En el debate sobre la vivienda en España, Juan Ramón Rallo ha vuelto a poner el foco donde pocos se atreven: en el papel del Estado. El economista sostiene que el verdadero problema no reside en los propietarios ni en los fondos de inversión, sino en un sistema político que ha intervenido de manera ineficiente, distorsionando los incentivos y limitando la oferta de vivienda económica.
Según Rallo, el Estado español ha creado un entorno donde la regulación, los impuestos y las trabas burocráticas impiden construir con libertad. Según su visión, cada permiso, cada tasa y cada norma urbanística actúan como un muro invisible que encarece el suelo y aleja a los jóvenes de la posibilidad de acceder a una vivienda. En su análisis, la supuesta protección estatal se convierte en un obstáculo estructural.
1El rol que debe discutirse
El economista critica que el Estado pretenda corregir sus propios errores mediante más intervención. Políticas como los topes al alquiler, los subsidios generalizados o la expansión del parque público —advierte— terminan provocando el efecto contrario: retraen la inversión privada y reducen la disponibilidad de viviendas. El resultado es un círculo vicioso donde el Estado, en lugar de liberar el mercado, lo asfixia bajo el peso de su propia burocracia.
Rallo insiste en que un Estado que monopoliza la regulación y absorbe recursos mediante impuestos excesivos no puede ser, al mismo tiempo, el garante de la prosperidad. Para él, el crecimiento sostenido de los precios es la consecuencia lógica de un intervencionismo persistente, no de la acción de los mercados. Mientras mantenga su modelo rígido y paternalista, dice, la vivienda seguirá siendo un privilegio y no un derecho efectivo.
