La multinacional armamentística estadounidense General Dynamics parece no estar contenta con la relación que mantiene su filial española Santa Bárbara Sistemas con el Gobierno español. La apuesta decidida del Ejecutivo para potenciar Indra, con el objetivo de posicionarla como referente de la red industrial de Defensa europea, ha provocado el descontento de la empresa norteamericana, que ve como el tamaño del mercado se reduce y podría incluso replantearse su estrategia en nuestro país.
Aunque oficialmente la empresa lo niegue, ése es el diagnóstico que hace buena parte de la plantilla de Santa Bárbara, especialmente los trabajadores de la factoría sevillana de la compañía, que se enfrenta a una reestructuración después de que la filial española del grupo haya decidido trasladar el montaje de vehículos a Trubia (Asturias), entre ellos los nuevos blindados del Ejército español: los famosos VCR 8×8 Dragon.
Finalmente no habrá ajuste laboral, al menos a corto plazo, pero la empresa (perteneciente a la división europea del gigante norteamericano, General Dynamics European Land Systems) ha indicado a los sindicatos que si no hay nuevos contratos no se podrá mantener al personal del taller de la planta andaluza.
Fuentes de CSIF consultadas por MERCA2 temen que «esto sea el principio del desmantelamiento de Santa Bárbara Sistemas, que comenzaría por el centro de Sevilla pero que también afectará al de Madrid, dejando la factoría asturiana como último reducto. Un centro en el que la empresa invertirá 14 millones de euros para modernizarla y adaptarla y que así pueda asumir con garantías la fabricación del citado VCR 8×8 Dragon.
Precisamente, los trabajadores de la factoría sevillana no comprenden el traslado de la producción a Trubia porque «allí no hay ni las instalaciones adecuadas ni el know how necesario para construir el nuevo blindado del Ejército» y apuntan que «no tiene sentido económico ni empresarial desmantelar la planta de Sevilla».
«NO TIENE SENTIDO DESMANTELAR LA PLANTA DE SEVILLA, ES UNA DECISIÓN POLÍTICA»
A su juicio, esta reestructuración “es una pantomima, porque en realidad General Dynamics lo que quiere es echar el cierre, o al menos reducir su presencia en España porque el cliente [el Ministerio de Defensa] ya no le da todos los contratos y está confiando más en Indra, lo cual ha provocado un ataque de cuernos porque ya no tiene la sartén por el mango, como había sucedido hasta ahora, cuando era prácticamente el único contratista de Tierra”.
Según las fuentes consultadas «todo es una cuestión política» y los propios trabajadores son conscientes de que «no se ha hecho las cosas bien en los últimos años» lo cual ha empeorado las relaciones de la empresa con el Gobierno español.
LA EMPRESA ASEGURA QUE NO CERRARÁ PLANTAS EN ESPAÑA
Este enfoque no es compartido oficialmente por la compañía, que niega que exista cualquier problema con el Gobierno y asegura que su compromiso con el mercado español es firme, descartando cualquier tipo de cambio en su estrategia. De hecho la sede de su división europea está en nuestro país.
Fuentes de GDELS-Santa Bárbara Sistemas aseguran a este diario el grupo «mantiene excelentes relaciones con el Ministerio de Defensa y, con todas las empresas del sector” en España, país que considera “estratégico y muy importante», por lo que «no cerrará, ni deslocalizará ninguna de sus instalaciones productivas».
Según la compañía «la reorganización propuesta es prueba de ello», ya que «el plan pretende potenciar las fortalezas de cada una de las instalaciones españolas, especializándolas por actividad y consolidando operaciones». Finalmente, recuerda que «la reconfiguración se discute actualmente con todas las partes interesadas relevantes» y promete que «no afectará a la ejecución de ninguno de los proyectos actuales».
«IMPORTANTE EXCEDENTE DE PERSONAL»
A pesar de este compromiso oficial por parte de la división europea del grupo estadounidense, lo cierto es que la preocupación sindical tiene fundamento, a tenor de las conversaciones que mantuvieron representantes de la empresa con los sindicatos la pasada semana y que concluyeron sin acuerdo tras ponerse de manifiesto que el futuro de la factoría de Sevilla no está asegurado.
De hecho los trabajadores han convocado una huelga para el próximo 4 de marzo y varias concentraciones para pedir a la Junta de Andalucía que actúe para garantizar el empleo. El comité intercentros, que representa a los trabajadores de Sevilla, Madrid y Trubia, señala que la empresa les ha comunicado que existe un «importante excedente» de personal en áreas de gestión que no se solventará aunque lleguen nuevos contratos y esto hace temer a los representantes de los trabajadores que la compañía pueda estar pensando en cierres a medio plazo.
EL GOBIERNO AUMENTA SU PESO EN INDRA
Todo esto se produce al mismo tiempo que el Gobierno ha decidido ampliar la participación que tiene el Estado en INDRA, elevando hasta el 28% el peso en el capital a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Es un movimiento que en el sector de la defensa ha sido interpretado como una toma de control efectiva de una compañía que, además de aspirar a tener un mayor papel en la industria europea, pretende conseguir buena parte de los fondos europeos destinados a la digitalización.
Mediante el desembolso de 150 millones de euros el Ministerio de Hacienda (que es de quien depende orgánicamente la SEPI) logra una participación cercana al 30% del capital –porcentaje que en caso de alcanzarse le obligaría a lanzar una OPA por la totalidad de las acciones– y refuerza su control, lo cual permitirá realizar operaciones corporativas a las que se habían opuesto los consejeros independientes.
La SEPI justifica esta operación, aprobada en Consejo de Ministros, indicando que es una muestra del «renovado compromiso del Estado con una compañía que recientemente ha asumido retos de especial trascendencia para los intereses de nuestro país y de nuestros aliados más cercanos».
Entre ellos destaca sobre el resto el desarrollo del nuevo caza europeo –el Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS, por sus siglas en inglés)– proyecto que lidera Indra y en la que tienen su mirada puestas la propia división europea de General Dynamics y Airbus, la compañía holandesa que cierra ese gran grupo de competencia en la que oficialmente todos son amigos, pero que pelean ferozmente por adjudicarse los contratos del sector público.
