Esta es la principal conclusión de la última nota emitida por Energía y Sociedad, que apunta a que la operación reforzada en el tiempo en el que lleva activo ha generado un sobrecoste total de aproximadamente 1.000 millones de euros, afectando en a consumidores, industria y comercializadoras. De ahí que desde esta organización se apunte a que es imprescindible de que esta medida excepcional no se amplíe más de la cuenta debido a la falta de metodología y criterios para regularla.
La operación reforzada ha aumentado los costes
El informe apunta a que en los meses posteriores al apagón del 28 de abril de 2025, la producción mediante ciclos combinados se incrementó un 39% respecto al mismo periodo del año anterior, consolidándose como la principal tecnología de respaldo del sistema. Este aumento equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 4 millones de hogares, que busca garantizar la estabilidad dentro de un sistema caracterizado por la alta penetración renovable (caracterizadas por fluctuar en función del día).
No obstante, este refuerzo del sistema con el aumento de la presencia del gas se ha traducido en un aumento de costes. En este sentido, según estima Energía y Sociedad, el impacto económico de la operación reforzada se ha traducido en un aumento del 55% en los costes mensuales asociados a restricciones técnicas entre mayo y diciembre de 2025, alcanzando medias cercanas a 14 €/MWh y picos de hasta 25 €/MWh. Por otro lado, datos de PwC estima que cada hogar podría ver un incremento de unos 36 euros al año en su factura eléctrica, aproximadamente un 16% del coste anual de energía de un hogar.
La CNMC reconoce carencias regulatorias tras el apagón y salpica a operadores y distribuidores
El efecto sobre los consumidores ha sido especialmente notable en aquellos acogidos al PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), entre los que se incluyen consumidores vulnerables, quienes han experimentado un aumento del 125% en el coste medio repercutido por las restricciones, equivalente a una subida de 3 euros mensuales por hogar. Por otro lado, para la industria, la medida ha generado incertidumbre en los costes energéticos y la necesidad de reforzar herramientas de competitividad en un mercado cada vez más intermitente.
Las comercializadoras, por su parte, han tenido que asumir sobrecostes inesperados hasta poder renegociar o renovar contratos, mientras que la generación renovable ha visto desplazada parte de su producción por el mayor uso de gas para estabilizar la red, aumentando emisiones y vertidos no aprovechados. Según Energía y Sociedad, la falta de criterios claros y de una metodología regulatoria aumenta el riesgo reputacional y regulatorio para todos los actores del sector energético.
Debido a esto, más de 80 comercializadoras de electricidad han reclamado soluciones regulatorias que permitan una recuperación más estable y previsible de estos costes, mediante la fijación de un coste regulado vía cargos del sistema o mecanismos tarifarios equivalentes, siguiendo el ejemplo de la mayoría de los países europeos.
En definitiva, la operación reforzada, si bien es una herramienta que ha permitido dar estabilidad al sistema, ha tenido un impacto claro en todo el sistema. Por ello, la organización insiste en que la supervisión de la CNMC y la publicación de informes periódicos son esenciales para garantizar que la operación reforzada no se convierta en una medida permanente que frene la transición energética.
