El «exceso de proteccionismo» en la Legislación ambiental ha situado en una posición de «grave riesgo de incendios» a los espacios protegidos de España, debido a la prohibición de ejercer labores de prevención que se han realizado a lo largo de los siglos por parte de agricultores, ganaderos, cazadores, propietarios de fincas y otros agentes del mundo rural.
Así lo denunció este lunes la Fundación Artemisan, quien destacó que en España el 25 % del territorio está declarado Espacio Natural Protegido y que determinadas corrientes de pensamiento «han promovido la idea de que la protección absoluta y la ausencia de uso y aprovechamiento de los recursos naturales es la mejor manera de garantizar su conservación».
Señaló que parte del problema radica en que los planes de gestión de espacios naturales protegidos como Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas, Red Natura 2.000, entre otros, «impiden realizar labores de prevención de incendios» por un exceso de proteccionismo y burocracia que impide, en muchas ocasiones, no solo agilizarlas, sino incluso ejecutarlas.
A su juicio, las administraciones competentes «ponen en riesgo el presente y el futuro de la conservación del medio natural, especialmente en un momento de alto riesgo por temperaturas extremas y sequía como el actual«.
Como ejemplo recordó el incendio que se declaró el año pasado en el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura, que afectó a cerca de 400 hectáreas del propio parque, así como a una veintena de nidos de buitre negro, especie protegida, y calcinó también 2.356 hectáreas de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
La Fundación Artemisan señaló que la correcta gestión del territorio es vital para evitar este tipo de catástrofes medioambientales, especialmente en zonas de alto valor, lo que pasa por recuperar las actividades tradicionales del medio que han venido, durante siglos, previniendo incendios y evitando el despoblamiento del mundo rural.
Afirmó que el abandono del mundo rural y del medio agrícola es «un caldo de cultivo perfecto para la generación de grandes incendios, sumado a la prohibición de acciones como la caza, que eran fuente de riqueza en la zona y que ayudaban a conservar y mantener el medioambiente en la zona«.
Añadió que la legislación actual hace que limpiezas, resalveos, podas y quemas controladas, que son imprescindibles para evitar fuegos especialmente en épocas extremas como la actual, sean «inviables o, cuando menos, que se alarguen los trámites para llevarlas a cabo, lo que se ha traducido en el abandono de estos espacios».
Por ello, advirtió de que es «imprescindible repensar la política que se está llevando a cabo en las zonas protegidas del país y apuesta por adaptar la normativa de los planes de gestión, reduciendo las limitaciones y fomentando inversiones y actuaciones dentro de estos espacios».
Igualmente, pidió «reducir los periodos de estudio y tiempos de resolución de evaluación ambiental» para facilitar a los propietarios de montes privados el desarrollo de acciones de prevención y gestión forestal, autorizando su desarrollo mediante declaraciones responsables de cumplimiento normativo.
