La nueva ley de transporte de vehículos de un máximo de nueve pasajeros en Cataluña, conocida como «Ley Taxi», ha generado dudas en el mundo del transporte. No es solo que desde las plataformas de VTC como Uber, Cabify y Bolt se avise de que el texto de la nueva ley está diseñado para expulsarlos de Cataluña, sino que se defiende que diseñar una ley para proteger al taxi frente a las plataformas puede ir en contra de la posición europea, que permite limitar la presencia de las opciones de la «nueva movilidad», pero solo para evitar problemas de tráfico y de contaminación.
Por eso Élite Taxi, la plataforma del siempre controvertido Tito Álvarez, ha compartido un informe jurídico de AGP Asesores y Servicios en el que defiende la validez del proyecto de ley que se encuentra en trámite en el Parlament. Es una respuesta a dudas que se han elevado desde patronales como El Auto VTC o desde empresas como Uber o Bolt, que han insistido en que la normativa va en contra de las posiciones de la Unión Europea sobre la nueva movilidad.
«No se trata de defender al taxi de forma acrítica, sino de demostrar objetivamente que el taxi desempeña actualmente funciones de servicio de interés general y de servicio público de transporte, funciones que el mercado puramente contractual de las VTC no garantiza», se lee en el informe de AGP. La empresa de asesoría legal defiende, por tanto, el espacio del servicio del taxi como parte del transporte público de las ciudades, un punto que no comparte con Europa, aunque también justifica de otros modos el nuevo texto de la ley.
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido reiteradamente que la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente constituyen razones imperiosas de interés general que justifican limitar la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, siempre que las restricciones sean necesarias y proporcionadas; y en este caso se cumplen estos requisitos y están justificados por la movilidad sostenible que constituye el objeto de la norma», ha defendido la empresa de asesoría.
DISMINUIR LOS VEHÍCULOS PARA MEJORAR EL TRÁFICO EN CATALUÑA
Según ha defendido AGP en el texto, el principal objetivo de la ley no es beneficiar al taxi específicamente, sino mejorar el tráfico y el transporte público en la ciudad. «La ley tiene como meta disminuir el número total de vehículos que circulan en la ciudad sin estar sometidos a obligaciones de servicio público, contribuyendo a una movilidad más eficiente y sostenible», explica la empresa.
«La Proposición de Ley y los debates parlamentarios destacan el papel del taxi como “servicio de referencia” en el que deben integrarse o al que deben subordinarse otras modalidades de transporte. Así, este planteamiento se ajusta al Derecho de la Unión Europea, ya que la movilidad sostenible y la cohesión social permiten un trato diferenciado entre operadores, siempre que exista una justificación objetiva y basada en datos», sentencia la asesora legal.
Además, el informe es crítico con la CNMC y la ACCO por cómo han definido al taxi, describiéndolo como «incumbente con ventajas regulatorias». Es una posición con la que chocan, pues para AGP, al menos en este informe solicitado por Élite, se trata de una opción que «cumple la función de red de seguridad en la movilidad urbana», lo que viene de la mano con una serie de obligaciones sobre horarios y precios que no se repiten para los conductores de plataformas como Uber, Cabify o Bolt.
EL TEXTO AFIRMA QUE LA LEY ESTÁ DISEÑADA PARA PROTEGER AL TAXI
A pesar de la posición del informe, hay una buena noticia tanto para las empresas de la nueva movilidad como para las patronales que han criticado el texto de la nueva ley. Es que incluso el informe de AGP Asesores y Servicios confirma que el texto está claramente diseñado para proteger al taxi frente a los competidores recién llegados al mercado del transporte.
«La Proposición de Ley catalana sobre el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas prioriza explícitamente el taxi frente a las VTC, reconociéndose como servicio estructural de movilidad pública y diseñando un escenario de reducción progresiva y significativa de las VTC urbanas», escribe la plataforma de asesoría. «Estas quedan relegadas a ámbitos discretos y condicionados, y se prevé la conversión de muchas de ellas en licencias temporales de taxi», confirman desde AGP.
Es un punto que han criticado las nuevas empresas, e incluso se ha señalado como una violación de la libertad de competencia europea. Algunas ya se han planteado impugnar la ley cuando llegue el momento, si se aprueba con el texto actual; y si desde Europa no se ve al taxi como un servicio público, es posible que consigan una victoria.
