La Generalitat de Cataluña ha presentado oficialmente su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 pese a tener que rescatar a la mayoría de las gestoras y operadoras de las diez pistas de esquí catalanas. De hecho, el Govern es el principal operador catalán de estas infraestructuras, con seis de las diez que existen en Cataluña.
Todas ellas están bajo el paraguas de Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (FGC), que ha inyectado o directamente rescatado con dinero público a estas empresas. Este modus operandi se ha extendido desde el 2012, tras la fuerte crisis económica de 2008. El pasado año se rescató a la última de ellas. Tan sólo tres pistas pertenecen a empresas privadas en el Pirineo catalán.
El objetivo del plan de la Generalitat pasa por maximizar el retorno económico en consonancia con la sostenibilidad y el equilibrio del territorio. «Es un plan de desarrollo económico y de equidad territorial sobre todo para las comarcas del Pirineo«, ha asegurado Pere Aragonès, presidente de la Generalitat.
MANTENER LAS PISTAS ABIERTAS PARA SALVAR LA ECONOMÍA DE LA ZONA DESPOBLADA DE CATALUÑA
Estas comarcas se han visto gravemente afectadas por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19. Las dos últimas temporadas han registrado pérdidas, y la operadora de Boí Taüll pasó al perímetro de FGC el pasado octubre de 2020 al no poder hacer frente a las pérdidas. La decisión salvó 130 empleos directos, que ahora son sufragados con el dinero de todos los catalanes.
No era la primera vez que la Generalitat inyectaba liquidez en esta estación, que fue propiedad del grupo Nozar. La inviabilidad de este complejo es visible desde el 2018, cuando perdió 2,4 millones de euros. El grupo inmobiliario abandonó la estación tras 14 años. El impacto de la crisis de 2008 en este sector obligó a la Generalitat a actuar en 2012, cuando compró parte del capital debido al impago de un crédito de 7,3 millones. La valoración de la empresa está fijada en 13,6 millones de euros, según datos de 2019.
MANTENER PISTAS DEFICITARIAS, UN NEGOCIO RUINOSO PARA LOS CATALANES
La Generalitat mantiene económicamente estas pistas deficitarias para evitar una mayor despoblación en el pirineo catalán. El pasado mes de enero, la Generalitat mantuvo abiertas las pistas de esquí en pleno confinamiento municipal, una decisión duramente criticada no sólo en Cataluña sino también en otras autonomías. Todo para tratar de mantener un negocio que estaría prohibido abrir debido a las aglomeraciones. FGC aseguró que la apertura tenía como objetivo crear un mínimo de actividad económica en las comarcas, pero numerosos establecimientos permanecían cerrados desde el decreto estado de alarma.
El esquí y la nieve son las principales fuentes de ingresos de las comarcas pirenaicas catalanas. El 20% de la economía de los municipios cercanos a este sistema montañoso se cosechan en invierno, sin tener en cuenta el turismo rural que aparece en las estaciones de primavera y verano. En la última temporada, sólo pasaron por las pistas de la Generalitat cerca de unos 5.500 esquiadores diarios.
LAS ESTACIONES MENOS RENTABLES DE CATALUÑA ESTÁN EN MANOS DE LA GENERALITAT
De las diez, FGC tiene bajo su perímetro las estaciones de La Molina, Espot, Port Ainé, Vallter 2000, Vall de Núria y recientemente Boí Taüll. Además, gestiona la estación de Tavascán, pero es propiedad del Ayuntamiento de Lladorre.
Sin embargo, todas ellas son las menos frecuentadas del Pirineo catalán. Baqueira Beret está bajo el mando de la familia Serra y Catalana Occidente. La operadora de esta estación está controlada por grupos hoteleros, como Nevados y Valle de Arán, Sorpe Bonaigua, Viajes Baiquera Beret, Eurl Voyages y la radio y televisión Aranesa.
Masella y Port del Comte son las otras dos estaciones alejadas de manos públicas. El grupo Bosch Aymerich es propiedad de la primera. Los terrenos son públicos y la concesión que más pronto termina es la de Das, en 2025. La concesión de los ubicados en los términos municipales de Alp y Urús expiran en 2044 y 2049, respectivamente.
Port del Comte, por su parte, pertenece a los empresarios Jaume Majoral y Francesc Moliné desde el 2000 a través de la empresa conjunta Guimaru.
LOS JJOO NO GENERAN BENEFICIOS
Estas pruebas invernales nunca han arrojado un resultado positivo a los organizadores y las cuentas de la Generalitat se encuentran en una delicadísima situación financiera. La deuda de la Generalitat sobrepasó los 78.000 millones de euros el pasado año, momento en el que se encontraba en el bono basura.
