El miedo al recibo de la luz se hace carne de encuesta. A tan solo cuatro días de que el IVA de la electricidad pase del 10% al 21% —y de que el impuesto eléctrico recupere su tipo general—, el 80% de los españoles confiesa temer el impacto en su bolsillo. El dato, recabado por Rastreator en un sondeo difundido este jueves, coloca la factura eléctrica en el centro del debate doméstico justo cuando el verano asoma.
La vuelta fiscal, prevista para el 1 de junio, es el capítulo final de un alivio temporal que el Gobierno activó en 2022 para amortiguar la crisis de precios energéticos. Aquella rebaja situó el IVA en el 5% primero y en el 10% después; ahora se restablece el tipo general del 21%. En paralelo, el impuesto especial sobre la electricidad —que llegó a reducirse al 0,5%, el mínimo permitido por Bruselas— regresa a su nivel habitual en torno al 5,1%.
El IVA de la luz vuelve al 21%: el contexto de la subida
Para un hogar medio con un consumo de 270 kWh al mes y una potencia contratada de 4,4 kW, la subida conjunta del IVA y del impuesto eléctrico se traduce en unos 13 euros más al mes si la tarifa ronda los 80 euros. La cifra, que puede parecer modesta, golpea especialmente a los hogares vulnerables que ya dedican más del 10% de su renta a pagar la electricidad.
El incremento llega, además, con mala sincronización. Junio encadena semanas de calor creciente y el uso del aire acondicionado se dispara. La misma encuesta de Rastreator revela que el 36% de los consumidores ya intenta limitar al máximo el uso del ventilador y el aire acondicionado, y un 37% adicional los enciende únicamente en las horas de más bochorno. El ahorro forzoso se ha convertido en estrategia preventiva.
Patricia Carril, responsable de energía en Rastreator, resume el dilema: “La subida del IVA y del impuesto eléctrico llega en un momento especialmente sensible para muchos hogares, ya que coincide con el inicio del verano, cuando el consumo energético suele incrementarse considerablemente debido a las altas temperaturas”.
Así reaccionan los hogares: menos aire acondicionado y más bono social
El sondeo no solo mide el temor, sino también la respuesta. El 60% de los encuestados ha considerado reducir su consumo para absorber el golpe fiscal. Sin embargo, apenas dos de cada diez españoles cumplen los requisitos que permiten acceder al bono social eléctrico, y lo que es más llamativo: otro 35% de los potenciales beneficiarios desconoce que puede pedirlo.
El bono social eléctrico —una ayuda directa en la factura que puede cubrir hasta el 40% del importe para consumidores vulnerables— sigue siendo un escudo infrautilizado. “Muchos consumidores todavía no saben que pueden beneficiarse o no conocen exactamente cuáles son los requisitos”, explica Carril. La paradoja está servida: mientras ocho de cada diez personas temen la factura, una de cada tres de las que tendrían derecho a protección no la solicita.
El miedo a la factura y la información real circulan por carriles distintos. La brecha entre el temor y el conocimiento del bono social es donde falla la política pública.
Organizaciones de consumidores como Facua llevan semanas reclamando al Gobierno que convierta el IVA reducido en una medida permanente. Desde Podemos se ha pedido incluso que se pongan topes a los precios de la luz y el gas. El Partido Popular, por su lado, exige prorrogar las rebajas al menos hasta finales de junio y estudiar su permanencia. De momento, el Ejecutivo da por cerrada la fiscalidad de crisis.
El bucle fiscal de la electricidad: una anomalía europea
La vuelta al 21% devuelve a España al selecto grupo de países que gravan la electricidad con el IVA general. En la mayoría de estados miembros de la UE, la energía eléctrica tributa a tipos reducidos precisamente porque se considera un bien de primera necesidad. Mantener el 21% sobre la factura mientras el precio del mercado mayorista ronda los 50-60 €/MWh sitúa a los hogares españoles en desventaja frente a los franceses o los italianos, que aplican tipos entre el 5,5% y el 10%.
El problema no es solo el IVA. La fiscalidad eléctrica española acumula capas: el impuesto especial, el IVA y los peajes de acceso. En conjunto, la carga impositiva y de costes regulados representa aproximadamente el 40% del recibo medio. Una estructura que apenas ha variado en la última década y que resiste cualquier reforma en profundidad.
He seguido este debate desde que el anterior Gobierno bajó el IVA en plena crisis inflacionista. Entonces parecía un parche de urgencia, pero casi cuatro años después seguimos discutiendo lo mismo. Lo que me parece revelador del estudio de Rastreator no es el miedo —previsible— sino el dato de desinformación sobre el bono social. No es falta de recursos: es un agujero de comunicación que se repite verano tras verano.
La pregunta que flota en el ambiente es si el Ejecutivo aguantará la presión cuando las olas de calor aprieten y las facturas de julio y agosto lleguen con el IVA al 21% en la línea. El coste político de un verano de facturas récord puede ser más alto que el coste fiscal de prorrogar el tipo reducido. La vicepresidenta Teresa Ribera, que hoy pilota la transición ecológica, sabe que la factura eléctrica ha sido el termómetro de todas las crisis de consumo de los últimos años.
Al final, lo que subyace es una pregunta más incómoda: ¿es razonable que la electricidad, un bien sobre el que descansa la electrificación de la economía, soporte una fiscalidad de bien suntuario? Mientras el aire acondicionado deje de ser un lujo y pase a ser una necesidad de salud pública, la respuesta tira hacia un replanteamiento estructural. De momento, el primero de junio, el IVA aprieta. Y el bono social, como casi siempre, espera a quien lo busque.
