De nuevo con los cajeros automáticos y el acceso al efectivo a cuestas. Este tema tan polémico está de nuevo en el tapete porque puede que Correos tenga que asumir un mayor protagonismo en la atención a la ciudadanía en territorios poco poblados, en concreto, en los de menos de 500 habitantes, que suponen 1,7 millones de personas. A la luz de sus enmiendas a la proposición de ley para la “Garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera”, el PSOE y el PP van de la mano en esta cuestión. De cara al rol de Correos, buena parte del papel que vaya a asumir dependerá del informe de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, aunque el Senado y, en última instancia el Congreso, serán decisivos, dijeron fuentes del Parlamento. En juego está que las entidades financieras no tengan obligación de instalar cajeros en los municipios casi despoblados. Si esto sucede, será la empresa que preside Juan Manuel Serrano la que tenga que solventar la papeleta. Hay tiempo, porque la proposición está en fase de enmiendas, informaron a a MERCA2 fuentes del Congreso de los Diputados.
PROTAGONISMO DE CORREOS
El Gobierno está dando un gran protagonismo a Correos como parte fundamental de acceso a los servicios financieros, sobre todo en las zonas rurales. En esta tarea tiene un aliado inesperado: el Partido Popular. Y es que si se atiende a lo publicado sobre lo que sobre el papel va a ser la Ley de garantía del servicio de cajero automático, no habrá obligación alguna para las entidades financieras de instalar cajeros en municipios de menos de 500 habitantes y serán Correos y los agentes financieros los que lleven la voz cantante. Esta, a priori, será la resultante de las enmiendas de PSOE y PP, que suavizan, la intención inicial y favorecen a las entidades financieras al no obligarlas de ningún modo, ni siquiera si por la vía voluntaria no instalan cajeros.
La Comisión de Economía del Congreso estudiará el informe que se le presente
Fuentes del Congreso conocedoras de los procedimientos explican a MERCA2 los pasos que vienen. «Aún hay periodo de enmiendas. En este caso, se puede ampliar el plazo semana a semana, así que al final de esta semana se verá si se finaliza o se prorroga. Cuando termine este periodo, “la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados estudiará el informe que se le presente y tardará un mes en emitir su opinión desde que termine el periodo de enmiendas», dijeron fuentes del Congreso. «Luego, volverá al Senado, que puede votará el texto que venga de la Cámara Baja o introducir cambios en el mismo. En el primer caso, será ley cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE); en el segundo, si hay modificaciones, pasará de nuevo al Congreso, que luego votará si acepta los cambios o los rechaza y se aprueba el texto que salió del Cámara Baja”, explican fuentes del Parlamento. Así que, en último caso, el Congreso tendrá la última palabra.
Ahora bien, antes de que esto ocurra la comisión tiene dos meses para debatir el informe y mandarlo al pleno. El Gobierno puede parar una ley en cualquier momento de la tramitación.
SEIS ENTIDADES
La clave de que se deje esta responsabilidad a Correos es que hasta ahora solo seis entidades tiene un acuerdos con Correos para que esta empresa dé servicios financieros, sacar y retirar efectivo básicamente a quienes sean clientes de unas entidades financieras determinadas: Banco Santander, Ibercaja, Evo Banco, Banco Mediolanum, Triodos Bank y Bancofar son las seis entidades financieras que ya trabajaban con Correos y usaban su servicio Correos Cash antes del acuerdo firmado con las patronales bancarias.
está por ver cuántas entidades formalizarán un acuerdo con Correos en materia de servicios financieros
Está por ver cuántas más se suman tras el pacto alcanzado con las tres patronales del sector AEB, CECA y UNACC. Fuentes financieras señalan que muchas se tienen que adaptar(tecnología, dispositivo, etcétera) de cara a que Correos preste este servicio a los usuarios de estas entidades. Se refería sobre todo al hecho de que los carteros podrán hacer llegar efectivo a los clientes de las entidades y eso requerirá algún tipo de adaptación por parte de estas entidades desde un punto de vista logístico.
BUENOS RESULTADOS
Desde Correos señalan que «los acuerdos firmados con estas seis entidades están dando muy buenos resultados. En 2021, a través de Correos Cash se realizaron más de 166.600 operaciones y el número sigue creciendo a medida que los ciudadanos comprueban la utilidad y sencillez del servicio. Concretamente, de enero a julio de este año, se han realizado cerca de 86.000 operaciones, lo que supone un crecimiento del 36% respecto al mismo periodo del año pasado». «Correos seguirá ofreciendo la posibilidad de utilizar Correos Cash a todas las entidades financieras interesadas, para acercar los servicios financieros básicos a todas los ciudadanos y ciudadanas estén donde estén. Para ello, en el mes de julio hemos firmado un acuerdo de colaboración con las principales patronales bancarias de España, que se desarrollará a través de los correspondientes convenios bilaterales, que actualmente están en negociación«, dijeron fuentes de Correos a MERCA2.
ORIGEN DEL CAMBIO
Según Europa Press, con sus enmiendas el PSOE planteaba cambiar el nombre de la iniciativa y dejarla en ‘Ley de garantía del servicio de retirada de efectivo’, y que en municipios de menos de 500 habitantes este derecho pueda garantizarse a través de oficinas de Correos y carteros rurales. Para los municipios más grandes la retirada de efectivo podrá hacerse en una oficina bancaria permanente o un cajero automático, pero también a través de un agente financiero -con la posibilidad de que sea en una ruta de periodicidad semanal- o una oficina móvil, también con la posibilidad de que sea semanal.
Para los municipios más grandes la retirada de efectivo podrá hacerse en una oficina bancaria permanente
La formación de Gobierno esgrime que se trata de una «solución realista y eficiente para estas poblaciones», y que en el caso de los agentes financieros podrá prestarse un servicio más personalizado, «algo de especial interés habida cuenta de la elevada media de edad de la población en estos municipios».
SOCIALISTAS Y POPULARES
Los socialista plantean suprimir toda la regulación sobre la instalación obligatoria de cajeros, si bien contempla una disposición para que el Banco de España realice un informe sobre el acceso al dinero efectivo en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor, y a partir de ahí estudiar si es necesario un régimen de prestación obligatoria.
El PP mantuvo en sus enmiendas la reinstalación de cajeros automáticos, si bien suprimió la parte que regula la instalación obligatoria mediante licitaciones y facilita las posibilidades de cumplir con la ley sin instalar cajeros.
El Partido Popular proponía prestar los servicios a través de cajeros automáticos móviles en los pequeños municipios
Así, proponían que las obligaciones exigidas por la ley se entiendan cumplidas si los servicios recogidos se llevan a cabo a través de acuerdos con Correos, y también prestar los servicios a través de cajeros automáticos móviles en los pequeños municipios, para los cuales propone el servicio de tres horas en un día a la semana por cada 250 habitantes.
Asimismo, habilitaban una excepción para que la función de ingreso de dinero en efectivo únicamente sea obligatoria en municipios de más de 500 habitantes.
