Las denuncias por okupación por parte de propietarios han aumentado un 40% en apenas 4 años, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Solo en el último año se han producido más de 17.000 denuncias por ‘ocupaciones’, de las cuales el 37% se referían a delitos de okupas ilegales de casas habitadas. Es decir, allanamiento de morada.
Las denuncias por okupación ilegal pueden realizarse vía penal o por lo civil
Porque en España, a diferencia de otros países europeos, se distinguen varios delitos penales para la okupación ilegal. Por un lado, el ya mencionado allanamiento de morada para viviendas habitadas; por otro lado, el referido a la usurpación de inmueble, en este caso para residencias vacías.
Aún así existe otra vía más rápida si se realiza la denuncia por los juzgados de lo civil y que tiene que ver con la ley Anti-Okupas del año 2028 y el desalojo exprés. La realidad es que resulta un proceso algo más rápido que el correspondiente a la vía penal, donde en algunos casos se alargan hasta cerca de 2 años.
Con la Ley Anti-Okupa la media de desalojos es de seis meses
Sin embargo, la ley Anti-Okupas exige una serie de condiciones. El más importantes es que el que exige a los propietarios presentar un documento oficial que acredite la propiedad del inmueble, por lo general basta con las escrituras de la vivienda. Una vez dado el primer paso, los okupas tienen 5 días para recurrir y demostrar también su legitimidad para con la residencia. En caso contrario se procedería al desalojo exprés.
Aunque esta ley está diseñada para que el proceso dure apenas unas semanas en la práctica puede llegar alargarse hasta los 6 meses
EXISTEN DIFERENTES CASTIGOS EN EUROPA
La ley española contra la okupación ilegal es una de las más flojas con respecto al resto de países europeos. Mientras que, en Alemania, y tras la denuncia pertinente, el desalojo se produce en un plazo medio de 24 horas, en España un propietario puede tardar 3 años en recuperar su casa.
Alemania castiga el delito de okupación ilegal con hasta 2 años de prisión
Sin embargo, en ambos casos los castigos son muy similares. En el país bávaro la okupación ilegal puede penarse con hasta un año de cárcel y una multa, aunque si existe violencia podrían ser hasta 2 años de prisión.
Muy similar en España, donde el delito de allanamiento de morada se pena con entre 6 y 12 meses de cárcel. En el caso del delito de usurpación, la ley establece un castigo penal que va de los 3 meses hasta los 3 años.
El Gobierno planea la aprobación de una nueva Ley anti-Okupa para desalojos en solo 48h
Otros países que han endurecido su ley contra la okupación Ilegal han sido Italia y Francia. En la ‘bota’ europea existe una legislación que permite realizar juicios y desalojos de manera exprés. En este caso la pena varía entre multas desde los 103 euros y hasta 1.032 y penas de cárcel hasta los 2 años.
Por su parte, Francia acaba de aprobar una nueva ley Anti-Okupas donde subraya el delito de okupación ilegal por encima del de violación del domicilio y establece multas que podrían alcanzar hasta los 45.000 euros
Con todo, el Gobierno de España pretende aprobar durante este mes de enero nuevas medidas que impliquen la posibilidad de realizar desalojos en tan solo 48h.
LOS DATOS EN ESPAÑA
Durante 2022 en España se han contabilizado 43 casos de okupación al día. Unas cifras que han dado como resultado 17.274 denuncias en todo el año. Datos más que preocupantes, teniendo en cuenta que en 2017 los casos totales fueron de 10.619. No obstante, la gran mayoría responden acaso de viviendas deshabitadas.
Desde 2021 las denuncias por okupación ilegal han descendido un 5,5%
Por comunidades autónomas, Cataluña es la comunidad donde más okupaciones ilegales se producen, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. El peor momento de los últimos años se produjo a raíz de la pandemia y -aprovechando- los sucesivos confinamientos.
Por este motivo, desde 2021 los delitos de okupación han ido descendido hasta lograr casi un -5,5%. Sin embargo, y desde hace 4 años la okupación ilegal, ya sea como allanamiento de morada o como usurpación, ha aumentado en un 40%.
