspondió con “mantenimiento en la finca canaria”, por 535 euros, seguido de la reparación de termos. Un año antes, la cumbre de la OTAN en Madrid se llevó 504 euros en velas para una cena dentro del mismo capítulo.
Sin embargo, más allá de las cifras, la resolución deja un reguero de interrogantes. La solicitud original pedía identificar por nombre o cargo a las personas que realizaron o se beneficiaron de cada pago. La respuesta de Patrimonio Nacional se limitó a señalar que el “jefe de servicio de caja” es el responsable de gestionar los adelantos, sin aportar nombres ni funciones específicas de los beneficiarios. Tampoco se facilitaron las fechas exactas ni la documentación justificativa de los diez mayores desembolsos anuales, a pesar de que la petición de transparencia las exigía.
Cuando el 44% del efectivo de una institución pública se dedica a mantener la residencia de vacaciones del presidente, la rendición de cuentas se convierte en un requisito no negociable.
La Mareta, del regalo real al cortijo vacacional
La historia de la finca se remonta a 1979, cuando el rey Hussein de Jordania la donó al rey Juan Carlos I como gesto de agradecimiento por la mediación española en los acuerdos de Camp David. Diseñada por el arquitecto lanzaroteño César Manrique, la propiedad de Costa Teguise fue cedida al Ministerio de Turismo con el objetivo de promover la imagen del archipiélago. Nunca, en su concepción original, estuvo pensada para convertirse en el refugio estival de un jefe de Gobierno.
Fuentes del Patrimonio Nacional recuerdan que Felipe VI, cuando aún era Príncipe de Asturias, impulsó la cesión de la finca al departamento de Turismo. “Quería que fuera un escaparate de la isla, no el chalé particular del presidente de turno”, señala un antiguo responsable del organismo consultado por esta redacción. El contraste entre aquella voluntad y el uso actual no puede ser más estridente.
Opacidad y simbolismo: la factura política del chalé de Lanzarote
El problema no es solo contable. La concentración de recursos en una propiedad que Sánchez ha convertido en su residencia estival habitual añade una carga de simbolismo muy lesiva para la imagen de austeridad que los gobiernos suelen reclamar. En 2024, con el país lidiando con incendios forestales y una crisis migratoria en Canarias, el presidente interrumpió sus vacaciones en La Mareta para seguir la emergencia por videoconferencia. “Se puede gobernar desde cualquier sitio”, se ha argumentado. Pero la percepción ciudadana no casa con el blindaje de la finca: en 2025 se prohibió la navegación en las aguas circundantes, en la práctica un trato de espacio privado.
La opacidad deliberada en la identificación de los beneficiarios agrava el cuadro. Los 40.368 euros en efectivo, una modalidad de pago cada vez más excepcional en la administración, se justifican genéricamente bajo los epígrafes de protocolo y suministros. Pero sin nombres ni facturas concretas, la rendición de cuentas se diluye. Cualquier ciudadano tiene derecho a saber si esos fondos sirvieron para reparar una persiana o para atender gastos personales de los inquilinos ocasionales.
Esta redacción ha podido constatar que la propia Ana de la Cueva Fernández, firmante de la resolución, percibió en 2025 un salario de 130.041 euros. En un contexto de contención generalizada del gasto público, cada euro de efectivo que escapa a un control nominal detallado alimenta un relato de desconexión. Lo que está en juego, más allá de la anécdota vacacional, es la credibilidad de las instituciones de control.
La Mareta, pensada por Manrique como un diálogo entre arquitectura y paisaje, se ha convertido en un icono de la distancia entre el poder y la calle. Si el Gobierno no facilita la traza completa de esos pagos, la sospecha de que el cortijo presidencial se ha financiado con dinero público sin el debido escrutinio seguirá ganando terreno.
