Red Eléctrica ha contraatacado. La filial de Redeia acaba de presentar sus alegaciones y solicita el archivo inmediato del expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a raíz del gran apagón del 28 de abril de 2025. En un movimiento inusualmente duro, la compañía que opera el sistema eléctrico nacional no solo defiende su actuación, sino que denuncia un conflicto de intereses en el seno del propio regulador.
Según ha podido confirmar esta redacción a través de fuentes cercanas al proceso, Red Eléctrica presentó ayer, 11 de mayo, un escrito de alegaciones en el que acusa a la Dirección de Energía de la CNMC de haberle generado una situación de ‘manifiesta indefensión’. La imputación, comunicada el pasado 17 de abril, carece —siempre según REE— de ‘la más mínima precisión necesaria sobre los hechos’ investigados.
Las alegaciones de Red Eléctrica: una defensa con munición pesada
El núcleo del argumento de la operadora es técnico, pero las consecuencias son políticas. En sus escritos, a los que Merca2.es ha tenido acceso, Red Eléctrica adjunta más de medio centenar de informes y documentos que, a su juicio, demuestran el cumplimiento escrupuloso de la normativa vigente durante el incidente de 2025. Paradójicamente, todo ese material se había entregado antes al regulador a petición propia durante la investigación previa, pero no consta en el expediente sancionador.
‘Se nos obliga a probar nuestra inocencia sin que se nos diga con claridad qué se nos imputa’, resumen fuentes de la empresa. Esta falta de concreción —insisten— resulta incompatible con la complejidad técnica que exigiría un procedimiento de esta envergadura.
El conflicto de interés que señala REE y que noquea la imparcialidad del proceso
El escrito va más allá. Incluye una denuncia expresa sobre la ‘situación de conflicto de interés públicamente conocida de la CNMC’, un señalamiento que apunta directamente a la composición del órgano encargado de juzgar la actuación del operador del sistema. Aunque las alegaciones no identifican a personas concretas en su texto público, fuentes del sector interpretan que la referencia alude a la presencia en el consejo de la CNMC de perfiles que en el pasado mantuvieron posiciones críticas con el diseño del mercado eléctrico español y con la gestión de Red Eléctrica en particular.
La compañía entiende que esa circunstancia ‘compromete las debidas garantías de imparcialidad y objetividad’ y reclama, en consecuencia, que se depuren responsabilidades. No es habitual que un operador critique con tanta contundencia a su supervisor. De ahí que la jugada de Red Eléctrica haya caído como un jarro de agua fría en los despachos del regulador.
Un año después del ‘cero eléctrico’: la herida sigue abierta
El origen de todo fue el 28 de abril de 2025. Aquel lunes, pasadas las 14:30 horas, un fallo en cascada desencadenó un ‘cero eléctrico’ en buena parte de la Península, dejando a millones de hogares sin suministro durante varias horas. La investigación posterior ha sido tortuosa, con acusaciones cruzadas entre distribuidoras, transportistas, generadores y la propia Red Eléctrica como operador del sistema. A lo largo de estos trece meses, la CNMC ha recabado información de todos los agentes, pero el expediente sancionador se ha centrado exclusivamente en la filial de Redeia.
Esa decisión de focalizar las culpas en un solo actor es lo que ahora explota. Red Eléctrica considera que ha sido elegida como chivo expiatorio para ofrecer una respuesta rápida a la opinión pública y al Gobierno, que exigió cabezas tras el apagón. ‘Todo el mundo sabía que esto iba a pasar’, comentan fuentes del sector energético, que recuerdan que los operadores de otros países también estuvieron bajo escrutinio tras incidentes similares.
La credibilidad del regulador, en juego
Más allá de este caso concreto, el enfrentamiento entre Red Eléctrica y la CNMC pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede el supervisor ser al mismo tiempo juez y parte? La denuncia de conflicto de interés, si prospera, podría tumbar el expediente por vicio de forma, pero también erosiona la confianza del mercado en la independencia del organismo que debe velar por la competencia y el buen funcionamiento del sistema eléctrico.
Es difícil no recordar que la propia CNMC ha sido objeto de críticas recurrentes por la supuesta porosidad entre sus altos cargos y las empresas reguladas. En 2024, varios eurodiputados españoles ya alertaron en Bruselas sobre los riesgos de ‘captura del regulador’, un concepto que las alegaciones de Red Eléctrica parecen revivir con munición nueva.
Ahora, la pelota está en el tejado de la Dirección de Energía de la CNMC, que deberá responder a las alegaciones en un plazo máximo de tres meses. Si decide no archivar el expediente, el caso pasará al consejo del regulador, donde se votará la eventual sanción, que podría llegar a varios millones de euros. La batalla legal está servida.
Para los consumidores y las empresas, lo que está en juego es mucho más que una multa. Se dirime quién asume la responsabilidad última cuando el sistema falla y si el organismo encargado de vigilar es realmente independiente. Un debate que, con un nuevo apagón a la vuelta de la esquina cada verano, importa más que nunca.
