23,3 millones de euros: esa es la partida que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en juego para acelerar la descarbonización del transporte de la capital. Una cifra que, más allá del impacto ambiental, tiene una lectura económica inmediata para autónomos y compañías de reparto. La nueva edición de las ayudas Cambia 360 se abrió el pasado 15 de abril y, a diferencia de otras líneas ya cerradas, mantiene su ventanilla abierta para la distribución de mercancías hasta el 15 de septiembre de 2026.
Los datos, según la información oficial del Ayuntamiento, son estos: para furgonetas de categoría N1, la ayuda base es de 11.000 euros si el vehículo es CERO emisiones; 7.000 euros si es ECO y 5.000 euros para etiqueta C. En la categoría de camiones ligeros (N2), la subvención alcanza 12.000 euros para modelos CERO. Y el verdadero golpe de efecto llega con el achatarramiento: quien entregue un vehículo antiguo al desguace suma 3.000 euros extra. De este modo, una furgoneta eléctrica puede quedar respaldada con hasta 14.000 euros de fondos públicos (11.000 + 3.000), y un camión ligero, con hasta 15.000.
¿Quién puede solicitar estas ayudas y con qué plazos?
Atención a los calendarios, porque no todos los bolsillos llegan a tiempo. La línea para vehículos particulares (coches puros, con hasta 4.000 euros para etiqueta CERO y 2.000 euros para ECO, más 1.500 euros extra por achatarrar un coche antiguo) cerró el 20 de mayo. Si lees esto a 31 de mayo, esa puerta ya está cerrada. Sin embargo, los profesionales del reparto y la micromovilidad aún pueden acceder: la ventanilla para Distribución Urbana de Mercancías (DUM) y para bicicletas, ciclomotores y motos eléctricas (hasta 1.000 euros) permanece abierta hasta el 15 de septiembre. Los taxis tienen su propio plazo, del 1 de mayo al 1 de junio, y los puntos de recarga también cerraron el 20 de mayo.
La gestión de la solicitud es íntegramente telemática y se canaliza a través de la plataforma Madrid360.es, donde se exige presentar la factura de compra y, en su caso, el certificado de baja definitiva del vehículo achatarrado. El Ayuntamiento ha comprometido un presupuesto total de 23,3 millones de euros para esta convocatoria, una cantidad que, a juicio de los concesionarios consultados, ya ha comenzado a mover el mercado de flotas en la región.
Microayudas con macroimpacto: de la bici eléctrica a la moto de reparto
No solo de furgonetas vive el plan. El Ayuntamiento reserva un crédito específico para la movilidad personal ligera que está calando entre los riders y las empresas de última milla. Las bicicletas eléctricas reciben 400 euros; los ciclomotores, 600 euros; y las motocicletas eléctricas, 1.000 euros. Son importes modestos, pero en un sector donde los márgenes por envío son de céntimos, la renovación de una flota de bicis puede marcar la diferencia entre operar dentro o fuera de la legalidad ambiental. En un sector tan atomizado, la rapidez en la solicitud marca la diferencia.
Esta línea, que también cierra el 15 de septiembre, ha sido un éxito en ediciones anteriores. Según fuentes del sector, en 2025 se agotaron los fondos para motos eléctricas tres semanas antes de que acabara el plazo.
La electrificación del reparto no es una cuestión de sostenibilidad: es la próxima barrera de entrada al centro de Madrid.
Cambia 360 como palanca de competitividad, no solo ambiental
Visto con perspectiva, el plan Cambia 360 es mucho más que una subvención verde. Madrid ha logrado cumplir por cuarto año consecutivo con las directivas europeas de calidad del aire, un hito que no todas las capitales pueden contar. Pero, sobre todo, ha tejido un sistema de incentivos que premia a las empresas que electrifican su logística antes que sus competidores. En la distribución urbana, donde los costes de combustible y la restricción de acceso al centro pesan cada día más, tener una flota CERO se está convirtiendo en la llave para mantener los márgenes.
El extra de 3.000 euros por achatarrar un vehículo antiguo es, en el fondo, una medida de política industrial: saca del parque coches diésel de más de quince años y los sustituye por tecnología actual, lo que reduce el diferencial de coste total de propiedad entre un eléctrico y un diésel. Para un autónomo que invierta 40.000 euros en una furgoneta eléctrica, una ayuda de 14.000 euros reduce la factura en un 35%, un porcentaje que ningún fabricante ofrece como descuento comercial.
Con todo, hay riesgos. La dependencia de los fondos públicos convierte al sector en rehén de la agenda política. Si el próximo consistorio recorta el programa, el mercado de vehículos eléctricos comerciales podría resentirse justo cuando está despegando. Y la obligación de presentar la baja del vehículo antiguo como requisito excluye a las empresas de nueva creación, que no tienen nada que achatarrar, y que quizás son las que más necesitan el apoyo. Un matiz que el Ayuntamiento de Madrid quizá debería revisar en la próxima convocatoria.
