Bruselas rediseña la asignación gratuita de derechos de CO2: hasta un 75% gratis
La Comisión Europea ha presentado una revisión técnica de los parámetros de referencia del Régimen de Comercio de Emisiones (ETS) que permitirá a las industrias del continente recibir derechos de CO2 gratis por hasta el 75% de sus emisiones. El impacto financiero de esta medida, que cubre el periodo 2026-2030, asciende a 4.000 millones de euros, según los propios servicios comunitarios. La propuesta, adelantada a finales de abril y filtrada por varios medios, incide en la llamada asignación gratuita —el mecanismo que durante años ha protegido a los sectores intensivos en energía frente a fugas de carbono— y llega en un momento de elevada tensión para la competitividad industrial europea.
La actualización de los parámetros de referencia, que fijan la asignación por tonelada de producto, supone un giro hacia una mayor flexibilidad. Bruselas busca «atender a las inquietudes de la industria aprovechando al máximo las flexibilidades legales disponibles», según el texto que manejó El Periódico de la Energía. La revisión, que será sometida a consulta pública y al análisis de los Estados miembro, está prevista para entrar en vigor a finales de julio de este año—un calendario inusualmente rápido para los tiempos legislativos comunitarios. De hecho, los servicios técnicos apuntan ya a una «revisión exhaustiva» del sistema en julio, antes incluso de que las nuevas reglas empiecen a aplicarse.
Un detalle clave es que la revisión incluye las emisiones indirectas derivadas del uso de electricidad en 14 parámetros de referencia de productos. Esto significa que, cuando una fábrica compra electricidad, el CO2 asociado a esa generación se contabilizará a efectos de la asignación gratuita. Los valores de referencia resultantes serán, según la Comisión, «más elevados» y el coste adicional de 4.000 millones de euros para el periodo 2026-2030 refleja precisamente esa mayor generosidad. Es como si Bruselas hubiera decidido que el recibo de la luz de la industria pese menos en la factura climática.
La filosofía oficial insiste en que los parámetros se basan en el rendimiento del 10% de las instalaciones más eficientes de cada sector, de modo que la asignación gratuita «siga recompensando la eficiencia y ofreciendo incentivos para reducir las emisiones». Pero la realidad es que, con el 75% de las emisiones cubiertas gratis, la señal de precio del carbono se debilita notablemente. Hablamos de un mecanismo que nació para encarecer la contaminación y que ahora se suaviza con miles de millones de euros en derechos regalados.
4.000 millones de euros en juego: el coste de la concesión gratuita
Los 4.000 millones de euros de impacto financiero no son un cheque directo al bolsillo de las fábricas, sino el valor estimado de los derechos de emisión que dejarán de subastarse. Cada derecho que se asigna gratis es un derecho menos que los Estados ingresan por subasta, erosionando los presupuestos nacionales—en un momento en que muchos gobiernos europeos sufren déficits públicos abultados. Si el precio medio del derecho de emisión en 2026 ronda los 75 euros por tonelada, según datos de mercado consultados por esta redacción, el coste equivale a unos 53 millones de derechos no subastados a lo largo del lustro. Un agujero fiscal disfrazado de política industrial.
La asignación gratuita se ha ido reduciendo progresivamente desde el arranque de la Fase IV del ETS en 2021, con la idea de que en 2034—con una plena implementación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)—desapareciera por completo. Esta nueva propuesta, sin embargo, alarga la vida de los derechos gratis en plena transición y choca con el espíritu de un mercado de carbono que debería endurecerse año a año. El propio esquema CBAM, diseñado para gravar las importaciones de productos sin coste de carbono, pierde parte de su razón de ser cuando la industria local sigue recibiendo un colchón tan generoso.
La decisión de Bruselas llega en un contexto de precios energéticos todavía elevados y de amenazas geopolíticas que hacen temer por la supervivencia de sectores como el acero, los fertilizantes o la cerámica. Las patronales llevaban meses presionando y la Comisión ha escuchado. El resultado es una política de protección industrial revestida de argumentos de descarbonización. Cosas que pasan en 2026.
La pregunta incómoda es si esta medida, lejos de incentivar la electrificación, la frena. Al cubrir las emisiones indirectas de electricidad con derechos gratis, Bruselas alivia la factura, pero suprime el incentivo para que las fábricas inviertan en procesos menos intensivos en carbono. La paradoja es evidente: se quiere una industria limpia, pero se subvenciona la factura eléctrica sin discriminar entre un mix renovable o un mix fósil.
Análisis: ¿subvención a la industria o el mercado de carbono que pierde músculo?
He visto propuestas parecidas a lo largo de la última década, pero esta tiene un calado especial. No es solo un ajuste técnico; es el reflejo de un malestar profundo entre competitividad y ambición climática. El ETS se creó para que contaminar costara caro, no para regalar permisos. Sin embargo, desde la crisis energética de 2022, el miedo a la desindustrialización ha empujado a los reguladores hacia un intervencionismo que distorsiona la señal de precio. Esta revisión es, en esencia, un subsidio encubierto de 4.000 millones de euros que los consumidores y contribuyentes pagarán indirectamente.
El argumento de Bruselas—proteger la competitividad—tiene cierto sentido en un mundo donde China y Estados Unidos avanzan con sus propias reglas climáticas laxas. Pero, ¿hasta qué punto esta generosidad desincentiva la inversión en eficiencia? Si una acería sabe que tres cuartas partes de sus emisiones no le costarán un euro, ¿por qué iba a acelerar la adopción de hornos eléctricos o hidrógeno verde? El riesgo de retrasar la descarbonización es real y los analistas consultados por esta redacción apuntan a que los inversores en tecnologías limpias podrían enfriar sus planes al ver un mercado de carbono más débil.
En el diseño original del paquete «Fit for 55», la asignación gratuita debía ir menguando mientras el CBAM tomaba el relevo. Esta nueva propuesta desacopla ambos instrumentos y abre la puerta a que, llegado 2030, los derechos gratis sigan siendo una realidad en sectores especialmente sensibles. De hecho, la revisión exhaustiva que la Comisión anuncia para julio será clave: si los parámetros se elevan hasta el punto de que el 75% de las emisiones queda cubierto de forma permanente, el mercado de carbono europeo podría perder la credibilidad que tanto le costó ganar tras la crisis de 2013, cuando los precios se desplomaron por un exceso de derechos.
No obstante, cabe recordar que la propia Comisión asegura que los parámetros se basan en las instalaciones más eficientes y que la asignación gratuita «sigue recompensando la eficiencia». Si se cumple ese principio, el 75% no sería una cifra fija para todos, sino el promedio resultante de un cálculo que premia a quien contamina menos respecto a la referencia. Aun así, la letra pequeña será determinante y la consulta pública y el escrutinio de los Estados miembro pondrán a prueba la coherencia del sistema.
La industria europea respira aliviada, pero el precio del carbono,—que debería ser la principal señal para la transición—, se queda cojo. Yo no hablaría de una marcha atrás, sino de una marcha en punto muerto: se sigue avanzando en el discurso, pero con el freno de mano puesto. Como suele ocurrir en estos expedientes, la pelota queda en el tejado de julio. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
Los detalles completos de la propuesta pueden consultarse en la página oficial de la Comisión Europea sobre asignación gratuita.
