BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, ha plantado cara a una de las propuestas más sensibles de la regulación cripto en Estados Unidos. La firma que dirige Larry Fink ha enviado una carta formal a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) rechazando que los emisores de stablecoins estén obligados a mantener un 20% de sus reservas en activos tokenizados, una de las exigencias previstas en el desarrollo de la llamada Ley GENIUS.
La cifra puede parecer técnica, pero la pelea es de fondo. Está en juego cómo se va a regular el dinero digital que ya mueve cientos de miles de millones de dólares al día, y quién decide qué activos respaldan ese dinero.
Qué dice la Ley GENIUS y por qué BlackRock se planta
La Ley GENIUS (acrónimo en inglés de Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) es el marco federal que Estados Unidos ha ido perfilando para ordenar el mercado de las stablecoins, esas monedas digitales que aspiran a mantener un valor estable de un dólar por unidad y que funcionan como los cheques de viajero del ecosistema cripto: sirven para mover valor entre plataformas sin sufrir la volatilidad de bitcoin o ether.
La propuesta reglamentaria que ahora está en consulta pública incluye una cláusula concreta: los emisores de stablecoins reguladas en EEUU deberían mantener al menos un 20% de sus reservas en activos tokenizados, es decir, versiones digitales de activos tradicionales (bonos del Tesoro, fondos monetarios) emitidas y custodiadas en una blockchain.
BlackRock ha respondido con una carta a la OCC, el regulador bancario federal estadounidense, en la que argumenta que esa obligación es prematura y potencialmente perjudicial. Según la información publicada por la propia Oficina del Contralor de la Moneda, la consulta sigue abierta y está recibiendo aportaciones de la industria financiera tradicional y del sector cripto.
El argumento central de la gestora es doble. Primero, considera que el mercado de activos tokenizados todavía es demasiado joven y poco líquido como para imponer un suelo del 20%. Segundo, sostiene que esa exigencia podría obligar a los emisores a comprar productos tokenizados específicos, lo que podría terminar favoreciendo a unos pocos proveedores y crear un riesgo de concentración.
Una posición que sorprende viniendo de BlackRock
Lo llamativo es que BlackRock no es un actor cualquiera en este debate. La firma gestiona BUIDL, su fondo monetario tokenizado lanzado sobre Ethereum en 2024, que se ha convertido en una de las referencias del mercado de tokenización institucional. Es decir, BlackRock vende exactamente el tipo de producto que la Ley GENIUS obligaría a comprar a los emisores de stablecoins.
Que la gestora se posicione en contra de una norma que, en teoría, le abriría una demanda cautiva multimillonaria llama la atención. La lectura más razonable es que BlackRock prefiere un mercado que crezca por demanda real antes que uno inflado por mandato regulatorio, donde el riesgo de error de diseño puede ser caro para todos los participantes.
Cabe recordar que las stablecoins son un mercado de aproximadamente 250.000 millones de dólares en circulación, dominado por Tether (USDT) y USDC de Circle. Cualquier cambio en cómo deben respaldarse esas monedas afecta de lleno a la liquidez del ecosistema cripto y, cada vez más, a flujos de pagos internacionales que ya usan stablecoins como vía de transferencia.
Lo que está realmente en juego para el sector
El choque entre BlackRock y la propuesta de la OCC va más allá de un porcentaje. Es un primer test serio de cómo va a convivir la regulación federal estadounidense con un sector que durante años ha operado en una zona gris. Y deja varias lecturas.
La primera, que el lobby de Wall Street está plenamente dentro del debate cripto. Hace cinco años, durante el llamado DeFi summer de 2020, cuando el ecosistema de finanzas descentralizadas explotó con protocolos de préstamos y rendimientos altísimos, los grandes bancos y gestoras observaban desde fuera. Hoy son ellos los que escriben cartas a los reguladores discutiendo el diseño técnico de las normas. Eso cambia las prioridades regulatorias.
La segunda, que la tokenización de activos tradicionales (lo que el sector llama RWA, real world assets) sigue siendo una promesa por consolidar. Funciona en pruebas piloto, hay productos vivos como BUIDL o el fondo de Franklin Templeton, pero la liquidez profunda todavía no está. Forzar por ley a que las stablecoins absorban ese 20% podría adelantar el reloj de manera artificial.
Y la tercera, que aún hay mucho margen de cambio. La consulta pública sigue abierta y el texto definitivo de los desarrollos reglamentarios de la Ley GENIUS no se espera antes de finales de 2026. Hasta entonces veremos más cartas, más matices y, casi seguro, más voces críticas. La de BlackRock pesa, pero no es la única que llegará a la mesa de la OCC.
Para el inversor o el usuario que solo quiere mover unos cuantos USDC entre wallets, todo esto puede sonar lejano. Pero el resultado de este debate determinará qué stablecoins serán legales en EEUU dentro de dos años, qué reservas tendrán detrás y, en última instancia, cuánta confianza merecerán quienes las usen para algo más que especular.
