La indemnización de 254 millones de euros que el Estado pagará a Endesa en un mes marca un precedente. El Tribunal Supremo ha resuelto este 20 de mayo un litigio que arrastraba años de fricción entre la empresa y la Administración, y lo hace con un mensaje tan claro como incómodo: los costes de llevar electricidad a los territorios extrapeninsulares no pueden recaer sobre las espaldas de una sola compañía sin la compensación adecuada.
La sentencia, conocida a primera hora, ordena al Ministerio para la Transición Ecológica que abone 254 millones de euros a la filial de Enel en el plazo máximo de un mes. Esa cifra equivale al agujero acumulado desde que en 2023 se rompió el equilibrio financiero del sistema de generación y distribución en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Endesa, hasta entonces, había ido absorbiendo el diferencial mientras la tarifa regulada no lo cubría.
El fallo del Supremo: costes extrapeninsulares y un pago urgente
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no se anda con rodeos. Según ha podido saber esta redacción a partir del texto del fallo, los magistrados consideran que la falta de actualización de la retribución específica a Endesa Generación — y, en parte, a Endesa Distribución — vulneró la normativa sectorial. Durante los ejercicios 2023 y 2024, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había advertido en sus informes que la metodología de cálculo no reflejaba el verdadero coste de prestar servicio en islas y zonas aisladas. Pero la Administración pospuso cualquier ajuste.
Ahora, el tribunal no solo da la razón a la eléctrica. Impone, además, un plazo perentorio: el pago íntegro de los 254 millones antes del 20 de junio de 2026. Cualquier demora generaría intereses de demora y podría abrir la puerta a una ejecución forzosa. El Ministerio, que ha declinado hacer comentarios por el momento, deberá decidir si acata sin más o intenta alguna fórmula de recurso que, a juicio de juristas consultados, tiene pocas posibilidades de prosperar.
El caso arrancó en 2021, cuando Endesa interpuso el recurso contencioso-administrativo. Entonces reclamaba poco más de 180 millones de euros. La cantidad ha engordado con los años porque, mes a mes, el déficit extrapeninsular seguía creciendo. Fuentes cercanas al proceso apuntan a que la cifra final — 254 millones — incorpora no solo el principal sino una parte de los costes financieros que Endesa ha soportado mientras el litigio dormía en los cajones judiciales.
El impacto en el sector eléctrico y la financiación de los sistemas insulares
El fallo toca de lleno al engranaje financiero del sistema eléctrico español. Los costes extrapeninsulares se cubren, en teoría, con un recargo que pagan todos los consumidores en la factura de la luz. Pero ese mecanismo, diseñado hace más de una década, no ha sido capaz de seguir el ritmo de la inflación de costes en generación insular. El Brent, los derechos de emisión de CO₂ y la logística de aprovisionamiento en islas han disparado los números rojos. En 2025, el déficit extrapeninsular superó los 1.200 millones de euros, casi un 30 % más que el año anterior.
Endesa no es la única afectada, pero sí la de mayor exposición: opera todas las centrales térmicas de Canarias y Baleares, además de redes de distribución con un mantenimiento hasta un 40 % más caro que en la Península. La compañía, que preside Juan Sánchez-Calero, ha sido prudente en sus declaraciones. En un breve comunicado remitido a la CNMV esta mañana, valora la sentencia como «el reconocimiento de un desequilibrio que no podía sostenerse» y adelanta que destinará los fondos a reforzar la transición energética en los archipiélagos. Puede consultarse la nota en la sala de prensa de Endesa.
Un precedente que reconfigura la política energética nacional
Lo que viene ahora no es menor. Con esta sentencia, el Tribunal Supremo establece un criterio que puede invocarse en cualquier otro litigio similar. No se trata solo de Endesa. Iberdrola y Naturgy también soportan costes adicionales en las islas — aunque en menor escala — y han seguido el caso con atención. Si el Estado se ve obligado a compensar a todas las operadoras, el agujero presupuestario podría escalar rápidamente. Algunas estimaciones preliminares sitúan el impacto agregado en torno a los 400 millones de euros si el mismo razonamiento se aplica al resto de generadores extrapeninsulares.
La derivada política es imposible de ignorar. El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Lucía García, tiene sobre la mesa una reforma del marco retributivo que lleva meses empantanada. El fallo del Supremo fuerza al Ejecutivo a tomar decisiones que ha ido aplazando. Entre las opciones que se barajan está la de crear un fondo específico para compensar los sobrecostes sin depender exclusivamente del recargo en la factura. Otra vía, menos probable, sería trasladar directamente la factura a los Presupuestos Generales del Estado, lo que abriría un debate sobre fiscalidad energética en un momento en que la presión tributaria ya está en máximos.
Yo he cubierto el vaivén regulatorio del sector eléctrico durante más de una década y no recuerdo un fallo tan quirúrgico. El Supremo no se limita a interpretar una norma; está señalando una omisión deliberada de la Administración, que sabía — porque los informes de la CNMC lo decían — que el sistema no era sostenible sin una actualización tarifaria. La ironía es que, mientras Bruselas insiste en acelerar la descarbonización de las islas, Madrid dejaba que la compañía con más centrales térmicas asumiera el coste de mantenerlas en funcionamiento. La contradicción es grusa.
La pregunta que queda en el aire es si esta sentencia servirá para desatascar la regulación pendiente o si se convertirá en un arma arrojadiza en el debate político. Las comunidades autónomas insulares ya han reaccionado: el presidente canario ha pedido una reunión urgente con el Ministerio, mientras que el Govern balear insiste en que la factura de la luz no puede ser la única vía de financiación. En el Congreso, los grupos de la oposición tienen previsto interpelar a la ministra en la sesión de control de la próxima semana. Algo se mueve.
De fondo, el verdadero riesgo es que la sentencia reactive una cascada de reclamaciones que obligue a revisar todo el sistema de peajes y cargos. Los consumidores de la Península llevan años subvencionando — vía recargo — la electricidad de los territorios insulares y extrapeninsulares. Si ahora además los Presupuestos Generales deben absorber indemnizaciones millonarias, alguien tendrá que pagar la cuenta. El equilibrio es frágil.
Este fallo no cierra el capítulo. Lo abre. Endesa tendrá su dinero antes de que acabe junio, pero lo que está en juego es la arquitectura financiera de un sector que aún busca su sitio en el mapa de la transición energética. Como suelo decir en esta redacción, las sentencias no encienden las luces, pero a veces iluminan lo que muchos se empeñan en mantener a oscuras.
