El gravamen entrará en vigor en el segundo semestre de 2024
La Generalitat de Cataluña ha anunciado este viernes que aprobará próximamente el anteproyecto de ley del impuesto sobre la contaminación de los grandes barcos en los puertos catalanes, con el que espera recaudar 7,5 millones de euros al año.
Así lo ha explicado el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, y la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mireia Boya, en rueda de prensa este viernes.
El impuesto gravará las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas (PM) de los grandes barcos que atraquen en los puertos, y les obligará a pagar 1 euros por cada kilogramo emitido.
La nueva medida quiere ser un incentivo para conseguir que las grandes embarcaciones con una capacidad o volumen superior a 5.000 toneladas reduzcan sus emisiones.
Afectará al 80% de los grandes barcos que atracan en el Puerto de Barcelona, al 76% de los que lo hacen en el Port de Tarragona y al 75% de los barcos del resto de puertos de catalanes.
BONIFICACIONES
Quedarán exentos del impuesto aquellas embarcaciones que presten servicios públicos, las que se vean obligadas a atracar o fondear en caso de peligro o fuerza mayor y las que realicen actividades de ayuda humanitaria.
Habrá bonificaciones para los barcos que utilizan energía eléctrica y para los que efectúen escalas en «las líneas de interés público» con origen o destino en Palma, Maón o Ibiza.
RECAUDACIÓN
La carga tributaria media por escala será de 759 euros: el 44% de las escalas tendrán una cuota inferior a los 300 euros; el 60%, a los 500 euros y el 78%, a los 1.000 euros.
Mascort ha asegurado que el impuesto no será disuasorio para los barcos que quieran atracar en Catalunya porque «no son grandes cuotas».
El Govern espera recaudar 7,5 millones de euros anuales, que invertirá en proyectos destinados a acciones en torno a la movilidad sostenible y la protección del ambiente atmosférico.
Este impuesto se incluye en la Ley de Cambio Climático y el Govern prevé que se apruebe a finales de 2023 en el Parlament y que entre en vigor en el segundo semestre de 2024. Mascort ha asegurado que la propuesta es pionera en España y que ya está implementada en algunos países del norte de Europa.