Tampoco ayuda a la recuperación económica las notables diferencias en la gestión y organización de estos juegos entre los dos socios del Govern. JxCat se ha mostrado a favor de las consultas del Ayuntamiento de Barcelona, que no tiene competencia alguna sobre el evento, para conocer la opinión de la ciudadanía, mientras ERC se muestra firme para conseguir sacar adelante la candidatura en solitario, sin el intento de llegar a un acuerdo con la vecina Aragón. Esta comunidad autónoma ha criticado a Cataluña por este hecho.
Hace años, las ciudades y países se desvivían por organizar unos Juegos Olímpicos. Ubicarse en el mapa de miles de millones de aficionados y seguidores atraía el turismo. Sin embargo, los costes de las obras y organización en la última década se han disparado, haciendo inútil cualquier esfuerzo para obtener una rentabilidad. Madrid, por ejemplo, se empeñó en ser candidata en tres ocasiones y no recibió el respaldo del jurado.
UN REFERÉNDUM EN EL AIRE Y SIN SUELO EN BARCELONA
Ahora, antes de presentar la candidatura, las ciudades han establecido un referéndum para recoger la opinión de los ciudadanos. Los vecinos de Calgary (Canadá), que por segunda vez quería celebrar este evento -lo hizo en 1988-, rechazaron la propuesta. No es la única ciudad. Sion (Suiza), Sapporo (Japón), Erzurum (Turquía) y Graz (Austria) tampoco obtuvieron el apoyo de sus habitantes y las candidaturas se han ido cayendo.
Los motivos de este rechazo son dispares, pero la mayoría se centran en el gasto económico que supone. Y es que, para ser sede olímpica hay que remodelar y rehabilitar espacios. Barcelona ya lo fue en 1992, pero con la candidatura de Invierno para 2030, habría que habilitar grandes espacios para poder albergar al mayor número de personas posible y construir otros nuevos para poder realizar obras. En Barcelona no queda ni un solar vacío para poder edificar, mientras que en otras ciudades los terrenos abundan para poder levantar las infraestructuras.
Asimismo, las instalaciones deben disponer de la última tecnología, mientras los sistemas de transporte deben reacondicionarse para poder mover a los cientos de miles de personas que pasearían por las diversas sedes. Todo ello, para albergar las pruebas durante cerca de mes y medio, contando también las paraolimpiadas.
CATALUÑA PREFIERE A FRANCIA ANTES QUE ALIARSE CON ARAGÓN
Cataluña pretende hacerlo todo en solitario, sin apoyo de Aragón. El portazo ha sentado como un jarro de agua fría al Gobierno de Javier Lambán. El presidente de la región pidió a su homólogo catalán, Pere Aragonès, una candidatura conjunta en beneficio de la «igualdad». Sin embargo, el dirigente de ERC formalizó la candidatura ante el Comité Olímpico Español (COE) sin tener en cuenta la petición de los vecinos.
La Generalitat ha utilizado el nombre «Pirineus-Barcelona«, pese a no tener montañas para practicar las pruebas más vistosas, como saltos y slalom. La desconfianza de Aragón hacia el Govern de Aragonés ha alcanzado cotas muy elevadas dada la «deslealtad» hacia el COE, un organismo que había liderado todas las candidaturas y que tendrá un papel esencial para preparar las pruebas si se elige Cataluña como sede en 2030.
El proyecto inicial del Govern pasó por alto las pistas aragonesas, que como las catalanas también están al borde del colapso debido a la falta de clientes por las fuertes restricciones de las dos últimas temporadas.
CHOQUE POLÍTICO CON ARAGÓN
Tampoco ayuda el choque político entre ambas comunidades autónomas por el órdago del procés. Lambán ha sido una de las voces del PSOE más críticas con el referéndum del 1-O y la independencia de Cataluña, pero también Aragón se ha visto notablemente beneficiada. El aeropuerto de Zaragoza, por ejemplo, ha incrementado la llegada de mercancías en detrimento de El Prat. Asimismo, numerosas empresas de Lleida se han trasladado a la vecina Aragón para evitar verse salpicadas por los efectos negativos que hubiera tenido la ruptura con el resto de España. Fraga es uno de los municipios que más ha crecido en la zona.
Por otro lado, Cataluña pretende hacer unión con otros países, como Andorra y Francia, para albergar algunas de las pruebas en 2030. Es decir, prefiere aliarse con extranjeros antes que con sus vecinos. Un movimiento que ha levantado ampollas.
