La supresión del PVPC subiría la factura de la luz en 106 euros al año. El dato, avalado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), coloca el recibo medio anual en 814 euros, un 15% más que los actuales 708. La causa: la Comisión Europea quiere acabar con la tarifa regulada por considerar que distorsiona el mercado.
El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) cubre actualmente a unos 9 millones de hogares con potencias contratadas bajas. Su precio no lo fija una comercializadora, sino que está supervisado por el Estado. Y es precisamente esa intervención lo que Bruselas juzga incompatible con la libre competencia.
De 708 a 814 euros: así subiría el recibo con el fin del PVPC
Según los cálculos de la OCU, un hogar con una potencia baja y un consumo medio de 3.500 kWh al año paga hoy 708 euros bajo la tarifa regulada. Si la tarifa desapareciera y tuviera que contratar en el mercado libre, el coste ascendería a 814 euros, un incremento de 106 euros anuales.
La subida no es lineal. Las familias más afectadas serán las que menos margen tienen: hogares con ingresos ajustados, pensionistas y perceptores del bono social eléctrico. Este último está vinculado al PVPC; eliminarlo pondría en riesgo la ayuda que hoy reciben los colectivos más vulnerables.
Bruselas aprieta y el Gobierno se queda sin alternativas
La Comisión Europea lleva meses insistiendo en que la tarifa regulada debe ser temporal y reservarse exclusivamente a los consumidores en situación de pobreza energética. Considera que mantener un precio artificial para 9 millones de clientes obstaculiza la eficiencia y frena la entrada de nuevos actores al mercado minorista de electricidad.
Pese a las reticencias iniciales del Ejecutivo, fuentes del sector energético dan por hecho que España acabará cediendo a la exigencia comunitaria. La periodista Pilar García de la Granja, en una información recogida por COPE, subrayó que «no va a quedar más remedio» que acatar la decisión de Bruselas.
El fin del PVPC supondrá un mordisco de más de 100 euros para hogares que en muchos casos apenas superan el salario mínimo, justo cuando repunta el consumo de aire acondicionado.
Un golpe al bolsillo con el verano en el horizonte
La eliminación de la tarifa regulada llega en un momento especialmente sensible. El recibo de la luz ya acumula tensiones por la subida del IVA y el encarecimiento de los peajes. Sumar 106 euros más al año en plena campaña de calor —cuando los electrodomésticos de refrigeración disparan el consumo— amplifica el impacto sobre la renta disponible.
Desde el punto de vista regulatorio, la posición de Bruselas es coherente con su doctrina de mercado único, pero choca con la realidad social de un país donde la tarifa regulada ha sido un colchón para millones de familias. La paradoja es evidente: mientras la Unión Europea impulsa la transición energética y exige inversiones millonarias en renovables, elimina la herramienta que protegía a los consumidores de las subidas de precios en el corto plazo.
En ese escenario, el Gobierno tendrá que replantear el bono social eléctrico para desvincularlo del PVPC y garantizar que los hogares vulnerables no queden desprotegidos. Un rediseño que llevará meses y que, mientras tanto, obligaría a muchos hogares a a ajustar aún más su presupuesto mensual. La factura de la luz no espera, y el termómetro ya empieza a subir.
