Ignacio Galán fue contundente este jueves en la junta de accionistas de Iberdrola. El presidente de la eléctrica cargó contra el monopolio de Redeia en el transporte de electricidad, al que acusó de desplazar inversiones millonarias fuera de España, y fijó un nuevo objetivo de beneficio de 21.000 millones de euros hasta 2028.
La denuncia de Galán contra el monopolio de Redeia
Galán no se limitó a la crítica. Propuso la escisión de Red Eléctrica de España y la privatización de las líneas de alta tensión, una idea que ya había esbozado en el pasado pero que ahora gana fuerza tras la junta. “El modelo actual limita la competencia y encarece la inversión. Estamos llevando nuestro capital a países con marcos regulatorios más abiertos”, afirmó ante los accionistas.
Redeia, la matriz de Red Eléctrica, mantiene el monopolio legal sobre la red de transporte de electricidad en España. Según los datos de la compañía, gestiona más de 45.000 kilómetros de líneas y subestaciones. Para Galán, esa posición de dominio desincentiva la modernización y ralentiza la integración de renovables.
En la misma junta, los accionistas respaldaron masivamente la gestión de Galán, que cumple 20 años al frente de la utility. También aprobaron la distribución de un dividendo récord de 15.000 millones de euros en el trienio 2026-2028, ligado al nuevo plan estratégico.
Un plan de 21.000 millones con la mirada en el exterior
El corazón, sin embargo, lo ocupa el objetivo de beneficio. Iberdrola se ha marcado una meta de 21.000 millones de euros acumulados hasta 2028, lo que supone un incremento de doble dígito sobre el trienio anterior. La compañía confía en que el negocio internacional —especialmente en Estados Unidos, Reino Unido y Brasil— compense el freno que atribuye al mercado español.
“La regulación en España nos penaliza frente a otros países. Nuestra inversión en redes aquí está por debajo de lo que nos gustaría, y eso se nota”, explicó Galán. Iberdrola prevé invertir 41.000 millones en total, de los cuales una parte creciente se destinará a redes fuera de España.
La eléctrica prevé crear 10.000 nuevos empleos en el periodo, reforzando su apuesta por la transición energética. Pero el mensaje fue claro: sin cambios regulatorios, el peso de España en la cartera de Iberdrola seguirá menguando.
El dinero no entiende de patrias, y si el marco español no acompaña, los 21.000 millones de beneficio se construirán cada vez más lejos.
El giro internacional no es nuevo. Iberdrola ya obtiene más del 60% de su resultado bruto de explotación (ebitda) fuera de España. En Estados Unidos, su filial Avangrid gestiona redes en Nueva York y Maine; en Reino Unido, ScottishPower es uno de los mayores operadores de distribución. El objetivo de 21.000 millones de beneficio se apoya en esa plataforma global, con inversiones previstas de 41.000 millones, de los cuales más de la mitad irán a redes.
Fuentes de Redeia defendieron la estabilidad del modelo y recordaron que la red española es una de las más fiables de Europa. “La estabilidad regulatoria es clave para mantener las inversiones”, señalaron.
Por qué el monopolio eléctrico lastra la competitividad de España
Más allá del rifirrafe empresarial, las palabras de Galán tocan un nervio sensible del sistema energético español. Redeia opera como un monopolio natural regulado, lo que en teoría garantiza la seguridad de suministro pero, según sus críticos, paraliza la innovación y la inversión. En otros países europeos, como Reino Unido o Italia, la gestión de las redes de transporte se ha abierto parcialmente a la competencia, con resultados dispares pero siempre con mayor agilidad inversora.
El debate no es nuevo. Ya en 2023, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó revisar el marco retributivo de la red de transporte para incentivar la digitalización y la integración de renovables. Sin embargo, el Gobierno ha evitado abrir el melón de la privatización de líneas, en parte por la sensibilidad política del asunto. La advertencia de Galán —con 21.000 millones de euros en juego— puede reavivar esa discusión.
No obstante, conviene tomar la amenaza con cautela. Iberdrola lleva años internacionalizando su negocio y los 21.000 millones no son una cifra que dependa exclusivamente de la regulación española. Pero lo relevante es el marco mental que traza: el capital busca rentabilidad y certidumbre, y si no la encuentra en casa, la buscará fuera. La pregunta es si los reguladores escucharán antes de que otros gigantes energéticos sigan el mismo camino.
