El Primero de Mayo vuelve a llenar las calles de España con movilizaciones sindicales en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la tensión internacional y, sobre todo, por una creciente crisis habitacional. Este año, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los ejes centrales de las protestas convocadas por CCOO y UGT, que han organizado más de un centenar de manifestaciones en todo el país bajo el lema «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia».
Lejos de centrarse exclusivamente en las reivindicaciones laborales clásicas, los sindicatos han ampliado su foco para incluir un problema que afecta de forma directa al poder adquisitivo de millones de trabajadores. El encarecimiento sostenido de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda digna están, según denuncian, absorbiendo buena parte de las mejoras salariales logradas en los últimos años. La vivienda, en palabras de los dirigentes sindicales, se ha convertido en «la gran trituradora» de los ingresos familiares.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han querido simbolizar esta preocupación trasladando el acto central de este año a Málaga, una ciudad especialmente tensionada por el aumento del precio de la vivienda. Junto a ellos estará la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha confirmado su participación en la manifestación principal. La elección de Málaga no es casual.
En esta ciudad, como en otras muchas zonas urbanas y turísticas, el auge del alquiler vacacional y la presión inmobiliaria han disparado los precios, dificultando el acceso a la vivienda para residentes y trabajadores. Los sindicatos insisten en que no se trata de una decisión con motivación política, sino de un reflejo de las prioridades sociales actuales.
Entre las principales propuestas planteadas por CCOO y UGT destaca la construcción de al menos dos millones de viviendas a precios asequibles, la movilización de vivienda vacía y la imposición de límites al alquiler en zonas tensionadas. También reclaman restringir el uso especulativo de la vivienda, incluyendo el fenómeno de los pisos turísticos, que consideran uno de los factores que más contribuyen al encarecimiento del mercado.
Además, los sindicatos han puesto el foco en la necesidad de un gran pacto interadministrativo que involucre a todas las administraciones públicas, así como al sector empresarial. En este sentido, han instado a la CEOE y a su presidente, Antonio Garamendi, a implicarse de forma activa en la búsqueda de soluciones, advirtiendo de que la falta de vivienda asequible puede acabar afectando al propio tejido productivo, al dificultar la disponibilidad de mano de obra.
Junto a la vivienda, las reivindicaciones salariales siguen ocupando un lugar destacado. CCOO y UGT han planteado subidas de entre el 4% y el 7% para los años 2026, 2027 y 2028 en el marco del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Según denuncian, cerca de 11 millones de trabajadores en España mantienen salarios estancados, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación.
Sin embargo, el Primero de Mayo de 2026 no solo estará marcado por las demandas económicas. La situación internacional también ha irrumpido con fuerza en las movilizaciones. Bajo el lema elegido este año, los sindicatos expresan su rechazo a la guerra y a las dinámicas imperialistas promovidas por el bélico presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La oposición al aumento del gasto militar y a los conflictos en Oriente Medio será otro de los mensajes presentes en muchas de las marchas.
En Andalucía, el Primero de Mayo coincide además con el inicio de campañas electorales, lo que añade un componente político adicional a las protestas. Sectores como la hostelería o la agricultura, especialmente afectados por la precariedad, también estarán en el centro de las reivindicaciones.
En los territorios forales, en los que sigue pesando la fuerza sindical como antaño, el Primero de Mayo estará marcado por el protagonismo de centrales como ELA y LAB, que volverán a situar en el centro la reivindicación de un salario mínimo propio. Tras la huelga general del pasado 17 de marzo, ambos sindicatos insisten en elevar el SMI hasta los 1.500 euros y reforzar la negociación desde el ámbito vasconavarro. Frente a otras estrategias sindicales, ELA y LAB apuestan por la movilización sostenida como principal herramienta para avanzar en derechos laborales y sociales.
El denominador común en todas las movilizaciones que se lleven a cabo en el Estado español es claro: la necesidad de garantizar condiciones de vida dignas en un contexto cada vez más exigente para la clase trabajadora.
