A cuenta de la nueva Ley de Vivienda, hace semana que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene confirmando otras medidas para combatir la problemática de la vivienda, anunciando a bombo y platillo la creación de un nuevo parque de vivienda social basado, en gran parte, en todos los inmuebles residenciales que tiene la Sareb en propiedad.
Hasta ahora las promesas pasan por poner a disposición más de 20.000 viviendas en buen estado, otras 14 mil previstas para construir y otras 15 mil para rehabilitar. Además, el Ministerio de Fomento también ha anunciado otra partida de casi 20.000 viviendas todavía pendientes de edificación, en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa y de antiguo uso militar.
En países como Dinamarca, Austria o Países Bajos la vivienda social se sitúa entre el 20% y el 30%
Y es que, el principal problema de fondo en el asunto es la falta de vivienda social pública en relación a otros países europeos. Así, el consultor económico Eduardo Molet denuncia que “mientras que aquí estamos en el 3% de vivienda social, en países como Dinamarca, Austria o Países Bajos se sitúa entre el 20% y el 30%”.
En la línea, la valoración del consultor sobre el anuncio del gobierno de sacar decenas de miles de viviendas para alquiler social es que “se hace en un contexto de campaña electoral y la información sobre cómo se ejecutará no está clara. Por no hablar de que se sigue creando inseguridad y el problema actual sigue sin resolverse.”
EN 2022 DESCENDIÓ LA OFERTA DE VIVIENDAS EN UN 34%
De otro lado, Molet también destaca el grave problema que va a generar la Ley con los cambios procesales para desahucios y desalojos, con consecuencias mucho más negativas incluso que el tope de los precios”. De hecho su predicción es que “en los próximos meses desaparecerán miles de viviendas en alquiler, impidiendo el acceso a particulares y familias con rentas medias y bajas. Por lo que, el precio de lo que quede será más caro”.
De esta manera las consecuencias serán la expulsión, no sólo de inquilinos sino también, de propietarios de las grandes zonas demandadas. En tal caso, desaparecerá la oferta y la que aún quede en pie será de mala calidad y en malas condiciones. Según Molet, esto ya está sucediendo y durante el pasado año 2022 ya desapareció el 34% de los inmuebles: “En definitiva, habrá menos oferta a precios más caros y en peores condiciones”.
Para bajar los altos precios que marca el mercado inmobiliario solo se necesitan medidas efectivas
Para el economista, “una medida interesante sería apostar por los incentivos fiscales para propietarios e inquilinos. Está demostrado que una mejor fiscalidad fomenta el alquiler”. Porque para bajar los altos precios que marcan a día de hoy el mercado inmobiliario solo se necesitan medidas efectivas y no legislación que provoquen la expulsión de la oferta.
Es por eso que Molet insiste en que “hay que incentivar que la población más joven pueda acceder a la vivienda en zonas menos tensionadas, facilitando una buena red de transporte y servicios y equipamientos públicos para hacer más atractiva esta opción”. Lo mismo para que así el propio mercado acabe regulando los precios en las zonas con más subidas, evitando también el efecto rebote en la periferia y provincias.
LA OKUPACIÓN ES UNO DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LA VIVIENDA
Con todo, la promesa de la bajada de los precios de la vivienda con la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda es bastante incierta. Para Molet también es una arista más de la nueva legislación ya que “hay zonas en las que ya se ha puesto tope y los alquileres se han mantenido altos, principalmente porque se ha reducido la oferta disponible como consecuencia de la regulación”.
Un problema que a la larga pasará por la disminución de inversión en residencial tanto para grandes tenedores como para pequeños inversores particulares. “Al final prefieren vender los inmuebles y dejar de invertir en el mercado inmobiliario”.
La ley ralentiza la expulsión de los okupas y los requisitos entorpecen la ejecución de los desahucios
Pero, en realidad, Molet cree que lo que hay detrás de la nueva Ley de Vivienda es “una visión cortoplacista” y una medida electoral que deja en manos de las comunidades autónomas la aplicación final de la ley. por lo que además está fomentando la desigualdad entre regiones”.
Respecto a la regulación, Molet critica las trabas que pone la ley para el desalojo de morosos y okupas, que ralentiza su expulsión con trámites y requisitos que entorpecen la ejecución de los desahucios.
“Solo para iniciar los trámites para recuperar la vivienda, habrá ocasiones en las que el propietario deberá presentar información sobre la situación de vulnerabilidad de los morosos y okupas, y si el inquilino moroso o el okupa es una persona que, por ejemplo, no tiene trabajo, el propietario se puede quedar sin casa durante años”.
