La Generalitat tendrá un papel clave y fundamental en la nueva guerra del cava. Las negociaciones entre Corpinnat y Classic Penedès aún se encuentran en un fase embrionaria, sin que haya puntos en común para iniciar una negociación formal. Por el momento, el Govern de Pere Aragonés ha adoptado un papel proactivo, aunque no se le define como «árbitro» en la mesa.
No obstante, será la propia Generalitat la que tenga la última palabra en la creación de una Denominación de Origen propia en el cava, mientras dese el Consejo Regulador del Cava apuntan a una posible impugnación en los tribunales debido a que se incumplirían los requisitos, como singularidad en el territorio, para declararla.
Para poder reconocer una DO propia o una Indicación Geográfica Protegida se debe cumplir con la legislación comunitaria, la española y la propia de la autonomía. No obstante, en el caso de Corpinnat y Classic Penedès la decisión recaería únicamente en la Generalitat al afectar únicamente a una Comunidad Autónoma. En este sentido, si la hipotética DO afectara a varias regiones de distintas autonomías entonces la decisión sí la tendría el Ministerio de Industria.
PLANAS SE INHIBE EN LA GUERRA DEL CAVA
La autoridad competente es la comunidad autónoma si la DO impacta en una única zona geográfica, según apuntan fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dependiente de Luis Planas. Según la normativa comunitaria, una DO podría establecerse en caso de que la calidad y características del vino se deban exclusivamente a la particularidad geográfica donde se cultive y elabore el cava, factores naturales y humanos.
En este sentido, se exige que todo el proceso transcurra en el mismo lugar, incluida la cosecha de la uva. Es decir, se impediría que las uvas de Corpinnat y Classic Penedès procedieran de otras zonas geográficas de España. De hecho, la DO Cava no distingue entre Comunidades Autónomas o regiones en España, sino que se refiere a todas las uvas cultivadas en el país.
Este es un hecho diferencial entre las discrepantes. Las once bodegas que conforman Corpinnat deben elaborar la totalidad del vino en sus propios viñedos y bodegas, con el veto a compras a terceros productores ubicados fuera del Penedès. Tampoco se permite la compra de vino base para elaborar el cava y se exige un precio mínimo de 0,75 euros por kilo para la cosecha de este 2022. Esta vendimia debe realizarse a mano y el proceso de elaboración de todos los vinos de cada bodega debe ser ecológico.
LÍNEAS ROJAS PARA CREAR UNA DO EN EL CAVA
En el caso de unirse para crear una Indicación Geográfica Protegida (IGP), se exige que al menos el 85% de la uva sea originaria de la zona y con una elaboración en esa zona geográfica, cuya calidad, reputación u otras características específicas son atribuibles a su origen. En la DO Cava, se acepta la uva de cualquier zona geográfica del país, mientras que Corpinnat sólo utiliza la del Penedès. La gran cuestión se centra en si esta uva originaria de la comarca catalana tiene una diferenciación clara y una mayor calidad respecto a las cultivadas en otras zonas españolas, como Almendralejo (Extremadura), Requena (Valencia) o la zona de La Rioja o Ribera del Duero.
Para Corpinnat, que abona un precio significativamente más alto a sus productores respecto a la DO Cava, la diferenciación es notable por la forma de cultivo, cosecha y elaboración. No obstante, no cumpliría con el requisito del 85% ya que los estatutos señalan que «al menos el 75%» de la uva debe proceder de las fincas ubicadas en el Baix y Alt Penedès y que éstas estén registradas oficialmente en los archivos de la Generalitat.
La normativa aclara, además, el concepto de «elaboración» con una definición cristalina. «Incluye todas las operaciones efectuadas, desde la vendimia hasta la finalización del proceso de vinificación, a excepción de la vendimia de las uvas que no procedan de la zona geográfica de que se trate».
CORPINNAT Y SU APUESTA POR UN CAVA DE CALIDAD
Por el momento, Corpinnat está englobada como una «marca colectiva», única pretensión que ha sido aceptada por el Consejo Regulador del Cava tras la escisión de estas bodegas hace cuatro años. Desde el Consejo Regulador abogan por el regreso de estas bodegas, pero éstas se niegan debido a la flexibilidad y permisividad a la hora de elaborar el producto. «Apostamos por la calidad y a un precio mínimo para los productores», han destacado desde esta asociación.
De esta forma, se prohíbe expresamente la compra de uva a otras regiones y se exige un contrato trianual con los productores de la zona con un precio mínimo. Este 2023, se incrementará el pago por kilo con la inflación de abril, para aumentarlo a niveles cercanos a los 0,81 euros. De media, este año se han llegado a abonar cerca de 0,89 euros por kilo en esta marca que engloba a bodegas como Llopart, Torelló, Gramona, Júlia Bernet, Recaredo, Nadal, Sabaté i Coca, Huguet-Can Feixes y Mas Candí, entre otras.
BRUSELAS Y LAS CONDICIONES PARA CREAR UNA DO
Por otro lado, estas bodegas no pueden utilizar la palabra «cava» en sus productos, pese a ser el mismo tipo de vino que elaboran otras bodegas de la región. Tampoco pueden usar términos como cava de Paraje Calificado o Gran Reserva. Todo ello, por tener unas exigencias mayores que en la DO Cava. Para limar asperezas, se dio un nuevo intento para diferenciar las zonas, pero quedó en dique seco.
Con todo, aún no se identifica claramente el origen de la uva utilizada para la elaboración de estos espumosos en la DO Cava ya que el propio reglamento prohíbe aclararlo en la etiqueta. Corpinnat pedía no sólo que se aclarase, sino que se prohíbe la compra de uva a terceros ubicados fuera del ámbito geográfico.
