Sacyr ha recibido un dictamen favorable del tribunal arbitral que sostiene que las diferencias entre la compañía y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) se pueden acoger al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de inversiones entre España y Panamá, lo que da pie a seguir con el proceso arbitral, tal y como la empresa española demandaba.
En concreto, el tribunal ha emitido una decisión por la que entiende que, contrariamente a lo sostenido por la República de Panamá, las actuaciones de la ACP se pueden atribuir a la República de Panamá, cumpliéndose así uno de los requisitos para que las actuaciones sean objeto de revisión bajo ese tratado internacional.
Se trata de un arbitraje iniciado por Sacyr en 2018 contra la República de Panamá, que se rige por las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés), y que está relacionado con su inversión en el contrato de ampliación del Canal de Panamá otorgado al consorcio GUPC, participado al 41,6% por la compañía española.
Esta decisión permite que, superado este primer paso, pueda continuar este arbitraje y entrar en la fase en la que las distintas partes tengan que discutir sobre el fondo de las pretensiones económicas de Sacyr, así como sobre las demás defensas esgrimidas por Panamá, según explica la compañía en un comunicado.
Sacyr inició este proceso con el fin de «defender» la inversión que el consorcio realizó en la ampliación del Canal, ante el retraso que acumulaba la resolución de un proceso abierto sobre las reclamaciones que las empresas realizaron al país por los sobrecostes de la obra, estimados en unos 3.450 millones de euros.
La constructora tomó esta medida tras intentar durante años, y de forma infructuosa, llegar a un acuerdo amistoso con Panamá y al considerar que este país actuaba en contra del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.
El pasado lunes, GUPC, participado también por WeBuild y Jan de Nul, anunció que había recuperado 250 millones de dólares (220 millones de euros) en garantías depositadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en las obras de ampliación del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
Por el contrario, en 2020, GUPC recibió un revés judicial que le obligaba a devolver a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 240 millones de dólares (206 millones de euros) por la composición del basalto y la fórmula del hormigón en las obras de ampliación del canal.
