La factura de la luz dará un vuelco en apenas dos semanas. El IVA de la electricidad y del gas natural volverá al 21% a partir del 1 de junio de 2026, según ha adelantado Expansión. La moderación del IPC al 3,2% en abril ha activado la cláusula de desactivación del plan anticrisis que el Gobierno diseñó como respuesta a la guerra de Irán. El recorte fiscal que situaba el tipo en el 5% para la mayoría de los hogares se esfuma. Sin transición.
El gatillo de la cláusula: inflación por debajo del umbral
El plan de medidas urgentes, prorrogado en varias ocasiones, vinculaba la vigencia de los tipos reducidos a la evolución de los precios. La norma establecía que si la tasa interanual del IPC se moderaba por debajo del 4% durante dos meses consecutivos, el Ejecutivo recuperaría el gravamen general del 21% para los suministros energéticos básicos. Con el dato de abril en el 3,2% (tras el 3,5% de marzo), la condición se da por cumplida. El último índice del INE deja poco margen para la duda. El Ministerio de Hacienda ya ha comunicado a las distribuidoras que el cambio se aplicará en la primera factura con consumos posteriores al 31 de mayo.
Qué implica para la factura de un hogar medio
Para un consumidor con un gasto mensual de 60 euros en electricidad, la subida del IVA del 5% al 21% se traduce en unos 9,6 euros adicionales al mes. Sobre el gas, el impacto es menor en primavera, pero en invierno puede dispararse. Un hogar con calefacción de gas que pagaba 80 euros mensuales pasaría a abonar casi 13 euros más. Las asociaciones de consumidores llevan meses advirtiendo de que la retirada abrupta del escudo social dejará desprotegidos a los colectivos más vulnerables, justo cuando la cesta de la compra sigue mostrando tensiones. La OCU cifra en 150 euros el encarecimiento anual para una familia media si se suman ambos suministros.
Análisis: un adiós anunciado con costes políticos
La decisión tiene más de aritmética inflacionista que de estrategia energética. El plan anticrisis se aprobó en un contexto de precios energéticos disparados tras el estallido del conflicto en Irán y la interrupción de rutas de suministro en el estrecho de Ormuz. En aquel momento, el Brent rozaba los 130 dólares y el pool eléctrico superaba los 250 euros/MWh. Hoy, el crudo ronda los 85 dólares y la generación eólica e hidráulica han aliviado los mercados mayoristas. Sin embargo, la moderación del IPC esconde realidades muy dispares: el índice de precios de consumo energético sigue un 8% por encima del nivel prepandemia y los hogares con menos ingresos destinan más del 12% de su renta a pagar la luz.
Este diario sostiene que la retirada completa y sin escalas del tipo reducido es un error táctico. No tanto porque el Estado deba seguir financiando el IVA barato indefinidamente —la medida cuesta al erario más de 2.500 millones de euros al año, según los Presupuestos— sino porque se pierde la oportunidad de implantar un sistema progresivo de tipos. Alemania, por ejemplo, mantiene un IVA reducido del 7% sobre el consumo básico de electricidad y aplica el 19% general al exceso. Italia aplica tramos por potencia contratada. En España, el 21% se aplicará por igual al hogar unipersonal que apenas enciende dos bombillas y a la vivienda unifamiliar con piscina climatizada. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya sugirió en un informe de 2025 que la estructura fiscal debería reflejar la capacidad económica del suministro. Pero el Gobierno opta por la vía rápida.
Otra arista es el momento político. Con las elecciones generales en el horizonte de 2027, recuperar el IVA pleno puede restar el relato de protección social que el Ejecutivo ha cultivado en los últimos años. De hecho, fuentes del sector apuntan a que el Ministerio de Transición Ecológica exploró la posibilidad de mantener un tipo interino del 10% durante el verano para amortiguar el golpe en plena ola de calor, pero Hacienda frenó la propuesta por criterios de disciplina fiscal y compromisos con Bruselas. La subida del IVA supone un saneo inmediato de las cuentas públicas.
Conviene no perder de vista que el mercado de futuros apunta a un leve repunte del precio mayorista durante julio, cuando la demanda de refrigeración tensione el sistema. Si se encadenan una ola de calor y la subida fiscal, la factura podría dispararse un 30% interanual en julio para muchos hogares. No hay que descartar que, llegado el caso, se reactiven mecanismos como el bono social ampliado, pero eso requeriría otro decreto.
Mientras tanto, las comercializadoras ajustan sus sistemas de facturación. Iberdrola, Endesa y Naturgy ya han enviado comunicaciones a sus clientes recordando el fin de la rebaja. La pregunta que queda en el aire es si los consumidores volverán a buscar ofertas de tarifa fija o si la volatilidad de los últimos años ha normalizado el sobresalto permanente. Algo ha cambiado en la percepción del riesgo energético.
