La primera Ley de Vivienda en España ha superado el primer escollo en su corta vida. Después de meses de tiras y aflojas entre los principales socios del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde el anteproyecto de ley, «tramitados de forma urgente antes de que finalice este año». PSOE y Podemos no cedían un palmo de terreno en sus propuestas acerca de la regulación. Pero lo que no esperaban es que todos los actores del sector inmobiliario estarían en contra de la misma, empezando por los principales destinatarios de esta ley, los inquilinos. E, incluso, algunos de sus socios de gobierno.
Pero esta tramitación de urgencia parece que no lo es tanto, ya que, según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras su presentación en las Cortes y su debate, está previsto que se apruebe definitivamente en «el segundo semestre de 2022». A esto se suma la moratoria de 18 meses que se ha dado el Gobierno para trabajar los índices de precios del alquiler que servirán de referencia para las comunidades. Temporalmente se situaría su implantación definitiva a finales de 2023, justo cuando empieza la carrera electoral para la nueva legislatura. Pero en este tiempo, algunas fuentes del sector avisan de que los precios podrán subir en previsión de su regulación.
El primer paso que ha dado la Ley de Vivienda ha acabado en tropezón. Aquellos a los que iba destinada la ley, los inquilinos, se han posicionado en contra. Las principales plataformas, con el Sindicato de Inquilinos y la plataforma Iniciativa Ley de Vivienda a la cabeza, han rechazado su aprobación, ya que consideran que «la regulación de alquileres que se propone es insuficiente». Igualmente, entre los mismos socios de gobierno ya han destacado voces en contra, como la de Ione Belarra y Yolanda Díaz, que reconocían que «la ley es poco ambiciosa y no nos gusta».
Por otro lado, fuentes del sector tachan de «disparate» la Ley de Vivienda. Primero, por el hecho de destinar el 30% de las promociones a vivienda protegida. Fotocasa destaca que «el hecho de obligar por ley se percibe como inseguridad jurídica en el sector, lo que muy probablemente alejará a la inversión». De la misma opinión era la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) quien se ha mostrado firme sobre la obligación de establecer una reserva del 30% de la edificabilidad a vivienda protegida. La Asociación ha apuntado que «producirá una reducción de la inversión y una posible huida hacia territorios en los que no se aplique esta norma».
Los promotores alertan de una reducción de la inversión debido a la aplicación de la ley
OPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES
Igualmente, las comunidades en las que gobierna el Partido Popular también se han mostrado en contra de esta ley. Desde que salieron las primeras informaciones sobre el acuerdo al que habían llegado ambos partidos, la Comunidad de Madrid dejó claro que no implantaría esta medida si entraba en conflicto con la propiedad privada de los propietarios e inquilinos. Además, destacan que, al tener las competencias de vivienda transmitidas a las comunidades, estas deciden si aplican o no dicha Ley de Vivienda.
Igualmente, la Junta de Andalucía también se ha mostrado en contra de esta ley, la consejera de fomento, Marifrán Carazo, ha expresado su negativa ya que la ley «recoge medidas intervencionistas que son un ataque a la propiedad privada, plantean inseguridad jurídica y han fracasado en otros países». Ambas comunidades han defendido sus respectivos planes de vivienda, que según ellos aumentan de manera efectiva el parque de vivienda.
ESCASEZ DE VIVIENDA
Ahora mismo, el parque de vivienda en nuestro país es escaso. «España necesita 2,5 millones de vivienda y se prevé un aumento de aquí al 2024 del 90.000. La clave es buscar mecanismos públicos-privados y generar incentivos fiscales a este tipo de inversión», explica Nicolás Barilari, CEO de Finaer España. «No se puede solucionar un problema de oferta regulando precios», resume el directivo.
A esto se suma la problemática del acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. APCE ha apuntado que las medidas anunciadas serían un «impedimento» para ampliar la oferta de viviendas, algo «básico» para paliar las dificultades de accesibilidad a la vivienda que sufren los jóvenes españoles. Respecto a la limitación de los alquileres, desde APCE han apuntado que «cuando medidas de similar cariz se han intentado implantar en varias ciudades europeas han traído consecuencias como la reducción de la oferta, obsolescencia del parque existente por falta de mantenimiento y la aparición de economía sumergida».
