Hacienda ha encendido las alarmas entre los inversores en criptomonedas. Según advierten expertos consultados por El Periódico, la Agencia Tributaria se prepara para imponer sanciones de hasta el 150% de la cuota no declarada a quienes hayan omitido sus criptoactivos en la declaración de la renta. Una campaña que llega en un momento en el que más de 4 millones de españoles ya tienen exposición, directa o indirecta, a monedas digitales.
Criptomonedas: del limbo fiscal al radar de la Agencia Tributaria
Durante años, el tratamiento fiscal de bitcoin, ether o solana fue un terreno pantanoso. Muchos inversores minoristas creían —o preferían creer— que las plusvalías generadas en plataformas como Coinbase o Binance no llegaban a los ordenadores de Hacienda. Pero la realidad es distinta. Cualquier ganancia patrimonial derivada de la compraventa de criptomonedas, del staking (el bloqueo de monedas para recibir recompensas) o de los airdrops (repartos gratuitos de tokens) tributa en el IRPF como ganancia patrimonial, con tipos que van del 19% al 28%.
El cambio de paradigma llegó con la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal, que obligó a declarar las criptomonedas situadas en el extranjero a través del Modelo 721 —una versión del conocido Modelo 720 para bienes en el exterior—. Desde 2023, cualquier contribuyente con más de 50.000 euros en criptoactivos fuera de España está obligado a informar. Y Hacienda ya cruza datos con las grandes plataformas gracias a los acuerdos de intercambio de información de la OCDE, lo que hace muy difícil pasar desapercibido. Puedes consultar los detalles en la página oficial de la Agencia Tributaria sobre criptomonedas.
Multas que duplican la deuda: así funciona el recargo del 150%
La cifra que más preocupa es ese 150%. No se aplica sobre el total de la inversión, sino sobre la cuota tributaria que se ha dejado de ingresar. Pongamos un ejemplo: si un inversor obtuvo una ganancia de 10.000 euros y no la declaró, la cuota defraudada podría rondar los 2.100 euros (un 21% de media). Con la sanción, la factura final puede dispararse hasta los 5.250 euros solo en penalización, a los que se suman los intereses de demora. Y si Hacienda considera que hubo ocultación deliberada, la cosa puede ir a peor.
No se trata solo de grandes fortunas. La Agencia Tributaria está revisando también a pequeños ahorradores que han movido cantidades modestas pero frecuentes. El mensaje es claro: toda operación con criptoactivos deja rastro en la cadena de bloques, y cada vez es más fácil rastrear la trazabilidad hasta un DNI.
Análisis: el fin de la opacidad en un sector que pedía reglas claras
Durante el último lustro, el ecosistema cripto ha pasado de ser visto como un salvaje oeste financiero a integrarse progresivamente en los marcos regulatorios europeos. La aprobación del reglamento MiCA en 2023 y la entrada en vigor de las obligaciones de información con el Modelo 721 marcaron un antes y un después. Pero la moneda tiene dos caras: la misma comunidad que pedía certidumbre jurídica se topa ahora con un escrutinio casi forense de sus carteras digitales.
Hoy, los datos que los grandes exchanges envían automáticamente se cruzan en en las bases de datos de Hacienda. Y con la próxima entrada en vigor del estándar europeo DAC8, que obligará a todas las plataformas de criptoactivos a reportar saldos y operaciones de sus clientes de forma anual, el margen de ocultamiento se reducirá a la mínima expresión. Esto es una buena noticia para quienes cumplen, pero un aviso serio para los que aún no han regularizado su situación.
En esta redacción creemos que la transparencia fiscal es inevitable y, a largo plazo, positiva para la madurez del sector. Sin embargo, la dureza de las sanciones —que pueden multiplicar por dos y medio la deuda original— exige una comunicación mucho más pedagógica por parte de la administración. Muchos contribuyentes no saben que un simple movimiento entre su wallet y un exchange centralizado ya genera un hecho imponible. Y la desinformación no exime de la penalización. Dejémoslo en un “ya veremos” cómo responde Hacienda ante los errores involuntarios.
