El Gobierno se sienta en el banquillo de juez y parte para decidir la sanción a Red Eléctrica por el gran apagón del 28 de abril de 2025. La CNMC ya ha abierto un expediente, pero la ley obliga a que sea el Ministerio para la Transición Ecológica quien imponga la multa, a pesar de que el Estado controla la compañía a través de la SEPI. El conflicto de intereses es evidente.
Según ha podido saber El Periódico de la Energía, la infracción del artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico podría acarrear una sanción de aproximadamente 60 millones de euros. Ese día, el sistema eléctrico ibérico colapsó durante horas, dejando a millones de ciudadanos sin suministro y desatando una tormenta política y técnica que aún no se ha apagado. La CNMC inició el expediente sancionador, pero el artículo 73.4 de la misma ley le quita la última palabra: las faltas muy graves, como esta, corresponden a la Administración General del Estado.
El desenlace es tan sorprendente como previsible. En el artículo 73 de la Ley del Sector Eléctrico se lee que las sanciones por infracciones del artículo 64.25 serán impuestas por el órgano competente de la Administración General. La ficha pública del expediente ya lo refleja: «De competencia Ministerio». Es decir, no será la CNMC, sino el Ministerio, quien decida si castigar o no a Red Eléctrica.
La SEPI, el hilo directo entre Moncloa y Red Eléctrica
La paradoja se hace más densa al recordar quién es el dueño real del operador del sistema. El Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el mayor accionista de Red Eléctrica. Así figura en su estructura accionarial: un control accionarial que, sumado a los nombramientos políticos, convierte a la compañía en un brazo ejecutor del Gobierno de turno.
Cada Ejecutivo ha colocado al frente a una figura afín. Con el actual, primero fue el exministro Jordi Sevilla y ahora la exministra Beatriz Corredor. Antes, el PP puso a José Folgado. La Dirección General de Operación, la máxima responsable de que el sistema funcione, también la nombra el Ministerio: ahora es Concepción Sánchez. La cadena de mando es directa.
Esa relación tan estrecha hace que una sanción de 60 millones no sea un mero trámite. Una multa muy grave podría desencadenar demandas multimillonarias de otros agentes del sector —generadoras, distribuidoras, grandes consumidores— que se consideren perjudicados. Para Red Eléctrica, el escenario sería demoledor: recorte de dividendos, dificultades financieras e incluso la necesidad de un rescate público.
Un conflicto de intereses con consecuencias sistémicas
Yo creo que este caso desnuda una anomalía del sistema eléctrico español que llevamos años normalizando: el operador del sistema es, en último término, un apéndice del Gobierno. Por mucho que la normativa lo permita, la percepción de imparcialidad queda por los suelos. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario confirman que el conflicto de intereses «se podría dar perfectamente».
La CNMC, fiel a su papel técnico, ha evitado valorar el reparto competencial. Su respuesta oficial es que no le corresponde opinar sobre la oportunidad del esquema legal, sino aplicarlo. Pero la imagen que se proyecta es incómoda: un órgano regulador que instruye y otro que sanciona, solo que este último es también el accionista de control del vigilado.
No es un problema teórico. La sanción —si finalmente se impone— sentará un precedente para la credibilidad de la supervisión energética en Europa. La Comisión Europea ha pedido en repetidas ocasiones que los reguladores nacionales gocen de independencia real. Lo que aquí vemos va en dirección contraria.
La obligación de la Administración de sancionar a su propia empresa puede ser legal, pero es política y reputacionalmente explosiva. Si el Ministerio decide no multar, el mensaje será que los apagones no tienen consecuencias cuando el Estado es dueño. Si multa, se arriesga a que cualquier afectado lo use como prueba en demandas cruzadas contra el operador y, de rebote, contra el propio Gobierno.
La gran pregunta no es si Red Eléctrica merece la multa —el expediente de la CNMC apunta a que sí—, sino si el Gobierno está capacitado para imponérsela sin que parezca una operación de castigo selectivo o de protección encubierta. El expediente está en sus manos. Los próximos pasos los marcará el Ministerio para la Transición Ecológica, y con ellos, la credibilidad de todo el sistema.
